Con el último apoyo financiero del Estado, Petro-Perú acumula más de S/32 mil millones en aportes de capital, garantías y préstamos durante los últimos 14 años. La principal incertidumbre es si las medidas de reorganización de la empresa, establecidas en el Decreto de Urgencia (D.U.) 010-2025, continuarán bajo el próximo gobierno. Las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) sobre el futuro de Petro-Perú difieren sustantivamente. FP propone la apertura a la participación privada para mejorar su gestión, mientras que JPP busca el control estatal total de los hidrocarburos, con mayores costos y sin propuestas para mejorar la gobernanza de la empresa.
Los reiterados rescates del Estado distorsionan la lectura de la situación financiera de Petro-Perú. Si bien el resultado económico de la empresa fue positivo en el 2024 y el 2025, el BCR identifica que, sin el apoyo estatal, estos habrían sido negativos. Así, Petro-Perú acumularía 13 años consecutivos de resultados negativos. Peor aún, sin el aporte de capital de S/4 mil millones del 2022, el resultado negativo de dicho año (0,3% del PBI) hubiese sido tres veces mayor (0,9% del PBI).
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Los aportes de capital también sobreestiman el valor de Petro-Perú. Según los estados financieros de la empresa, a fines del 2025, su patrimonio –lo que resta luego de pagar todas sus deudas y liquidar sus activos– fue de US$1,96 mil millones, solo una cuarta parte de sus deudas (pasivo de US$7,8 mil millones). Sin embargo, si se restan los aportes de capital y el honramiento de las deudas asumidas por el Estado en los últimos años, el patrimonio de Petro-Perú sería negativo desde el 2024 y en el 2025 ascendería a -US$2,1 mil millones.
El costo de oportunidad de estos rescates es alto y la ciudadanía lo tiene claro. Según una encuesta de Ipsos de enero, el 84% de entrevistados respondió que estos apoyos no se justificaban y que debían haber sido destinados a otras necesidades como la educación (29%), la salud (28%) o el combate a la delincuencia (27%).
En esa línea, FP plantea no continuar con los rescates financieros y propone concentrar a Petro-Perú solo en la refinación y distribución de hidrocarburos, vender activos no estratégicos para reducir pasivos y desvincularla de la operación del Oleoducto Norperuano. Por el contrario, JPP señala que el Estado se reservará la gestión de los recursos energéticos, promoviendo el rol empresarial del Estado y calificando a Petro-Perú de “activo estratégico”. Sin embargo, no precisa cómo gestionará la deuda de la empresa, cómo logrará que sea sostenible sin más rescates del Tesoro Público o cómo la mayor actividad empresarial del Estado que pretende impulsar es compatible con la recuperación del equilibrio fiscal, en un contexto en el que los ahorros del sector público están en su menor nivel desde que se tiene registro.
Además…
88% de los principales economistas del país encuestados por el IPE está de acuerdo con la incorporación de capitales privados para mejorar la gestión interna de la petrolera estatal.
La frágil situación financiera, técnica y operativa de la empresa se desprende en buena parte de su debilidad institucional. Desde julio del 2021 hasta mayo del 2026, la empresa tuvo 10 gerentes generales y 13 presidentes de directorio, más que todo el quinquenio previo. Inclusive, solo desde inicios de este año, la empresa ha tenido dos gerentes y cuatro presidentes bajo el cargo. Ello en respuesta a los primeros avances en torno a las acciones establecidas en el D.U. 010-2025.
El proceso de construcción de la nueva Refinería de Talara evidencia esta debilidad. El costo del proyecto pasó de US$1.334 millones en el estudio de factibilidad inicial del 2007 a un desembolso final de US$6.530 millones, más de cuatro veces el estimado original, luego del rediseño del proyecto, acuerdos de compensación por demoras, costos para el cierre de la obra y el pago de intereses preoperativos.
Resolver la crisis financiera y de gobernanza de Petro-Perú requerirá mejorar la gestión. Así, casi el 90% de los principales economistas del país encuestados por el IPE está de acuerdo con la incorporación de capitales privados para mejorar la gestión interna de la empresa. Sobre este aspecto, solo FP está de acuerdo con incorporar participación privada en Petro-Perú. Por el contrario, JPP considera esta participación en el marco del D.U. 010-2025 como una privatización.
Además…
4 presidentes de directorio suma Petro-Perú solamente en lo que va del año.
Hacia los próximos años, la sostenibilidad de Petro-Perú según el IPE debe considerar al menos cuatro frentes: (i) asegurar una gobernanza sólida para garantizar la independencia de presiones internas o externas; (ii) reordenar su patrimonio para incorporar participación privada y garantizar su sostenibilidad; (iii) alcanzar su estabilidad operativa y comercial para contar con predictibilidad de ingresos y gastos; y (iv) como política de Estado, dinamizar el sector hidrocarburos.
Con miras a la segunda vuelta, solo FP se alinea con los frentes propuestos en esta hoja de ruta, como se evidencia en su apoyo en la participación privada en la empresa, su especialización operativa y la estructuración de activos. Además, plantea impulsar nuevas inversiones en el sector hidrocarburos que, en el último quinquenio, han sido menos de un tercio del monto promedio alcanzado en el período 2006-2011, aún con una recuperación del precio del petróleo. Por el contrario, en el fortalecimiento que Petro-Perú requiere JPP no considera la participación privada. Respecto a su operación, considera que su capacidad para producir debe extenderse en el corto plazo. Por último, JPP no ha precisado la necesidad de una mejor gobernanza interna en Petro-Perú.
