El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, justificó el cambio de logo y de eslogan del gobierno, que pasó a ser “El Perú a toda máquina”, en clara referencia a la canción que el imitador del presidente José Jerí baila en redes sociales. Sostuvo que la nueva frase refleja el estilo del mandato del secretario general de Somos Perú y que busca aceptación entre los jóvenes.
En una entrevista con El Comercio, Álvarez también responde sobre las leyes calificadas como “procrimen” por un sector de los transportistas, el Reinfo y la crisis migratoria que puede profundizarse en el sur del país.
¡Gracias por suscribirte a Mientras Tanto!
Tu inscripción ha sido confirmada. Recibirás nuestro newsletter en tu correo electrónico. ¡Esperamos que disfrutes del contenido!
«,t.textContent=n,t.classList.replace(«cutter-nl__button–free»,»cutter-nl__button–subscribed»)):(i.innerHTML=»
Lamentamos verte partir.
Tu suscripción ha sido cancelada y ya no recibirás más nuestro newsletter en tu correo electrónico. Si cambias de opinión, siempre serás bienvenido de nuevo.
¡Gracias por habernos acompañado!
«,t.textContent=s,t.classList.replace(«cutter-nl__button–subscribed»,»cutter-nl__button–free»)),t.disabled=!1}),3e3):(window.tp.template.show({templateId:»OTFEJQDCHMFK»,displayMode:»modal»,showCloseButton:»true»}),setTimeout((()=>{t.disabled=!1,t.textContent=l}),3e3))}catch(e){console.log(«ERROR AL SUSCRIBIRSE O DESUSCRIBIRSE: «,e)}}))}else window.tp.pianoId.init({display:»modal»,loggedIn:function(e){const{firstName:t,lastName:s}=e.user||{}}}),t.addEventListener(«click»,(()=>{window.tp?.pianoId?.show({screen:»login»})}))}])}))}));const closeSubscribeModal=()=>{document.getElementById(«subscribe-modal»).innerHTML=»»};
Newsletter Mientras Tanto
— A casi tres meses de gobierno, los críticos del presidente Jerí señalan que su gobierno es marketing político y fuegos artificiales. ¿Cuál es su balance?
El problema principal de este gobierno es que los candidatos y personas más interesadas, no le van a reconocer nada. Por el contrario, van a querer hacer su propio marketing político electoral atacando a este gobierno, que es de transición. Ahora, sobre los logros, es evidente, que después de 30 años en los que se descuidó y descabezó a la Policía Nacional, se aprobaron códigos penales hiper garantistas, con normas que prácticamente penalizan la defensa de los ciudadanos frente a los criminales y frente a fiscales y jueces comprometidos con el adoctrinamiento ideológico, en el sentido de que el delincuente es una víctima de la sociedad- no se puede lograr más avance que tratar de sentar las bases. Como la reactivación de los servicios de inteligencia, las intervenciones policiales y en penales. Estos son gestos de apoyo moral a la Policía y hacia los ciudadanos.
— El gobierno ha establecido el uso obligatorio del logo y frase: “El Perú a toda máquina”, que hace referencia a la canción que el imitador del presidente baila en redes sociales. ¿Esta es una prioridad, cuando el país afronta un desborde criminal?
A ver, una cosa no tiene que ver con la otra. Cada gestión gubernamental ha tenido un logo y algunos lo han tenido muy serio. Pero [lo que prometían] quedó en la ficción y no sirvió de nada. En realidad, el logo sirve para identificar el estilo de un presidente. El estilo del presidente Jerí no es similar al de Bustamante y Rivero ni al de Fernando Belaunde Terry, es un estilo propio, es un estilo más cercano a las mentes juveniles y es, por eso, que tiene un nivel de aceptación que ninguno de los candidatos tiene.
— ¿Cuánto costará este cambio en el diseño de la propaganda del gobierno? Se debe realizar en papelería, uniformes, campañas y plataformas digitales, entre otros.
En principio, cada gobierno tiene su logo. Entonces, no es que se haya inventado un gasto. En segundo lugar, cada vez hay menos papelería, es mucho más el tráfico de comunicaciones vía Internet. Ya prácticamente, el papel ha quedado en desuso. Y, en tercer lugar, ese tema de los uniformes es una moda de gobiernos que no concluyeron y que no contribuyeron a la consolidación democrática.
— ¿Y tiene un aproximado del gasto que representa este cambio?
