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Entre las principales consignas de las manifestaciones, que ya han dejado como saldo al menos 24 muertos y 279 civiles heridos, están el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, una Asamblea Constituyente e incluso la liberación de Castillo.
ECData analizó los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo entre el 2006 y el 2022 y encontró que solo entre las gestiones de Ollanta Humala y Dina Boluarte han aparecido 619 nuevos conflictos sociales. Es decir, en promedio, en el país surge un nuevo conflicto cada siete días. De estos, solo se han podido resolver 243. El promedio de casos resueltos por mes ha ido reduciéndose en cada gestión. La que menos conflictos pudo concluir fue la de Pedro Castillo.
Según Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo, este aumento de nuevos casos tiene diferentes causas. “(El conflicto actual) Es consecuencia de la inestabilidad política, la degradación de la administración pública y las expectativas de corto plazo que el gobierno de Castillo despertaron”, sostiene. Asimismo, advierte que “mientras no mejore la calidad de la política teniendo una democracia estancada y con poca legitimidad”.
Un conflicto distinto
Según Luque, el conflicto actual se distingue de los anteriores, principalmente, por la ausencia de un proceso de diálogo en curso.
“Los otros conflictos tienen plataformas de lucha con demandas acotadas referidas a prestaciones de servicios como salud y educación, compensaciones económicas, problemas ambientales, de tierras, etc. En estos casos, más del 70% está en procesos de diálogo. En el caso actual no observamos que las principales organizaciones sociales que marchan tengan por ahora voluntad de dialogar”, sostiene.
En la misma línea, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés explica que usualmente el país enfrenta conflictos socioambientales.
“El conflicto actual es mucho más difícil de ser evaluado por su alcance nacional y porque es sociopolítico. No se le puede aplicar la misma fórmula de resolución de conflictos que a los anteriores”, menciona.
Según el adjunto, son tres medidas urgentes las que se deben tener en consideración en el manejo del actual conflicto social:
“Se debe tener en cuenta el control de la violencia sin salirse de la ley, el adelanto de elecciones en plazos razonables dentro del 2023 y los diálogos regionales para pacificar y escuchar a la población”, subraya.
Uso de la fuerza
Desde el 11 de diciembre -día en que se reportaron las primeras dos muertes en las manifestaciones- hasta el sábado, el número de fallecidos aumentó en 1200%. Del mismo modo, en solo 10 días, el número de civiles heridos en el actual conflicto creció en 9.300%, mientras que en solo una semana el número de policías heridos pasó de 20 a 268. Esto último significa un incremento de 1200%.
“Se ha aplicado el Estado de emergencia como si se estuviera jugando al té. No es un juego, sino una medida extrema del gobierno ante una situación complicada”, advierte Ricardo Valdés. Según explica, se tendrá que evaluar, caso por caso, si el uso de la fuerza fue el correcto.
Por su lado, Luque enfatizó que el uso de la fuerza no puede ser indiscriminado.
“Solo la PNP es la responsable del restablecimiento del orden público. Las FFAA apoyan, pero deben evitar todo contacto con la población. No están entrenadas para este tipo de situaciones. Las instrucciones sobre uso de la fuerza deben estar claras y quien las viole deberá ser inmediatamente investigado y sancionado”, recalcó.
