En las últimas tres sesiones del pleno, el Congreso de la República aprobó un conjunto de normas con impacto fiscal significativo y mantuvo en trámite nuevas iniciativas que podrían incrementar el gasto público o reducir los ingresos del Estado. El Consejo Fiscal advirtió que se aprobaron 11 leyes y autógrafas que generan obligaciones de gasto permanente.
En las últimas tres sesiones del pleno, el Congreso de la República aprobó un conjunto de normas con impacto fiscal significativo y mantuvo en trámite nuevas iniciativas que podrían incrementar el gasto público o reducir los ingresos del Estado. El Consejo Fiscal advirtió que se aprobaron 11 leyes y autógrafas que generan obligaciones de gasto permanente.
Según el organismo, estas medidas implicaron un costo anual de al menos S/11.400 millones. La cifra podría elevarse hasta los S/15.000 millones si se consideran otras iniciativas en proceso de aprobación. Estas decisiones, de acuerdo al Consejo Fiscal, incrementaron las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo, y comprometieron la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La propuesta que incrementa la participación en la renta de aduanas redistribuiría ingresos fiscales, según el IPE.
/ JUAN PONCE VALENZUELA
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Entre las normas aprobadas, destaca la nivelación de pensiones de maestros jubilados, con un costo estimado de al menos S/8.000 millones anuales. También, la modificación del régimen pensionario militar y policial, con un impacto aproximado de S/15.000 millones en el largo plazo, y la ampliación de beneficios laborales para trabajadores CAS, que implica alrededor de S/3.000 millones anuales. El organismo advirtió que estas medidas generan gastos permanentes y no cuentan con fuentes de financiamiento.
A este paquete de medidas ya aprobadas se suman iniciativas que aún se encuentran en trámite en el Congreso, y que podrían profundizar estas presiones fiscales. El Instituto Peruano de Economía (IPE) identificó los cinco proyectos más preocupantes por su impacto fiscal potencial, que suma S/14.834 millones anuales. Esto es equivalente a aproximadamente 1,2% del PBI.
La primera propuesta es la homologación del incentivo único CAFAE -pendiente de segunda votación-, dirigida a servidores públicos de gobiernos regionales. Este dictamen fue aprobado en primera votación el 5 de marzo y quedó a la espera de la segunda votación en el pleno. Esta medida implicaría un costo anual de S/2.621 millones, según el IPE.
El segundo dictamen, que busca el incremento progresivo (cinco años) de las remuneraciones de los trabajadores CAS “para su homologación con otros regímenes” fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y generaría un costo de S/4.024 millones anuales. El IPE señaló que este tipo de iniciativas incrementa el gasto en planillas del sector público, uno de los componentes más rígidos del presupuesto, lo que limita la capacidad de un ajuste fiscal en el mediano plazo.
En la misma línea, la homologación de remuneraciones y bonificaciones de docentes universitarios con las de los magistrados del Poder Judicial -dictamen aprobado en la Comisión de Educación- tendría un impacto estimado de S/1.917 millones anuales. El IPE advirtió que estos incrementos se plantean sin una evaluación de la calidad del servicio o desempeño, lo que puede afectar la eficiencia del gasto público.
Un proyecto en el Congreso propone homologar sus remuneraciones, lo que implicaría mayores compromisos de gasto público.(Foto: Andina)
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Por el lado de los ingresos, la ampliación de gastos deducibles para el impuesto a la renta personal de cuarta y quinta categoría se encuentra en agenda del pleno y tendría un impacto estimado de S/2.082 millones anuales. El IPE indicó que, en un contexto en el que el país requiere ampliar la base tributaria, este tipo de medidas reduce la recaudación fiscal, cuando los esfuerzos debían orientarse a combatir la evasión y ampliar la base de contribuyentes.
También se encuentra en agenda del pleno la iniciativa que plantea incrementar progresivamente la participación en la renta de aduana de 3% a 10%. Esto, explicó el IPE, afectaría los ingresos del gobierno central, pues el dictamen indica que una mayor proporción de estos recursos estarán destinados a los gobiernos subnacionales.
El Consejo Fiscal advirtió que la aprobación de medidas que incrementan el gasto público o reduzcan ingresos sin identificar fuentes de financiamiento consolida una trayectoria de deterioro fiscal y genera mayores presiones sobre las finanzas públicas. En esa línea, el IPE señaló que estas iniciativas incrementan el riesgo para la sostenibilidad de las cuentas fiscales al elevar el gasto permanente y reducir ingresos sin financiamiento claro. Este escenario podría traducirse en mayores niveles de deuda pública y en el agotamiento de los activos financieros del sector público. Esta dinámica, recuerda el IPE, se produce en un contexto de altos precios de los metales que podría ser aprovechado para generar superávits fiscales y fortalecer la posición fiscal, lo que no se estaría materializando.