No, porque corresponde a cada uno de los sectores [determinarlo]. Pero es una cosa realmente insignificante si lo comparas con lo gastado por gobiernos de izquierda en la refinería de Talara, que costó US$8.000 millones. Es decir, fijarse en esto es simplemente quererle bajar la llanta a un gobierno que humildemente está queriendo hacer algo que los demás gobiernos no hicieron.
Lee también: Fue ayer y sí se acuerda
— ¿Cómo se decide este cambio? ¿De quién fue la idea?
Esencialmente, es del presidente de la República que solicita ideas a los ministros, a su gabinete técnico [de asesores], pero es él al final quien escoge. Él es quien impone un determinado perfil y estilo de gestión.
— En redes sociales, han calificado este cambio de logo como “banal” …
Bueno, cada gobierno tiene su lema, su logo y hacer uso de una frase o un nombre que los opositores quisieron endilgar a un político para hacerle daño no es novedad. Por ejemplo, a Luis Bedoya Reyes le pusieron el tucán para denigrarlo y él tomó eso y lo hizo su símbolo. Recientemente, López Aliaga recibió el apelativo de Porky como una ofensa y él lo tomó para su campaña. Por lo tanto, [esta decisión] no debe extrañar. Lo que cabe preguntarnos es: ¿hasta qué punto va a conectar [el apelativo de Máquina de Jerí] con la juventud, que piensa y vota muy diferente a los opinólogos o sociólogos?
— El presidente José Jerí reconoció que no ganará la lucha contra la inseguridad por un “tema de tiempo”. ¿Es un sinceramiento de que es poco lo puede hacer un gobierno de transición para contrarrestar la criminalidad?
No, hay dos extremos. Uno, el optimismo para pensar que, tras 30 años de abandono de la seguridad ciudadana, se puede corregir en cinco o seis meses de gobierno y sin mayoría en el Congreso. Y, el otro extremo es pensar que no se puede hacer nada, que ya se perdió la batalla y es mejor administrar las cosas y flotar políticamente. Pero este es un gobierno sincero, que no tiene nada que esconder. Esta es una guerra en la que no se verá la victoria ni siquiera en los próximos cinco años, es una guerra de largo aliento contra la criminalidad. Nosotros estamos dando una batalla en serio, de verdad y en las próximas semanas vamos a dar un plan de seguridad nacional.
[…] Estamos dando la batalla, pero sería irreal, sería populista pensar que vamos a tener logros inmensos. Si Dios quiere ganaremos la primera batalla, corresponderá a los siguientes gobiernos ganar la guerra.
Lee también: José Jerí y su estrategia digital: 9 gráficos interactivos sobre el uso de redes sociales en su gobierno
— Entre el 10 de octubre y el 28 de diciembre último, es decir, durante el gobierno de Jerí, se han registrado 444 homicidios, según el Sinadef. El promedio diario de asesinatos durante esta administración es de 5,55, mientras que el de Dina Boluarte era de 5,25. ¿Tiene alguna autocrítica que realizar? ¿Qué es lo que está faltando para reducir estos números?
Las estadísticas tienen el problema de contar también los accidentes, es decir los muertos en calle y eso desdibuja la visión realista del panorama. Pero también es cierto que el crimen ha ido en aumento y es irreal pensar que en pocas semanas [se detendrá esto]. En 15 días de gobierno ya se nos seguía contando los muertos, y no se va a frenar sin que se den la reorganización de los penales, sin redistribuir a los internos, sin cortar el Internet, que usan de manera clandestina [en las cárceles], sin que la justicia a nivel de fiscales y jueces cambie. Es irreal pensar que se va a frenar la estadística criminal.
Por el contrario, fíjese en los grandes fenómenos del crimen organizado, la mafia de Nueva York, la mafia siciliana, la mafia napolitana, cuando el Estado, cuando las fuerzas del orden intentaron combatir y enfrentar el problema de verdad ocurrieron más crímenes. Es lo que pasa en Brasil. Las mafias suelen reaccionar de manera más violenta. Entonces, no es que se mida la acción del gobierno por el número de muertos, porque si siguiésemos esa lógica estaríamos de acuerdo con el gobierno de México. Ellos han decidido no luchar contra los cárteles de droga y tienen mucho menos muertos que hace 10 años. Pero esa posibilidad no es la solución que los peruanos quieren.
