El departamento de Estado confirmó la designación con una publicación en el Registro Federal.
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MIRA: ¿Existe el Cártel de los Soles en Venezuela?: Esto se sabe de la organización designada como terrorista por EE.UU.
De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, “existen suficientes pruebas para determinar” que el grupo cumple con las condiciones descritas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que regulan la clasificación de las organizaciones terroristas.
El pasado 16 de noviembre, cuando habló de la designación, Rubio dijo que que el Cártel de los Soles era dirigido por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.
“El Cártel de los Soles, junto con otras FTO designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró Rubio.
En una primera reacción, Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” la designación y reiteró que el Cártel de los Soles “no existe”.
“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cártel de los Soles”, indicó la cancillería en un comunicado.
Agregó que esta “infame y vil mentira” busca justificar una intervención “ilegítima e ilegal” contra Venezuela “bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.
La designación ocurre en medio del masivo despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe para, según la Casa Blanca, labores de interdicción de droga.
Caracas considera que en realidad se trata de una maniobra que busca la salida de Maduro del poder.
El fin de semana, seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de estas maniobras en el Caribe.
Lo que viene para Maduro y su entorno
En concreto, la designación convierte en delito federal proveer apoyo material a un grupo considerado terrorista como el Cártel de los Soles, ya sea a través de dinero, armas, servicios, tecnología o asistencia logística. Los involucrados se exponen a penas que pueden llegar a 20 años de prisión o más si su colaboración deriva en muertes.
Los cargos formales para los líderes, su entrono y colaboradores pueder ser por terrorismo, narcotráfico y conspiración, con emisión de órdenes de arresto internacional.
El impacto económico sobre la organización terrorista es inmediato. Todos sus activos o la de sus miembros que estén en el sistema financiero estadounidense quedan congelados. Además, cualquier transacción vinculada a ellos en bancos que operen en dólares se bloquea de forma automática.
El efecto se amplifica a escala global: entidades financieras y empresas de otros países suelen cortar lazos con los designados para evitar sanciones secundarias, lo que deja al grupo prácticamente aislado del sistema financiero internacional.
La designación también tiene consecuencias migratorias y judiciales. Quienes formen parte de la organización o la apoyen pueden ser vetados de ingresar a Estados Unidos o enfrentar procesos de deportación. Al mismo tiempo, la designación sirve como base para pedidos de cooperación internacional, facilitando extradiciones de funcionarios del régimen.
En el plano diplomático, el país donde opera el grupo, en este caso Venezuela, queda bajo presión para tomar medidas, pues para Estados Unidos esa organización es una amenaza directa para su seguridad.
Habrá presión sobre terceros países para que rompan relaciones con Venezuela o apliquen medidas similares.
También complica eventuales intentos de negociación, pues Estados Unidos suele remarcar que no hace tratos con terroristas, y abre la puerta a un incremento de operaciones encubiertas, vigilancia y acciones de seguridad dirigidas a desarticular su red de apoyo
Además…
El origen del Cártel de los Soles
El Cártel de los Soles es el nombre con el que agencias de inteligencia y fiscales de Estados Unidos identifican a una presunta red de altos mandos militares, funcionarios y figuras políticas venezolanas involucradas en el tráfico de drogas, la corrupción y el lavado de dinero. No se trata de un cártel tradicional, sino de una estructura que habría operado desde el propio aparato del Estado, aprovechando su control sobre puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Su origen se remonta a 1993 (durante el gobierno de Hugo Chávez), cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron investigados por proteger cargamentos de cocaína.
Un antes y un después entre Estados Unidos y Venezuela
Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), dice a El Comercio que la designación marca un antes y un después en la política de Washington hacia Venezuela. Según el analista, esa etiqueta otorga a Estados Unidos un arsenal legal mucho más amplio para perseguir penalmente a cualquiera que colabore con la red, incluidos funcionarios y figuras políticas venezolanas.
Sostiene que la designación introduce, además, la posibilidad de catalogar como “apoyo material al terrorismo” cualquier relación con estructuras estatales venezolanas que el Ejecutivo estadounidense determine como vinculadas al Cártel de los Soles.
Remarca que la ley estadounidense no autoriza automáticamente el uso de la fuerza militar por el solo hecho de incluir una organización en la lista de terrorismo. Sin embargo, el nuevo estatus “abre opciones” adicionales para la administración, incluyendo operaciones de inteligencia, cooperación internacional y acciones directas para degradar la capacidad operativa del grupo.
Tucci subraya que el derecho internacional impone límites claros: Estados Unidos no puede intervenir militarmente en territorio venezolano sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o sin probar una amenaza inminente. Fuera de esos aspectos, cualquier acción a gran escala violaría la soberanía venezolana, aunque operaciones puntuales o “quirúrgicas” podrían justificarse si se presentan como medidas para prevenir riesgos terroristas inmediatos, anota.
Por su parte, Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, considera que la designación es “un nuevo escalón dentro de un proceso de largo aliento” que Washington ha venido construyendo desde hace meses. “Esto no aparece de la nada”, advierte.
Recuerda que Trump inició primero con la clasificación unilateral de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, luego amplió el rol del sector defensa e inteligencia en operaciones antinarcóticos, emitió recompensas millonarias contra la cúpula del chavismo (50 millones de dólares por Maduro), incautó bienes vinculados al entorno de Maduro y desplegó activos militares en el Caribe en fases sucesivas.
De acuerdo con Gómez de la Torre, Trump recibió hace poco un documento con el “menú de opciones” que el Comando Sur considera factible en los ámbitos aéreo, marítimo y eventualmente territorial. Esas capacidades, señala, forman parte de una estrategia de presión que también involucra ejercicios militares bilaterales con Trinidad y Tobago. “El costo del escalamiento es alto”, advierte, pero dice que responde a una lógica de acumulación gradual de poder disuasivo.
“Todas las opciones están técnicamente disponibles”, asegura, mientras recuerda el caso de Qasem Soleimani, el general iraní asesinado por un dron de Estados Unidos, como ejemplo del tipo de operación que hoy está dentro de las capacidades ya desplegadas en el Caribe.
La gran incógnita, afirma Gómez de la Torre, es si existe o no voluntad política en Washington para una acción dirigida contra Maduro o su círculo cercano, ya sea una captura para ser llevado ante tribunales estadounidenses —como ocurrió con Manuel Antonio Noriega en Panamá— o una operación de fuerza directa, en línea con precedentes como Osama Bin Laden o Soleimani. “Ese es el punto que el discurso oficial todavía no esclarece”, señala.
