Lunes, Diciembre 16

Teresa Ramírez, exfuncionaria del Consejo de Ministros, afirmó que el secretario de Palacio de Gobierno, Enrique Vílchez, fue el encargado de tramitar las firmas de la presidenta Dina Boluarte, luego de la cirugía a la que se sometió entre junio y julio del 2023, reveló ‘Cuarto Poder’.

Según el dominical, se trata de la mano derecha de la mandataria, quien fue el encargado de conseguir la firma de la mandataria y sobre el que recaen las sospechas por las firmas con extrañas variaciones de la jefa de Estado.

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Refirió que en el tiempo en el que estuvo a cargo de la Secretaria del Consejo de Ministros, la firma de los documentos de Boluarte Zegarra la tomaba el secretario general de la Presidencia.

“El trámite de firma de los documentos de la señora presidenta directamente no lo veía yo, (sino) el secretario general, el señor (Enrique) Vílchez”, aseveró.

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En plena ausencia de la mandataria por el proceso posoperatorio, su firma en el acta del Consejo de Ministros del 7 de julio del 2023 difiere notablemente del decreto supremo sobre el aumento de los casos de Guillain Barré.

La sesión del Consejo de Ministros del 5 de julio del 2023 es clave. Aquel día se generaron trazos evidentemente distintos en documentos públicos, se supone, hechos con puño y letra de la máxima autoridad de nuestro país.

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“A nosotros nos avisaron ese día, antes de la sesión que teníamos que coordinar la preparación, la habilitación, coordinar con el área de informática, un link, porque la señora se iba a conectar de manera virtual. Eso es lo que nos informaron antes del inicio de la sesión”, detalló Ramírez.

“Si no me equivoco, era porque tenía una afección respiratoria, algo que le impedía estar presencialmente (…) Sí se escuchó su voz. Estuvo conectada lo que duró la sesión. Sí (intervino), pero se le escuchaba como gangosa, como cuando uno está resfriado”, agregó.

¿Quién es Enrique Vílchez?

Enrique Vílchez Vílchez es de extrema confianza de Dina Boluarte desde que era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y ahora como presidenta. Es el número dos de Palacio de Gobierno.

Se trata de un hombre de absoluta confianza de la mandataria y de su hermano Nicanor Boluarte. La acompaña, incluso, a los viajes internacionales. Incluso generó una resolución exprés para restringir la información, en su momento, del ‘Caso Cofre’.

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Su vínculo con los Boluarte inició años atrás en la Municipalidad de Pueblo Libre, según recordó Carlos Arana, exteniente alcalde de esa comuna.

“El año 2019, cuando ingresamos a la municipalidad, el alcalde tomó la decisión de traer gente para la gerencia municipal y otras gerencias. La gerencia municipal fue tomada por el señor Enrique Vílchez. Era amigo del señor Nicanor Boluarte y lo invitó a ser asesor del alcalde”, aseveró.

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“El señor Nicanor Boluarte iba siempre a la municipalidad a hablar con el alcalde. El señor es secretario general de Palacio de Gobierno, tiene la confianza de la presidenta, era amigo de su hermano”, agregó.

Al respecto, Walter Palomino, abogado penalista, señaló que en este caso, quien firmó ese documento haciendo pasar la firma como si fuera de la presidenta, sería el autor del delito de falsificación de documento público.

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“A esta persona le podría corresponder una pena de 10 años. En el caso eventual de la presidenta, si es que ella hubiese incitado a otro para que realice este acto ilícito, podría responder como instigadora de delito, que tiene una pena semejante a la que se podría imponer a este individuo”, advirtió.

“A su vez, si hubo otros en este contexto que facilitaron o auxiliaron lo que corresponde a la firma falsa, también podrían responder a título de cómplice”, agregó.

Rechaza insinuaciones

Cabe indicar que la Presidencia de la República rechazó cualquier insinuación o acusación sobre la legitimidad o legalidad de firmas de la mandataria Dina Boluarte en el periodo del 26 de junio al 10 de julio del 2023.

A través de un comunicado, aclaró que las normas suscritas por Boluarte Zegarra en ese lapso han sido realizadas dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes del Perú.

“Rechazamos categóricamente cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad o la legalidad de las normas firmadas por la señora presidenta. Estas afirmaciones carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar al gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país”, aseveró.

En ese sentido, la Presidencia enfatizó que las normas firmadas por Dina Boluarte “son legítimas” y han sido realizadas en su calidad de jefa de Estado “con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido”.

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