El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, aseguró que el Ejecutivo suscribirá la autógrafa que dispone la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) solo si recoge la postura del Gobierno de una extensión por un año y no implique el retorno de los 50 mil mineros excluidos del proceso.
En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, señaló que era “inevitable” que se aprobara la iniciativa porque desde el Gobierno se sabía que existían los “votos necesarios” en la Comisión Permanente.
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No obstante, el primer ministro enfatizó que ello no implica que algunos puedan lograr -cumpliendo los requisitos- su reincorporación mediante los mecanismos de reconsideración.
En tal sentido, Álvarez calificó como “desinformación” las versiones que señalaban que el Gobierno nacional no contaba con una posición definida sobre el tema y reafirmó que, en un Estado constitucional de derecho, no se puede permitir que miles de mineros ilegales pretendan seguir usufructuando, sin derecho alguno ni legitimidad, territorios que no les pertenecen.
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“Es un hecho [que se firme] en la medida en que la autógrafa que nos alcancen contenga los planteamientos que se han debatido y que técnicamente deben recoger el planteamiento del Ejecutivo. Mucho se habló de que el Ejecutivo no había tenido planteamiento o posición alguna, y eso es desinformación”, expresó.
“El Ejecutivo, desde un primer momento, tuvo el planteamiento que se alcanzó a cada una de las bancadas para efectos de que no se mantenga una línea dura, porque hay una minería artesanal e informal que sí quiere formalizarse y cumplir los estándares del pacto ambiental adecuado, pero también hay miles de mineros ilegales que lo quieren es seguir usufructuando sin derecho ni legitimidad alguna en territorios que nos les pertenecen, concesiones que no son suyas, con el solo afán de lucrar. Eso en un estado constitucional de derecho no se puede permitir”, agregó.
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Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación el dictamen que prolonga hasta el 31 de diciembre del 2026 el cuestionado Reinfo, que, según advierten expertos y organizaciones, es aprovechado por la minería ilegal.
La decisión se tomó por 13 a favor, 4 en contra y dos abstenciones. El pasado 4 de diciembre, el dictamen fue aprobado por el pleno del Parlamento con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.
