Este dato es un hecho: a un año del segundo período presidencial de Donald Trump, los ingresos por aranceles aduaneros en Estados Unidos superaron los US$200.000 millones. El aumento anual ha sido sustancial, y setiembre pasado fue uno de los meses de mayor recaudación (US$30.000 millones en apenas 30 días).
Este otro dato también es certero: el 96% del costo de dichos aranceles se ha trasladado de manera directa al bolsillo de los empresarios y consumidores estadounidenses, con lo cual, como bien lo explica el Instituto Kiel, esta recaudación “representa US$200.000 millones extraídos de empresas y hogares” del propio país.
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Los aranceles, en pocas palabras, se están comportando como un impuesto interno que castiga a la población; un autogol que ha abierto la puerta a que los costos de diversos productos continúen en aumento.
Lo explicó de manera clara el CEO de Amazon, Andy Jassy, a CNBC la semana pasada: la compañía más grande de e-commerce ya percibe cómo los aranceles se filtran en los precios de diversos productos, y cómo los vendedores enfrentan la encrucijada de subir los precios y arriesgar clientela, o absorberlos para no ver afectada su demanda.
Pese a la evidencia, el gobierno de Trump se ha negado a reconocer esta realidad y se ha enfocado, más bien, en seguir vendiendo el discurso populista de que los aranceles son el camino a seguir. El mandatario ha encontrado en su política arancelaria una herramienta muy efectiva de intimidación, que le ha permitido “tomar al toro por las astas” y que, hay que reconocerlo, ha sido exitosa en diversas oportunidades para lograr sus objetivos –independientemente de si las amenazas se cumplieron o si fueron un simple ‘bluff’–.
Pero aunque los aranceles funcionen como una táctica de presión a corto plazo, su costo real es peligroso e innegable. Continuar implementándolos es un riesgo que EE.UU. no debería correr.
