La Inteligencia de Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza menor para los intereses nacionales tras la detención a manos de Washington de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, al tener en cuenta los cambios impulsados por el actual Gobierno del país caribeño.
Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI) que se publicó esta semana, Washington observa “una disposición por parte del Gobierno venezolano a cooperar con EE.UU. para abrir su economía y desarrollar la abundante capacidad de extracción de petróleo y gas natural del país”.
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El reporte destaca también que el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, “ha liberado a algunos presos políticos como parte de un programa de amnistía”.
El informe considera “casi seguro que Latinoamérica y el Caribe experimentarán durante el próximo año focos de volatilidad que tienen el potencial de socavar los esfuerzos de los países -particularmente de los socios de EE.UU.-, o de distraerlos de sus objetivos de mejorar las condiciones de vida (de su ciudadanía), combatir los flujos de drogas ilícitas y contrarrestar la influencia extranjera”.
En este sentido, y pese a rebajar la amenaza que supone Venezuela para Estados Unidos, sí reconoce que el país caribeño “continúa lidiando con muchas de estas dinámicas”.
Además, dedica un apartado especial al papel que China, Rusia e Irán desempeñan en América Latina y “que podría entrar en conflicto con los intereses de EE.UU. en la región”.
“Es probable que la demanda china de materias primas impulse una continua expansión económica hacia Latinoamérica, mientras que Rusia probablemente desee ampliar sus actuales lazos diplomáticos y de seguridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela”, apunta la inteligencia estadounidense.
Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han cambiado sustancialmente a lo largo de estos primeros meses de 2026.
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El pasado 5 de marzo, ambos países anunciaron que restablecían conexiones diplomáticas y consulares después de haberlas roto en 2019 y el acuerdo incluye la reapertura de embajadas y una agenda de cooperación, condicionada a una serie de reformas políticas y garantías de transición democrática por parte de Caracas.
Respecto a las relaciones económicas, Washington ha relajado las sanciones que pesaban sobre la petrolera estatal PDVSA para permitirle vender crudo a empresas estadounidenses y en mercados internacionales y también ha hecho lo mismo con el gas y el oro.
Estados Unidos se ha erigido en controlador de los flujos del petróleo venezolano a través de cuentas supervisadas, cuyos ingresos, asegura la administración Trump, deben beneficiar al pueblo venezolano y su transición a la democracia.
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