El Ejecutivo de Lula ha dicho que el espionaje se orquestó a mediados del 2022 durante la gestión de Jair Bolsonaro, lo cual es cierto, y que cerró la operación en marzo del 2023. Asunción ha respondido que necesita “todas las aclaraciones necesarias” y, aunque no imputa por ahora una intencionalidad a Lula, remarca que “el acto ilegal estuvo operativo tres meses en su gobierno”. La opinión pública paraguaya considera que Brasil le compra energía a un “precio miserable” desde hace mucho tiempo y que el aumento de la tarifa en 2,5 dólares por kilovatio para los próximos tres años es insuficiente. Y que ahora encima recurre al ‘hackeo’ en medio de las nuevas tratativas.
