En los últimos cuatro años, entre agosto del 2022 y agosto del 2026, el número de menores recluidos por extorsión y extorsión agravada aumentó más del doble en el Perú, según cifras del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) a las que tuvo acceso la Unidad de Periodismo de Datos (ECData) de El Comercio.
En ese período, los jóvenes confinados en centros juveniles por esas infracciones –término utilizado en el caso de menores en conflicto con la ley penal– pasaron de 73 a 162. Además, hace cuatro años representaban el 4,1% de los internos y ahora son el 7,9% del total.
Óscar Vásquez Bermejo, investigador y docente en criminología y justicia juvenil de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó que el aumento sistemático de menores recluidos por extorsión refleja un “cambio de contexto” de inseguridad y crimen en el país.
“Los delitos de oportunidad, tales como el robo o el hurto, tienden a bajar y los crímenes violentos se incrementan. Vivimos una realidad distinta, con mayor presencia de organizaciones criminales”, aseveró el experto.
El más reciente informe del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), publicado en enero de este año, muestra que la tasa de homicidios en el país llegó a un pico histórico: 10,7 por cada 100.000 habitantes.
Del mismo modo, el documento destaca que las denuncias policiales por extorsión alcanzaron una cifra récord: 26.585 en el 2025. En cambio, las denuncias por robo cayeron a 62.844, menos de la mitad que en el 2024.
María Consuelo Barletta, profesora del Departamento de Derecho de la PUCP, resalta que el cambio de la dinámica criminal en el país “es un factor de riesgo para los adolescentes, porque ahora acaban siendo parte de organizaciones criminales”.
Precisamente, la extorsión está estrechamente relacionada con las organizaciones criminales. El historiador Jorge Nureña, autor del libro “Esta bala lleva tu nombre” (Reino de Almagro, 2026), explica que grupos como Los Pulpos utilizan a los menores de edad para “poner en visión [reglar] a algún negocio, dejar algún mensaje o atentar contra estos”, aunque también los contratan como sicarios.
Hay un detalle crucial: las cifras del Pronacej también revelan que los menores recluidos por fabricación, comercialización, uso o porte de armas pasaron de 82 a 162 entre el 2022 y el 2026.
El Ministerio de Justicia reveló a El Comercio que, en los últimos dos meses, 62 jóvenes internados en el centro juvenil de Trujillo fueron trasladados a Lima “por presentar alta peligrosidad y conductas de reincidencia de violencia”.
La institución también informó que el norte peruano “es una de las zonas más críticas” en cuanto al aumento de menores que infringen la ley penal.
Pero en la capital la situación tampoco es la ideal. El centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación (CJDR) de Lima, conocido como ‘Maranguita’, tiene capacidad para 560 internos, pero en este hay 816 jóvenes, según indicó el mismo Ministerio de Justicia. En otras palabras, hay una sobrepoblación de 46%.
“A la fecha existen cuatro CJDR hacinados, uno sobrepoblado y cinco que no sobrepasan su capacidad. Sin embargo, al ver las cifras del inicio del 2026, el 70% estaba hacinado”, agregó la institución.
Al respecto, Vásquez Bermejo cuestionó que en el Perú “los centros juveniles son como cárceles o escuelas del delito” y que “el trabajo de rehabilitación se ha debilitado”.
“La rehabilitación, el trabajo técnico que debería haber está debilitado. No hay suficientes trabajadores sociales ni psicólogos para atender a la población [de los centros]”, aseveró.
Respecto del personal orientado a trabajar en la readaptación de los adolescentes infractores, el Ministerio de Justicia sostuvo que “hay más de 400 profesionales que conforman los equipos técnicos y educadores”, pero que la cifra óptima es de 700.