La compañía RICSA denunció el secuestro de un total de siete de sus trabajadores, así como la retención de una barcaza petrolera con 10 500 barriles de crudo en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, región Loreto. La empresa indicó que los captores exigen el pago de S/2 millones para liberar a toda embarcación.
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Según RICSA, hay audios en los que se condiciona la liberación del convoy y del personal al pago en efectivo de S/2 millones. La compañía ha identificado a algunos de los responsables, tales como Manuel Peraza Sandi, apu de la comunidad de Providencia; al teniente gobernador Gary Peraza Valera; y al presidente de la federación, Isaías Saboya Mayanchi.
Mientras tanto, la compañía aseguró que no accederá a negociar bajo mecanismos de presión ilegal, pues sus activos están siendo retenidos con fines de enriquecimiento personal.
Desde RICSA se alertó que la retención del crudo sin ninguna supervisión representa un peligro para el río en general, ya que la maniobra de la barcaza por personas que no conocen la técnica, podría provocar una calamidad ambiental.
Igualmente, se supo que la paralización de las operaciones afecta el abastecimiento energético de la zona y detiene el flujo del canon petrolero que corresponde a la región Loreto.
La empresa exigió la liberación del remolcador Coseda I y la detención en flagrancia de los responsables, pues las autoridades ya iniciaron las investigaciones preliminares por un presunto caso de criminalidad organizada. La Capitanía de Puerto de Iquitos y la IV Macro Región Policial de la PNP también han sido notificadas desde el 17 de abril para ejecutar acciones inmediatas.
