Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Trece días duró la emergencia energética que tuvo en vilo a transportistas, industrias y plantas de generación térmica en Lima debido a la ausencia de gas natural (del 1 al 13 de marzo). Esto, a raíz de la deflagración que paralizó las operaciones del ducto de TGP, la única vía de transporte que conecta el yacimiento de Camisea con la Metrópoli.
Se trató del peor incidente – en duración y gravedad – registrado en los 22 años de operación del gasoducto, con nefastas repercusiones, no solo para el sector energético sino también para el país.
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Así, el BBVA Research estima que esta crisis mermará en 1,8 puntos porcentuales el PBI de marzo y en 0,2 puntos porcentuales el PBI del 2026.
Esto, muy aparte del impacto en el sector energético, que Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, estima en no menos de –US$200 millones diarios por “la subida en los precios de las gasolinas, el diésel, el GLP y la electricidad (en el mercado no regulado)”.
“Hablamos de un total de US$3.000 millones por dos semanas de emergencia, descontando el efecto en el PBI y la inflación, que van a costar mucho para la sociedad”, refiere el especialista.
Grandes perdedoras en esta dramática coyuntura han sido las empresas de generación eléctrica. Ello, debido al exorbitante costo que les ha significado el uso del diésel para producir energía, ante la ausencia de gas.

Entre US$700 millones y US$750 millones habría perdido el sector de generación eléctrica durante las dos semanas que duró la emergencia energética. (Foto: GEC)
/ MARIO ZAPATA
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Según cálculos conservadores, los generadores eléctricos habrían perdido US$50 millones diariamente, empezando por los productores térmicos a gas, que no pudieron producir ni despachar energía.
“El tema es que hay unos generadores han sido impactados más que otros y que están afrontando la mayor parte de la pérdida sectorial, que asciende a US$700 millones (por dos semanas de emergencia)”, relata una fuente de la industria que no quiso ser identificada.
Roberto Santivañez, presidente de la Asociación de Consumidores de Gas del Perú (ACG), advierte que las empresas termoeléctricas no se van a quedar de brazos cruzados tras sufrir tan atroces pérdidas.
“Allí van a haber muertos y heridos, y todas ellas son clientes de TGP, así que lo más probable es que demandarán a esta empresa por los daños recibidos”, señala.
Y es que, a su entender, TGP habría incumplido una serie de obligaciones contractuales, como su compromiso de garantizar la disponibilidad de transporte de gas el 99% del tiempo.
Eso significa, explica Santivañez, que cualquier falla en el ducto no debería durar “más de tres días y medio, pero hemos tenido 13 días de interrupción con muchos daños asociados”.
La Asociación de Consumidores de Gas del Perú (ACG) considera que TGP incumplió sus obligaciones contractuales, razón por la cual sería demandado por las empresas termoeléctricas.
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Uno de ellos ha sido, precisamente, el experimentado por la cadena de comercialización de gas licuado (GLP), combustible derivado de los líquidos de gas de Camisea.
En un comunicado difundido el viernes, los actores de esta industria solicitaron al Gobierno “un programa extraordinario de apoyo financiero” para obtener líneas de crédito que las ayuden a afrontar las pérdidas generadas durante la emergencia.
Ello como consecuencia de los “más de diez días consecutivos de suministro irregular de GLP” en Pisco (planta de Pluspetrol) que han paralizado muchas de sus operaciones, indicó la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (Aseeg).
“Hoy estamos viendo lo que sucede cuando un país depende de un solo energético. En los años 2004 y 2005, el ducto de TGP se rompió varias veces, pero apenas lo sentimos porque el país no dependía mucho del gas. Ahora, una rotura va a afectarlo todo: el GLP, las gasolinas y el diésel”, anota Espinoza. ¿Qué podemos hacer para paliar los efectos de otra crisis energética?
PLANES DE CONTINGENCIA
Expertos consultados para este informe consideran que la probabilidad de que se repita otro grave incidente en el ducto de TGP es alta.
Ello, debido al paso inexorable del tiempo: 22 años desde la puesta en marcha de dicha infraestructura, una condición adversa que expone los tubos a desgaste y accidentes, particularmente, en el tramo de la selva, donde ocurrió la última emergencia.
Muchas empresas de la cadena de comercialización de GLP estarían en situación crítica en varias regiones del país.
(Imagen: Andina)
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Precisamente, para curarse en salud frente a otra crisis, el Gobierno esbozó el pasado viernes su plan de contingencia. Esto es, la construcción de una planta regasificadora con reservas “para treinta días de emergencia”.
Ángel Alfaro, ministro de Energía y Minas, manifestó a RPP que el compromiso de este gobierno es acelerar el expediente técnico de dicho proyecto “hasta la convocatoria de una licitación internacional”.