— El gobierno ya tiene casi tres meses en el cargo. ¿Usted como primer ministro ha hecho un análisis de estas normas dadas por el Congreso? ¿Son procrimen, como las califica un sector del gremio de transportistas? ¿Cuáles deben ser cambiadas?
Hay mucha demagogia y hay interés político de por medio. A los transportistas no creo que les haya afectado el tema de que el Congreso haya dado modificaciones legales para proteger el derecho a la propiedad. Anteriormente, existía un proceso paralelo al penal que simplemente arrebataba la propiedad a cualquier investigado, a cualquier sospechoso, la pérdida de dominio, un eufemismo elegante para decir que a cualquier investigado se le puede quitar su propiedad de forma definitiva sin sentencia. Eso no tiene nada que ver con la extorsión ni con los transportistas. Es un tema político que algunos malos fiscales usaron en contra de sus adversarios. Pero, no quiere decir que no haya normas que necesiten una corrección, obviamente.
— Por ejemplo, ¿cuáles?
No tengo en la mente en este momento alguna corrección, pero yo le pido unas semanas, el Ministerio de Justicia hizo un documento importante señalando algunas posibles correcciones.
— ¿El Ministerio de Justicia ha hecho el documento? ¿En qué sentido?
Sí, el Ministerio de Justicia hizo un documento interno señalando algunas posibles normas por corregir.
— ¿Y tiene los detalles? Una de las normas limita la acción de la Policía Nacional, solo tienen cuatro meses para hacer escuchas legales. ¿Es tiempo suficiente para desarticular a una red criminal?
A ver, depende cuál sea el mecanismo para hacer las escuchas, porque si es un grupo de la policía política liderado por un grupo político de fiscales podría dar como consecuencia de que, por casualidad, un juez autorice escuchar los teléfonos privados de jueces supremos durante un año para tratar de extorsionarlos en beneficio de una ONG. Entonces, todo depende de cómo se utilicen las herramientas.
Ahora, lo otro, es que el Congreso corrigió el hecho de tener aspirantes a colaboradores eficaces durante más de un año. Hay casos que en seis años no han aportado ninguna información que haya servido para detener a delincuentes. Sin embargo, están protegidos por el sistema. Entonces, ha habido un mal manejo por parte de un grupo pequeño de fiscales y jueces que prácticamente han envilecido el sistema de justicia.
Lee también: José Cueto: “Ha faltado mano dura contra la minería ilegal, hubo demasiados congresistas que la apoyan”
— Una de estas normas cambió la definición de crimen organizado y excluyó a 50 delitos de la figura, entre ellos a los de corrupción de funcionarios. Precisamente, el presidente Jerí es investigado junto a la congresista Ana Zegarra y otras tres personas por presunto cohecho pasivo. ¿Mantener esta la ley no es una autoprotección?
No, porque lo que se ha hecho evidente es que medio Congreso está siendo investigado y, prácticamente, no hay político que no haya sido comprometido en investigaciones. Un grupito de fiscales utilizó la figura de crimen organizado para tratar de amedrentar a políticos, empresarios y periodistas. No hay político importante que no esté con investigaciones. La expresidenta Dina Boluarte se fue [del poder] con más de 50 carpetas de investigación. ¿Eso es normal en un país donde predomina el Estado de derecho?
— En el Parlamento, hay congresistas investigados por “mochasueldos”, por el Caso Los Niños y también se desaforó a uno que hoy está sentenciado por violación sexual. ¿Usted está dando a entender que estas pesquisas son una persecución política y no porque realmente estén justificadas?
No, a ver, el tema de los mochasueldos es una de las vergüenzas de la Comisión de Ética del Congreso, que ha hecho que muchos hayamos escrito desde el ámbito académico, la necesidad de que esta comisión esté a cargo de un grupo externo, de exmagistrados, exjueces, pero no de la parte interesada. Entonces, sí hay notorias deficiencias. Hay congresistas que han intentado enriquecerse, porque lamentablemente la valla de la política ha hecho que disminuya la calidad de los parlamentarios.
Antiguamente, los congresistas eran los socios principales de estudios de abogados, dirigentes de las centrales sindicales, eran los mejores en su profesión, hoy por legislaciones irracionales que establecen que un parlamentario no puede tener otra ocupación, incluso que sus parientes no puedan contratar con el Estado, se ha hecho que el nivel de la clase política baje.
— ¿Qué resultados concretos puede dejar este gobierno en siete meses respecto a la seguridad?
