“Pasaremos de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”, dijo el jefe del Estado –escoltado por sus ministros– en un mensaje a la Nación.
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El jueves 20 de noviembre, a través de un decreto supremo, el gobierno de Jerí amplió la medida por 30 días más. “Cuando hemos encontrado las cifras, las hemos encontrado hacia arriba. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo”, declaró entonces.
Pero las cifras son críticas: solo entre enero y noviembre, en Lima y el Callao se reportaron 818 muertes relacionadas con homicidios, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), del Ministerio de Salud. De estas, casi el 80% tuvieron como causa ”disparos de proyectiles de armas de fuego” o palabras afines, tales como “bala”, “balazo”, “arma” o “PAF (proyectil de arma de fuego)”.
El sábado 20 de diciembre, poco antes de la Navidad, Jerí anunció una nueva prórroga del estado de emergencia por 30 días.
ECData sistematizó los decretos supremos que declararon estado de emergencia en Lima y el Callao (o en distritos de estos) emitidos desde el año 2022 hasta noviembre de 2025. Asimismo, analizó los datos de muertes por homicidios registradas en Sinadef en el mismo período.
Los números son contundentes: los estados de emergencia aplicados en la capital y el primer puerto no frenaron la tendencia al alza de las muertes anuales por homicidio.
El siguiente gráfico interactivo muestra, en rojo, los períodos en los que estuvo vigente el estado de emergencia en distritos de Lima o el Callao. Pese a que hay caídas momentáneas, se observa cómo la tendencia al alza de homicidios se recupera.
Si bien en los últimos cuatro años la serie de muertes mensuales asociadas con homicidios ha tenido altibajos (con picos seguidos de meses con ligeros descensos hasta alcanzar un nuevo máximo) la tendencia ascendente se ha mantenido claramente en dicho período. Prueba de ello es el fuerte aumento del promedio mensual, de 50 decesos en el 2022 hasta 74 decesos el año pasado.
Además, desde que Sinadef empezó a incluir registros de muertes por homicidio en 2017, cinco de los 10 meses con más asesinatos en Lima y el Callao fueron períodos en los que había un estado de emergencia vigente.
En San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho –dos de los distritos más afectados por el crimen y la violencia– los homicidios promedio mensuales tuvieron aumentos de 93% y 163% al término de los estados de emergencia (marzo del 2022 – diciembre del 2022), con respecto al período anterior sin estado de emergencia vigente (enero del 2017 – febrero del 2022).
Incluso en los distritos más intervenidos, los homicidios aumentaron tras los estados de emergencia.
Haz clic en las flechas en la esquina derecha del mapa para ver cómo varió la tasa de homicidios desde el 2017 en los distritos de Lima Metropolitana, con y sin estado de emergencia:
El Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) es una base de datos del Ministerio de Salud en la que se registran las muertes en el país. La causa de muerte –por ejemplo, homicidio, suicidio o accidente- se clasifica desde un criterio médico forense, mas no legal. Es decir, el personal médico considera que existen lesiones o circunstancias que sugieren una muerte violenta, aunque no se haya determinado judicialmente aún si se trató de un crimen o el delito específico.
Recientemente, el ministro de Salud Luis Quiroz cuestionó el uso de los datos del Sinadef para medir la inseguridad ciudadana. En entrevista con RPP, señaló que el registro no distingue la causa del homicidio, siendo el sicariato solo una de las posibles.
“Sinadef no está creado para determinar las causas de la muerte violenta, específicamente en el tema de homicidios, qué fue lo que originó. Es decir, yo puedo tener registro de homicidios, efectivamente por sicariato, pero no se registra, no lo podemos saber. Puede ser por violencia doméstica, etc. Solamente está catalogado como homicidios”, declaró.
En la misma línea, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, considera que el Sinadef no registra menos homicidios de los que realmente ocurren día a día en el país, sino lo contrario.
“Algunos datos que ingresan al terreno un poco de la desinformación o doble ‘input’ son los datos del Sinadef. El presidente Jerí y el ministro de Salud han dicho que [el Sinadef] solo registra los decesos rubricados por un médico, es un número inexacto, no es un centro para registrar la criminalidad”, dijo en una entrevista con el programa “Punto Final”.
