Un tribunal de Bolivia ordenó este lunes el encarcelamiento preventivo por seis meses del dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos que entre mayo y junio bloquearon carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dentro de una investigación por las afectaciones que dejaron esas protestas.
En una audiencia cautelar realizada esta jornada de forma virtual, “la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva de Vicente Salazar Limachi en el recinto penitenciario de Chonchocoro por el lapso de seis meses”, dijo a los medios el fiscal Walter Lora, integrante de la comisión del Ministerio Público encargada del caso.
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Lora informó que el fin de semana, tras la detención de Salazar, se presentó una imputación formal en su contra por los supuestos delitos de “instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte”.
Según el funcionario, el juzgado estableció “la existencia de suficientes elementos de convicción en cuanto a la probable comisión” de esos delitos e indicó que la Fiscalía fundamentó “la existencia de riesgos procesales” para pedir su encarcelamiento preventivo.
Agregó que se solicitó enviar al dirigente campesino a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, porque otro de los “coinvestigados” en este caso ya está detenido preventivamente en el penal de San Pedro, en la ciudad sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.
Salazar fue detenido el sábado por agentes policiales, cuando iba en un vehículo, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
El Ministerio de Gobierno (Interior), el denunciante en este caso, informó el sábado que el líder campesino está “identificado como uno de los dirigentes que tuvo participación en la organización y convocatoria” de los bloqueos de carreteras registrados durante más de 50 días en distintas regiones.
Los bloqueos fueron liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.
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El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.
También hay otra denuncia penal contra Salazar, Morales y el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, presentada por el Comité Cívico de la región oriental de Santa Cruz, por los supuestos delitos de “alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa”.
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