Casi seis meses ya. El primer logro del gobierno es la estabilidad política que permita un recambio gubernamental. Es el final de tres quinquenios en los cuales la lucha y la polarización eran moneda común y no exista ningún punto en común entre el Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial. Hoy eso ya no se da. Los tres poderes del Estado conversamos de forma fluida, coordinamos acciones, incluyendo al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público. El primer objetivo ya se cumplió.
El segundo objetivo es lograr elecciones presidenciales y parlamentarias limpias y transparentes. En eso estamos.
— ¿Puede dar dos o tres medidas concretas que van a dejar encaminadas al próximo gobierno en seguridad?
Uno de los temas que para el presidente Jerí es muy importante es la reorganización de los penales, tanto en la distribución de internos, como la recomposición del organismo que debe estar a cargo en una superintendencia especializada. Esto para garantizar que no tengan comunicación con bandas delincuenciales ni puedan liderarlas. Y, además, asegurar o intentar su rehabilitación, porque de nada sirve para sociedad tener a un preso cinco o seis años [internado] cuando va a reincidir.
— ¿Y la segunda y tercera medida?
El reforzamiento de la Policía ya está en marcha, pero sin necesidad de descabezarla. Entendemos que todos los policías tienen un compromiso con su institución. Lo que se necesita es promocionar a los mejores policías. Hemos encontrado a oficiales y suboficiales muy desmoralizados, porque no tenían una línea de carrera o su línea de carrera dependía de la política.
Y el tercer punto es lograr la separación de la política con respecto a la justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden inmiscuirse en la confrontación política. La justicia tiene que estar al margen de la política. Y para eso también es importante que se corrijan de modo definitivo el uso de normas para utilizarlas como arma arrojadiza, como ha sido desde el 2016. Desde ese año, prácticamente unos y otros han tratado de destruirse políticamente utilizando el derecho penal.
Lee también: Adriana Tudela: “Desde mi punto de vista se la ha dado un poder desmedido al Senado”
— Este último punto, ¿por dónde pasa? ¿El Ejecutivo va a proponer un texto propio de reforma del sistema de justicia?
En principio estamos apoyando los proyectos que se están debatiendo en el Congreso. La situación actual no puede continuar así, porque el ciudadano común no tiene dinero suficiente como para defenderse de una acusación falsa. Mientras los jueces y fiscales están comprometidos con la lucha política, están dejando de actuar de manera imparcial y eso genera desconfianza ante el Estado en general. Hoy el ciudadano no confía en el Estado.
— Al día de hoy, son 36 los candidatos presidenciales que buscan participar en las elecciones generales. ¿Cuáles son, a su juicio, los riesgos de esta dispersión?
[…] Lo peor que puede pasar es que se repita lo que sucedió en la elección anterior, que es que ninguno de los candidatos que pasó a segunda vuelta tenga una votación significativa. Hay que recordar que la primera vuelta es el voto programático y en la segunda vuelta, simplemente es un voto de descarte. Entonces, es fundamental el hecho de que haya un apoyo genuino y ese apoyo solo se puede dar cuando hay pocos candidatos, dos o tres que logran distinguirse y separarse del resto.
— ¿Ya se le está brindado seguridad por parte del Estado a los candidatos?
Tengo entendido que ya se ha asignado hace varios días y tengo un cuadro con los nombres y apellidos de los suboficiales que están a cargo de cada uno de los candidatos presidenciales.
— ¿Hay alguno que hay rechazado esta protección?
Es posible que haya algún candidato que no haya aceptado […] Ahora, [pese a esta protección] no se puede asegurar que un candidato en especial pueda ser materia de un atentado, básicamente si es que no se compromete a facilitar la labor de seguridad. Es decir, que no camine solo, que no se vea envuelto en problemas de orden criminal de otra índole.
Nota de redacción: Desde PCM precisaron a El Comercio que, al momento, 16 candidatos a la presidencia de la República (entre ellos Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y los cuatro congresistas que intentan llegar a Palacio) cuentan con resguardo. Los 20 restantes, ya tienen designados a personal (dos agentes por cada uno), “quienes acuden diariamente a los locales partidarios para establecer contacto” con los postulantes o con los secretarios generales.
— ¿La extensión del Reinfo, manteniendo la exclusión de 50 mil registros, era el mal menor, en esta coyuntura?