A su entender, esta infraestructura podría estar operativa en “18 meses o dos años a más tardar”. ¿Pero, dónde se ubicaría?
Pedro Sánchez, exministro de Energía y Minas, sostiene que el lugar más adecuado para instalar una planta de regasificación es cerca de Pampa Melchorita (Peru LNG). Ello, para aprovechar las reservas de gas líquido almacenadas en dicha instalación, las cuales son más que suficientes para “atender diez días de consumo interno a full carga”, señaló en Canal N.
De acuerdo al exfuncionario, ese gas podría ser regasificado en caso de una nueva emergencia y “reinyectado al sistema” para atender a industrias, hogares y comercios.
Luis Fernández, socio de Gas Energy, apunta, sin embargo, que ese proyecto ya estuvo en cartera de ProInversión hace catorce años, pero que se desechó debido a complejidades operativas.
Mientras Lima no contaba con gas natural, las ciudades del norte y sur del país recibieron este energético con normalidad en las últimas dos semanas gracias a las reservas de gas natural licuado de Peru LNG.
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Consultada al respecto, María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil (empresa líder de Peru LNG), manifestó que el consorcio entregó un análisis técnico a la agencia estatal pero que esta decidió no continuar con el proceso.
“No podría decir cuáles fueron las razones [de su desistimiento] pero antes de proponer alguna [nueva] solución haría falta realizar una evaluación integral”, indicó.
A entender de Espinoza, la construcción de una regasificadora cerca de Melchorita sería la alternativa de contingencia más viable para el país porque “solo requiere colocar un regasificador”. Todo lo demás: puerto y tanques, ya están habilitados y pueden servir para importar gas en algún momento del futuro cuando las reservas de Camisea escaseen o se terminen.
El desarrollo de este proyecto no quita, sin embargo, la necesidad de contar con un ducto o anillo de refuerzo (loop) en el tramo más problemático del ducto de TGP: los primeros 100 kilómetros en el tramo de la selva cusqueña, donde ocurrió el reciente incidente.
OTROS CAMISEAS
Espinoza advierte que el nuevo gobierno debe abocarse a la licitación del loop de la selva por más dinero que cueste, porque “es peor para el país otra emergencia de 15 días como la que acabamos de experimentar”.
Esto, como primer paso a la construcción de otros ductos en sierra y costa, a semejanza de las líneas de transmisión eléctrica que llevan la energía a todo el país.
Selva peruana.
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Fernández considera, sin embargo, que antes de gastar dinero en estas iniciativas los peruanos debemos decidir si “queremos seguir buscando gas o no”.
“Si la respuesta es negativa no tiene sentido construir un loop para un ducto que en 20 años va a estar vacío por falta de gas. Si, por el contrario, la respuesta es positiva, tenemos que explorar el territorio nacional, y eso significa liberar algunas áreas protegidas para desarrollar nuevos yacimientos”, señala.
El Instituto Peruano de Ingenieros de Gas, Petróleo y Energía (IPIGPE) lo tiene bastante claro: la reciente paralización del sistema de transporte de gas pone en evidencia la alta dependencia del país en un solo campo productivo: Camisea.
Por ello, propone encausar esfuerzos para diversificar “infraestructuras y cuencas productoras”, empezando por la exploración a fondo del Candamo (Madre de Dios), donde hay 2,5 trillones de pies cúbicos de gas ya descubiertos.
Freddy Morales, vicepresidente del IPIGPE, explica que el desarrollo de este proyecto desconcentraría Camisea y daría pie a la construcción de otro gasoducto, que conectaría Madre de Dios con el sur peruano.
“Pero no se trata solamente de explorar el Candamo sino toda la Cuenca Madre de Dios, la cual prácticamente duplica el gas de Camisea”, indica el ingeniero de petróleo.
Desarrollar solamente el Candamo tomaría, sin embargo, de 15 a 20 años considerando los plazos que maneja la industria local de hidrocarburos. De allí el llamado de IPGPE al próximo gobierno para que agilice los permisos, de tal manera que esta y otras iniciativas, necesarias para la seguridad energética, puedan ver la luz en la mitad del tiempo.
Se trata de una carrera contra el reloj porque “a partir del 2032 la producción de Camisea comenzará a declinar”, advierte Gonzalo Raffo, socio del estudio Hernández & Cia.
“Nosotros estamos asumiendo que el gas natural del lote 88 (para consumo interno) es infinito, y no lo es. Por el contrario, desde el 2032 habrá, cada vez, menos gas natural en el Perú”, anota el especialista en hidrocarburos.
¿Qué está haciendo el Minem al respecto? Luis Fernández recuerda que desde hace más de un año el ministerio trabaja en un plan energético al 2040 el cual prioriza a las energías renovables y no incluye las opiniones de Perú-Petro y la Dirección General de Hidrocarburos. La reciente emergencia energética obliga a replantear esta mirada
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