El setiembre del 2024, cuando dos paros de transportistas inmovilizaron la ciudad, el 10% de empresas de este rubro eran víctimas de extorsión. Para febrero del 2025, son el más del 60%. El incremento de las extorsiones contra este sector fue denunciado ayer por dirigentes de transporte que participaron en la Mesa de Trabajo sobre seguridad ciudadana en el transporte, desarrollada en el Congreso.
Durante cinco horas, altas autoridades peruanas se reunieron con los representantes de gremios y asociaciones de transporte urbano que el último jueves realizaron un paro ante los recurrentes asesinatos de conductores, víctimas de mafias dedicadas a la extorsión, sicariato y cobro de cupos. Solo el día martes, tres choferes fueron baleados en la avenida La Marina. Según cifras del sector transporte, más de 15 conductores han sido asesinados solo en lo que va del 2025.
“La ola de extorsión ha crecido enormemente [de 10% a más del 60% en seis meses]. En cada empresa extorsionada, cada conductor está pagando por vivir. En este momento, en el Perú la vida te cuesta 10 soles diarios. Dejas de pagar un día y la amenaza de muerte está ahí”, denunció Waldo Poma, representante del Consorcio Empresarial del Callao.
“A muchos de los empresarios de transporte nos llaman desde teléfonos públicos del interior de los penales y nos amenazan, extorsionan y coaccionan. Tengo las llamadas porque las he grabado para tener las pruebas”, añadió Manuel Oriana Quiroz, de la Asociación Metropolitana de Transporte Urbano, para poner en evidencia cómo los extorsionadores operan sin problemas incluso desde prisión.
En la reunión, organizada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, estuvieron presentes los titulares del Poder Judicial,La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los ministros del Interior, Julio Díaz; de Transportes, Raúl Pérez, Defensa Walter Astudillo; y Justicia, Eduardo Arana.
El ministro del Interior, Julio Díaz, aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en marcha una nueva estrategia de patrullaje preventivo en el transporte público, que incluye el despliegue aleatorio de policías civil en distintas líneas de buses que recorren las principales vías troncales de Lima Metropolitana.
“Están subiendo en forma aleatoria un policía de tránsito y uno de inteligencia a todas las líneas que cruzan por (vías) troncales como Canta-Callao y San Juan de Lurigancho. Ya lo estamos haciendo desde ayer (jueves 10 de abril)”, dijo.
Además, anunció que se desplegará más de 5.000 policías en vías troncales con el denominado Plan Celador, cuya implementación estaría en 30 días. Asimismo, se ha coordinado con el Ministerio de Defensa la participación de militares en labores de apoyo al patrullaje, en los corredores de transporte, paraderos y puntos de salida de buses.
Estas acciones serán financiadas con recursos asignados tras la reciente aprobación de la declaratoria de emergencia de la PNP. No solo en patrullaje, sino también en labores de inteligencia con la creación de siete equipos especializados. “La ley que declara estado de emergencia la PNP era una necesidad urgente. Nos da 6 mil policías nuevos que pueden patrullar a las calles y va a facilitar la compra de patrulleros. Callao no tiene ni el 5% de potencia de que debería tener […] Tenemos equipos parecidos al GEIN (Grupo Especial de Inteligencia), pero efectivamente no teníamos el aspecto económico. Si no tienes dinero no puede haber inteligencia operativa. Aparte de infiltrar, de captar, tenemos que buscar informantes, porque los informantes no son gratis”, añadió.
Por su parte, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, anunció que la próxima semana iniciará la convocatoria para la adquisición de 16 mil cámaras de videovigilancia, las cuales serán instaladas en 8 mil buses de transporte público.
Asimismo, dijo que se colocarán 500 cámaras para “taxis cívicos” y se instalarán 300 pórticos de vigilancia con cámaras con reconocimiento facial y de placa que se interconectarán con la PNP. La adjudicación de este proceso está prevista para julio.
“En el transporte regular tenemos aproximadamente 460 empresas operadoras que representan 22 mil vehículos formales. Con 330 pórticos, ubicados en sitios específicos donde se concentra la actividad de transporte, vamos a tener sistemas de vigilancia. A esto le vamos a agregar 1.000 cámaras de vigilancia dispersas a lo largo de toda la ciudad”, dijo.
La mesa de trabajo concluyó con once acuerdos que incluyen una siguiente reunión en el Congreso de la República un plazo máximo de 30 días calendario para “evaluar el cumplimiento de compromisos y tareas asumidas”.
Los acuerdos específicos son los siguientes:
Presentación de un Plan de Articulación Interinstitucional del Ministerio del Interior con el Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, que permita realizar acciones coordinadas para luchar contra la delincuencia y criminalidad.
Reforzar los operativos conjuntos entre la ATU y la Policía Nacional del Perú, en coordinación con los Gobiernos Locales, y los representantes de los gremios del sector transportes, para hacer frente a los casos de extorsión y otros delitos.
Implementación de las leyes aprobadas en materia de seguridad ciudadana por el Congreso de la República, principalmente la que declara en emergencia a la PNP, a fin de que se implemente y dote de los instrumentos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones (adquisición de vehículos, armas, sistemas de comunicación, drones, implementar comisarías)
Implementar la ley que aprueba las denuncias digitales en casos de delitos contra el patrimonio, que permitirá identificar zonas críticas que permita combatir la extorsión en el sector transporte.
Encargar al Ministerio de Defensa, una propuesta que permita la intervención de las FF.AA. en zonas críticas de alta frecuencia delictiva y declaradas en emergencia, en respaldo de las acciones de la Policía Nacional del Perú
Reforzar la presencia policial en el Sistema Integrado de Transportes (estaciones del Metropolitano, corredores complementarios y empresas de transporte debidamente autorizadas por la ATU; así como, estaciones de rutas, terminales, entre otros) especialmente en los puntos de alta incidencia delictiva, realizando patrullaje los sábados y domingos.
Mejorar los sistemas de videovigilancia y priorizar su interconexión entre actores públicos (autoridades de gobierno nacional y subnacional) y privados (empresas de transportes, gremios), con acceso en tiempo real para que las fuerzas del orden puedan ejecutar acciones inmediatas en caso de ataques a las unidades de transporte
Implementar y/o fortalecer el Sistema de inteligencia y vigilancia en los corredores logísticos (para las unidades de carga), implementar el ciber patrullaje a la salida de la Carretera Central, rutas del Puerto del Callao, y las salidas para norte y sur del país. (uso de drones y sistemas de videovigilancia interconectados)
Evaluar la posibilidad de implementar un botón de pánico en las unidades de transporte, garantizando que la PNP cuente con la infraestructura digital y personal para la atención de los pedidos de auxilio.
El congreso se compromete a incorporar en el proyecto de ley que crea las unidades de flagrancia, la ampliación del plazo de detención preliminar a 15 días en los casos de delitos cometidos por organización criminal, extorsión y sicariato.
También, finalmente, se evaluarán las alternativas de apoyo a los familiares víctimas de sicariato y extorsión del sector transportes, así como el seguro de vida de los transportistas.
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