Sí, el gobierno, en principio, quisiera haber tenido el tiempo suficiente para hacer una reforma total de la minería en el Perú, que sería una labor de largo aliento, pero necesaria. No obstante, con la composición del actual Congreso, con los intereses que estaban en juego, lo que el gobierno exigió a la mayoría congresal fue básicamente no reincorporar a los 50,000 [Reinfos] excluidos y tratar de generar formalidad no solo en la pequeña minería y en la minería artesanal, sino en aquellos mineros que de alguna manera han tenido en los requisitos una barrera burocrática inmensa e imposible de salvar.
— ¿Puede este gobierno dejar encaminado el fin del Reinfo? ¿Este Congreso debe aprobar una nueva Ley MAPE o es tarea del Parlamento bicameral que viene?
Yo creo que podría ser una tarea de este Congreso siempre y cuando se comprometan. Y el problema viene desde la gran minería que tiene también quejas, en el sentido de que para lograr explotar un yacimiento requieren de cuatro a seis años de trámites. Y el pequeño minero no tiene el dinero suficiente para invertir en esto.
Lee también: Al menos 16 partidos no presentaron completas sus listas de candidatos ante el JNE
— ¿Cuál es la decisión final del Perú sobre el salvoconducto a Betssy Chávez, condenada por el golpe de Estado de Pedro Castillo? ¿La intención es dejar que el próximo presidente tome la decisión?
El gobierno está planteando que el asilo no puede significar una carta blanca para la impunidad de delitos comunes. Y esto se ha manifestado en la OEA y las conversaciones continúan. Por tanto, nosotros tenemos la esperanza de que antes de que termine este gobierno exista una modificación, una redefinición en el mismo seno de la OEA, sobre el asilo y la impunidad judicial.
— Públicamente, solo Ecuador y Paraguay respaldaron al Perú en la OEA. Si no existe un acuerdo, ¿van a dejar la resolución del salvoconducto al siguiente gobierno?
No, necesariamente, porque lo normal ante un pedido de redefinición de alcances y los conceptos de un tratado es que no se consiga un consenso de manera inmediata, sino después de varias conversaciones y negociaciones. Esto en algunos medios se interpretó como una derrota, pero, al contrario, hubiera sido sorprendente e inusual que se hubiese aprobado apenas presentado. En el campo diplomático, normalmente las negociaciones requieren de un periodo de maduración.
— El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá con el presidente Jerí en enero. ¿Existe un temor del Perú que, en marzo, cuando Kast asuma el poder, se dé una nueva crisis migratoria en la frontera sur? ¿Cómo se puede evitar?
En principio, ya la cancillería está haciendo labores de coordinación. El voluntarismo del presidente Kast es loable, corresponde a las necesidades de su país, pero es evidente que no puede causar problemas en otros países. Por lo tanto, ya hay conversaciones avanzadas entre Ecuador, Perú y Chile para lograr consolidar un corredor humanitario. También esperamos que Colombia y Venezuela se incorporen salvando las diferencias políticas, a una correcta prestación de un servicio internacional que haga valer la dignidad de la persona humana. No es cuestión de expulsar a las personas como si fueran objetos, sino tratar de repatriarlos, pero en las mejores condiciones para garantizar la vida y la salud, sobre todo, de los menores.
— Estados Unidos ha endurecido el bloqueo petrolero a Venezuela. ¿Cuál es la postura del Perú en esta crisis?
El Perú ha preferido no manifestarse, porque en este momento estamos consolidando una relación muy fuerte con Estados Unidos . Como ya es público hemos tenido reuniones con el FBI, con la DEA no solamente para restablecer los mecanismos para luchar contra el tráfico ilícito de drogas, sino también para que colaboren en la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, no es interés, en este momento, del Estado peruano confrontar con Estados Unidos. Por el contrario, nuestro interés es consolidar nuestras relaciones.
— ¿El Perú está a favor de una intervención militar de EE.UU. en Venezuela para retirar a Maduro del poder?
El Perú en ese tema no ha expresado una posición definida. Entendemos que el gobierno actual de Venezuela no está en territorio venezolano y que el que se llama presidente actualmente [Nicolás Maduro], en realidad ha robado las elecciones, ha hecho un fraude notorio y público y es un dictador. Y esa condición de dictadura es que la está validando la posibilidad de que países del hemisferio, países de la OEA, puedan intervenir para restablecer no solo la democracia, sino para conjurar el peligro humanitario que existe.
