Para estos efectos, la frase “cada voto cuenta” nunca había sido tan literal. Ello porque, además de que cada voto emitido en las urnas ha permitido definir a las próximas autoridades, también servirá para determinar cuánto dinero recibirán de parte del Estado aquellos partidos políticos que lograron representación parlamentaria durante el próximo quinquenio 2026-2031. Se trata de la otra cara del resultado electoral.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Ahora el escenario cambió. Ya no se eligen 130 congresistas, sino 190 parlamentarios distribuidos entre las cámaras de Diputados y Senadores. Además, la UIT pasó de S/4.400 en el 2021 a S/5.500 este año, por lo que el equivalente del 0,1% aumentó de S/4,40 a S/5,50 por voto emitido. A ello se suma el crecimiento del padrón electoral.
“Lo que ocurre es que siempre ha habido un cálculo de 0.01% de una UIT respecto a cada voto emitido durante una elección parlamentaria con Congreso unicameral. Ahora, en la modificación normativa a razón de la bicameralidad, se ha señalado que este 0.1% por voto emitido es por cada una de las dos cámaras; es decir, diputados y senadores. Si a esto le agregamos que la UIT del 2021 es diferente a la actual, cuyo 0.1% equivale a S/5.50, estamos sin lugar a dudas frente a una situación de por sí de incremento bastante importante, con lo que prácticamente casi se triplica el presupuesto”, explicó a El Comercio José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú.
El especialista agregó que, únicamente por efecto del incremento de la UIT, cada voto emitido —sea válido, nulo o en blanco— pasó de representar S/4,40 a S/5,50. Estimó que, si bien es positivo que la norma contemple la distribución de recursos para gastos administrativos y de capacitación, estos deben ejecutarse adecuadamente y con seriedad.
Asimismo, remarcó que deben irse “afinando” los mecanismos de control que pueda tener la ONPE respecto del uso de estos recursos. A su juicio, el organismo electoral requiere un marco normativo más eficiente, mejores herramientas tecnológicas, mayor capacidad para cruzar información y un sistema más robusto para supervisar proveedores, contrataciones y ejecución del gasto.
“Hay que tener un cuidado enorme con esos recursos. Si no se fortalecen los controles, se puede terminar festinando ese dinero”, afirmó Tello, al advertir que esa debería ser una de las primeras reformas que se aborden una vez iniciado el próximo quinquenio.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Por su parte, José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, consideró que esta interpretación de la norma —que sería la más favorable para las organizaciones políticas— implicaría un impacto significativo sobre los recursos públicos.
También supondría que el voto valga “doble”, cuando, en su opinión, el cálculo debería efectuarse en función de la votación más alta obtenida, ya sea en la elección de senadores o de diputados. “Solo hay más 20 millones de votantes. Debería ser por votantes, no por votos. Si se da esa interpretación por parte de la ONPE, se estaría yendo contra el erario nacional”, aseveró.
Eso sí, apuntó que la capacidad operativa de la ONPE para fiscalizar todo el gasto y las herramientas legales con las que cuenta “no son suficientes”. Añadió que, si el presupuesto sujeto a supervisión aumenta considerablemente, también debería fortalecerse la institución encargada de fiscalizar esos recursos.
Lee también: Denuncia constitucional contra canciller carece de sustento advierten expertos: el trámite que seguirá en el Congreso
En todo caso, consideró que sería un buen gesto que el nuevo Congreso precise este aspecto de la norma. “Un buen gesto del Congreso que va a entrar es que una de las primeras leyes sea el precisar este tema para que se aplique solo en función a la votación del Senado o Diputados y no las dos, cosa que no se incrementa tanto el financiamiento. Ellos mismos deberían de renunciar a recibir tanta plata y eso es precisando el artículo 29 para que no se haga el cálculo sobre las dos elecciones”, expresó Villalobos.
Malos antecedentes
La legislación dispone que no menos del 50% del financiamiento público directo debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. El porcentaje restante puede utilizarse para gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de bienes y contratación de personal, entre otros conceptos.
De hecho, la Ley N.º 32254 fue cuestionada en su momento porque abrió la posibilidad de que el pago de la defensa legal de los dirigentes de un partido pudiera cubrirse con recursos públicos.
En teoría, un mayor financiamiento debería traducirse en partidos políticos más sólidos, con mejores cuadros y mayor capacidad de formación. Sin embargo, en la práctica, el último quinquenio ha dejado una serie de cuestionamientos sobre el uso de estos recursos y el aprovechamiento de los vacíos de la propia norma, en medio del manejo de millones de soles.
Este Diario reveló, por ejemplo, que Perú Libre utilizó parte de estos recursos para contratar a sus propios militantes y allegados con el fin de dictar “ponencias” y capacitaciones. La agrupación del prófugo Vladimir Cerrón también destinó fondos públicos para financiar un periódico partidario en el que se ensalzaba su figura. Y ese está lejos de ser un caso aislado.