Pero sí existe un sistema idóneo para registrar los homicidios desde la criminalística, no desde el ángulo médico forense. En el 2013, mediante un decreto supremo, se creó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), con el fin de establecer la tasa de homicidios en el país.
“La tasa de homicidios es reconocida a nivel internacional como el principal y más confiable indicador del grado de inseguridad ciudadana”, detalló el CEIC en un comunicado.
El comité es presidido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y lo integran –entre otras instituciones–, la Policía Nacional y el Ministerio Público. La información que produce el CEIC –según los expertos consultados– es la más fiable y precisa en materia de seguridad.
Pero hay un problema: la información pública del comité está disponible solo hasta el 2021, hace cuatro años. Desde entonces, el fenómeno criminal ha cambiado mucho. El escenario es completamente diferente.
“No existe ninguna justificación para que el CEIC no opere, porque la tasa de homicidios es el estándar global para el estudio de la violencia. Reactivar lo antes posible el CEIC es muy importante, porque sin datos certeros no podemos tomar decisiones correctas”, cuestiona el abogado Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología.
Debido a ese vacío de información pública, algunos expertos utilizan los datos del Sinadef como fuente de información para medir la evolución de la criminalidad del Perú.
“Hay un intento de deslegitimar el Sinadef, pero este aporta información cuando no la da la fiscalía ni la policía. El Sinadef no reemplaza a la información que pueden producir ambas instituciones, pero utiliza una metodología válida, que es la misma que usa Naciones Unidas”, opina Lucía Nuñovero, abogada y experta en criminología de la Universidad Católica.
Luis Francia, abogado penalista experto en temas penitenciarios, tiene una posición similar sobre este asunto. “No es la primera vez que utilizamos el Sinadef cuando la policía brinda información desactualizada, incorrecta o simplemente no la brinda. En un contexto como el nuestro, es el sistema que más se aproxima a la medición correcta de muertes por delitos violentos. Desconocer el Sinadef sería evitar que se establezca alguna forma de medir la criminalidad”, argumentó.
Por su parte, Zevallos sostuvo que “todos los registros cumplen funciones distintas” y el Sinadef “registra lo que llega al sistema de salud vinculado a hechos violentos”, pero “no es un registro confiable para medir homicidios”.
“La tasa [de homicidios registrada] es mucho menor que la que existe. No podemos afirmar actualmente cuál es la tasa de homicidios, pero todo sugiere que está creciendo. Y si utilizamos datos que nos dicen que no estamos tan mal como creemos, se está falseando la realidad. Al no haber datos exactos, estamos trabajando con lo que tenemos disponible”, concluyó.
En lo que sí coinciden los tres expertos consultados en este informe es que las autoridades no proporcionan información de calidad para entender la real magnitud de un problema que continúa agravándose.
Desde el 2022, las cifras de muertes violentas mensuales relacionadas con homicidios han tenido una tendencia ascendente significativa en comparación con otras causas dentro de este grupo, como los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo o los suicidios. Con respecto a los accidentes de trabajo, se puede ver que la brecha de muertes incrementa desde hace cuatro años, precisamente antes del inicio de la ola de criminalidad reportada en la capital.
Para Nuñovero, el gobierno de José Jerí busca “llenar un vacío de políticas públicas” en seguridad ciudadana con medidas como los estados de emergencia.
“No existe una política seria. ¿Cuáles son los objetivos o la visión del gobierno para enfrentar los problemas de fondo? Un estado de emergencia debería ser claramente focalizado y con metas claras. Además, debería traducirse en sentencias y casos penales. ¿Estamos viendo eso?”, cuestiona.
Al respecto, Zevallos considera que el estado de emergencia ofrece, a través de ciertas restricciones de derechos en una situación crítica como la que el Perú atraviesa, herramientas para enfrentar la criminalidad.
Pero al igual que Nuñovero, se pregunta: “¿Qué medidas se emplean y qué impacto tienen?, ¿cuál es el objetivo de este gobierno? Un estado de emergencia puede servir como medio, no como fin, si se tiene un objetivo claro”.
