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El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelado ayer por El Comercio y en donde se advierte que la presidenta Dina Boluarte recibió en sus cuentas S/1,1 millones de origen desconocido, agrava aún más su situación legal y podría abrir nuevas líneas de investigación, según especialistas consultados por este Diario.
El reporte de la UIF detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la actual mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022, y sostiene que las operaciones registradas “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”.
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Para el abogado penalista Andy Carrión, “se complica sensiblemente” la situación de Boluarte, principalmente en las investigaciones que tiene abiertas sobre su situación financiera, como es la pesquisa por presunto lavado de activos y, recientemente, enriquecimiento ilícito.
En el caso de la primera, Carrión apuntó podría ampliarse la pesquisa e incorporarse otro presunto delito: fraude en la administración de personas jurídicas, pues se habrían usado los fondos del Club Departamental Apurímac en cuentas personales.
“El solo hecho de conformar las cuentas fuera del club, a título personal, mancomunadas con algunos miembros del club, y direccionadas para fines eventualmente que no tienen que ver con la conformación del club, ya da un delito de fraude en la administración de personas jurídicas”, dijo Carrión.
En el caso de la pesquisa por enriquecimiento, Carrión opinó que la información de la UIF la “fortalece” y que podría ampliarse en temporalidad a cuando trabajó en el Reniec pues “si bien es cierto se ha originado a raíz de la exhibición de estos relojes Rolex, ella tiene que justificar ya todo su patrimonio”.
Por su parte, el exfiscal anticorrupción Martín Salas afirmó que la fiscalía de lavado de activos podría efectuar una medida cautelar sobre las cuentas de la mandataria “para que no haya movimiento” del dinero en cuestión y evaluar si requiere una “separación temporal del cargo”. Esto último, “para garantizar el normal desarrollo de la investigación”.
Además, apuntó que el Ministerio Público también podría abrir una nueva investigación en contra de Boluarte por enriquecimiento ilícito, independientemente de la ya iniciada preliminarmente por el Caso Rolex.
Salas recordó que este “es un delito especial porque es el único delito en nuestra normatividad penal donde se invierte la carga de la prueba”.
“La norma regular es que el fiscal tiene que demostrarte los hechos que te atribuye. En este caso no. Como tienes un desbalance patrimonial, la carga de la prueba la tienes tú, tú tienes que demostrar al fiscal que este patrimonio hallado, que no guarda relación con tus ingresos, son de procedencia ilícita. Si no me lo demuestras, la justicia te va a sancionar”, remarcó.
Sin respuesta
Ayer ni presidenta Boluarte ni el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, se pronunciaron sobre este tema. Solo el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, dijo –tras ser consultado en una actividad– que la jefa del Estado podrá explicar esta nueva información.
“Es una persona honorable, honrada, tiene en su ADN la anticorrupción (…) Estoy seguro que eso también se va a explicar y va a despejarse cualquier duda respecto a ese informe”, aseveró.
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