Esta es la tercera semana, querido lector, que dedico este espacio a la lucha contra la inseguridad ciudadana. El tema lo amerita.
La editorial de El Comercio del último viernes fue clara: el Gobierno comete un error al subestimar el malestar que alimenta las paralizaciones. Y comete también errores, y en distintos niveles, el ministro Santibáñez. En lo que va del Estado de Emergencia, la reducción del sicariato y las extorsiones es 7,2% y no 72%, como había dicho el titular del Mininter. Pequeña (gran) diferencia; el decimal se acerca a las percepciones de la ciudadanía sobre el manejo de esta emergencia de seguridad que enfrentamos.
Ante el desliz, corregirse era lo correcto, y así lo hizo el ministro, pero en medio de la segunda semana consecutiva de paralizaciones, hubiera sido oportuno también un ajuste de actitud. No todos están tan confiados como el ministro Santibáñez en la efectividad del Estado de Emergencia l. Peor aún, paciera que no existe un plan pensando, articulado y socializado con todos los involucrados.
Y aunque es cierto que no vamos a resolver los problemas de los últimos 10 años en los próximos 10 meses, sí exigimos, como mínimo, una evaluación honesta por parte de la autoridad encargada de la seguridad y orden público.
Aunque la campaña electoral aún no ha comenzado, seamos conscientes de que estamos en un momento clave en el que el disgusto, la insatisfacción y el hartazgo ciudadano son una herramienta poderosa para cualquiera que busque ocupar un puesto público de elección popular.
No alimentemos un caldo de cultivo reduciendo el sentir de quienes protestan, formales o informales. Si hay manifestaciones, quejas y reclamos, más vale que se hagan sentir fuerte y claro, y a vista y paciencia de todos. Minimizar solamente traerá consecuencias desalentadoras, decepción y cada vez mayores exigencias ciudadanas, que hasta ahora las autoridades –Ejecutivo y Legislativo– han demostrado que no tienen interés de cumplir.