Hasta ahora, con Lima y el Callao en estado de emergencia durante más de dos meses, el Ejecutivo no ha respondido a ninguna de las interrogantes planteadas por los especialistas.
Desde el inicio de su período, en octubre pasado, José Jerí se ha caracterizado por participar en operaciones policiales, supervisar requisas en centros penitenciarios y acompañar a las fuerzas policiales en sus labores. En sus declaraciones públicas, en tanto, la cárcel es el tema más recurrente cuando se le consulta acerca del combate a la inseguridad.
“Lo que nosotros planteamos desde el inicio era hacer lo contrario: estar en la calle, en el campo, y tomar las decisiones en función a la realidad, no al problema que te dice el documento. Una de las primeras acciones que tomamos como gobierno, incluso sin Gabinete, fue ir a los penales y atacar uno de los problemas matrices de la criminalidad”, respondió el mandatario en una reciente entrevista con la revista Cosas al ser consultado sobre “qué ha aprendido observando al Perú desde la cancha”.
Para Luis Francia, en materia de criminalidad, la cárcel es apenas la parte final del problema. “La prevención es el primer paso, porque permite ahorrar no solo recursos, sino evitar el dolor de miles de familias”, remarcó el especialista en temas penitenciarios.
“Me parece absurdo que el presidente Jerí participe en requisas, es una labor que debería estar a cargo del director del penal, el jefe del INPE o, por último, del ministro del Interior. Mira todos los rangos que está saltándose el presidente. Si las requisas no van a acompañadas de un control efectivo para evitar el ingreso de objetivos prohibidos, ¿qué sentido tienen? Diría que él quiere ganarse una imagen de presidente fuerte, pero eso no resuelve el problema central”, añadió Francia.
Las cárceles peruanas también se encuentran en una situación crítica. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las prisiones del país tienen capacidad para 41.764 reos, pero hay más de 103.478 reos. Actualmente, existe una población equivalente a 148%; en otras palabras, hay un exceso de 61.714 internos.
“El problema es la calle, no la cárcel. Y para el control de la calle es necesario focalizar el trabajo en algunas zonas. No en todo lugar hay presencia activa de crimen y violencia. Además, la principal capa de víctimas son emprendedores formales e informales que mueven mucho dinero”, indica Nicolás Zevallos.
Sin embargo, señaló que de la prisión se puede extraer mucha información importante y valiosa, “a través de recompensas y otros incentivos”.
La última encuesta de Datum, elaborada por encargo de El Comercio, revela que los dos principales “hechos o acontecimientos negativos del 2025 en el país” están relacionados con la ola criminal: el 37% considera que lo más negativo fue el “incremento de la delincuencia” y el 14% la “extorsión de transportistas”.
El Comercio informó que solo en el primer fin de semana de este 2026 se registraron por lo menos 10 asesinatos en Lima.
Lamentablemente, el crimen y la delincuencia siguen avanzado a toda máquina. ¿Qué hace el gobierno para evitarlo?
Metodología
Revisión de los estados de emergencia y las cifras de muertes por homicidios
Herramienta informática: El análisis se efectuó con Pinpoint, el sistema de Google diseñado para el análisis documental y la exploración asistida de grandes volúmenes de información. En una primera etapa, se cargaron al sistema los decretos supremos publicados por el Gobierno Peruano que establecieron o ampliaron los estados de emergencia en Lima y Callao, así como los archivos de Sinadef en formato excel, previamente filtrados con las muertes asociadas a homicidios en cada distrito. Pinpoint permitió centralizar estos insumos, facilitando la identificación de coincidencias entre meses con estado de emergencia vigente y picos de homicidios.
Dentro de Pinpoint, se emplearon las funciones basadas en Gemini y su modelo de inteligencia artificial integrado para agilizar el análisis. Entre ellas, las herramientas diseñadas para encontrar respuestas y resúmenes, lo que ayudó a identificar rápidamente patrones de fechas y localidades en los decretos; las herramientas para extraer data y sistematizar cifras clave de los archivos en Excel; y los comandos para etiquetar documentos, lo que ayudó a clasificar los meses, los distritos y los tipos de medidas implementados.
