La reciente aprobación de una modificación ambiental para la unidad minera Cerro Verde permitirá a la operación redefinir su planificación productiva y extender su horizonte operativo hasta el año 2053, abriendo paso a una nueva etapa de continuidad y ajustes técnicos en uno de los principales proyectos mineros del sur del país.
La reciente aprobación de una modificación ambiental para la unidad minera Cerro Verde permitirá a la operación redefinir su planificación productiva y extender su horizonte operativo hasta el año 2053, abriendo paso a una nueva etapa de continuidad y ajustes técnicos en uno de los principales proyectos mineros del sur del país.
La decisión, adoptada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), valida una serie de cambios al Estudio de Impacto Ambiental detallado que incluyen un nuevo esquema de minado y producción, así como adecuaciones en infraestructura clave para sostener el nivel de procesamiento de mineral en el largo plazo. Entre estas modificaciones figura el aumento de la capacidad de tratamiento de concentrados y la ampliación de instalaciones de beneficio, como la plataforma de lixiviación PAD 4B.
Con esta actualización, la empresa podrá ejecutar inversiones estimadas en alrededor de US$ 2.100 millones en los próximos años, orientadas a asegurar la continuidad de la operación y la optimización de sus procesos productivos. El nuevo marco ambiental aprobado reemplaza el horizonte previamente previsto, que situaba el cierre de la unidad en 2045, y amplía el ciclo de vida del proyecto por casi una década adicional.
Desde el punto de vista regional, la extensión de la operación permitirá mantener el flujo de recursos asociados a la actividad minera, como el pago de impuestos, regalías y la transferencia de canon minero a Arequipa. El proceso de evaluación incluyó la participación de diversas entidades del Estado y un amplio mecanismo de participación ciudadana, según lo informado por la empresa.
Senace indicó que la aprobación se otorgó tras verificar el cumplimiento de los criterios técnicos, ambientales y sociales exigidos para este tipo de modificaciones, habilitando así la ejecución de los cambios planteados dentro del marco regulatorio vigente.
