En la gestión de Jorge Torres se gastaron S/4,6 millones en contrataciones

Desde que el abogado Jorge Torres Saravia, a quien la fiscalía investiga por presuntamente encabezar una red de prostitución en el Congreso, fue nombrado jefe de la Oficina Legal y Constitucional (OLLC) del Legislativo, a fines de agosto del 2023, la cantidad de personal manejado por esa área aumentó y, en consecuencia, el gasto en remuneraciones. En total, se destinaron S/4′658.239 para el pago de la planilla registrada entre setiembre del 2023 y noviembre de este año (fue destituido en diciembre).

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Esa cifra, si se compara con el período anterior, de junio del 2022 a agosto del 2023, que equivale a los 15 meses que duró la gestión de Torres en la OLLC (incluyendo los dos meses que el abogado trujillano José Rubio Preciado lo reemplazó en el cargo), es mayor en S/1′053.635, según una revisión realizada por este Diario.

Entre junio del 2022 y agosto del 2023, el gasto en salarios de la OLLC fue de S/3′604.604.

En la etapa de Torres, la Oficina Legal y Constitucional pasó de tener 25 a 33 empleados en total. Las cifras incluyen las áreas de Asesoría Jurídica y Defensa de las Leyes, unidades orgánicas que son parte de la OLLC, que a su vez tiene un grupo de trabajadores; es decir, como si fuese un área más (ver detalles en la línea de tiempo).

—Los inicios—

El 21 de agosto del 2023, en el primer mes de la gestión de Alejandro Soto (de Alianza para el Progreso, APP) como presidente del Legislativo, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, firmó la resolución con la que Torres fue designado jefe de la OLLC. Antes había sido asesor principal del congresista Idelso García (APP).

Hasta setiembre no se registraron cambios en la OLLC. La cantidad de trabajadores se mantuvo en 25, como en los meses anteriores. Esto empezó a cambiar en octubre del 2023, cuando el número de empleados aumentó a 30. El incremento se dio, sobre todo, en el Área de Defensa de las Leyes. Ahí se incorporó a Andrea Vidal Gómez con el cargo de profesional, con un sueldo de unos S/7.000 (luego pasó a la OLLC como profesional con un salario de S/10.400). Vidal, a quien se vinculó con la red de prostitución, murió el 17 de diciembre, una semana después de que sicarios balearan el taxi que la transportaba.

En octubre, Karla Ruiz Ponce obtuvo el mismo cargo que Vidal. Ponce es abogada egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, ubicada en Trujillo (La Libertad), donde Torres trabajó y reside, según su Reniec.

Además de Vidal y Ruiz, otras siete personas fueron contratadas por la OLLC en octubre, mes en el que Torres realizó más modificaciones de personal.

El jueves 26, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso que se centró en el escándalo de la presunta red de prostitución, Torres aceptó que recomendó a por lo menos cuatro personas, entre ellas Karla Ruiz. “Propuse como cuatro o cinco personas. Los nombres, los dije inicialmente: Arturo Benites, Óscar Ayala, Karla Ruiz, Carlos…”, respondió.

El Comercio verificó que Arturo Benites Goicochea y Óscar Ayala Ledesma se integraron a la oficina en octubre del 2023. Ambos son de Trujillo. Carlos Castro Cruzado, quien trabajó como auxiliar en Defensa de las Leyes, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad César Vallejo (UCV).

–Salida y retorno–

A mediados de febrero del 2024, Torres renunció a la Oficina Legal y Constitucional porque quería convertirse en procurador del Congreso, según fuentes de este Diario. Como no accedió al puesto, en mayo retornó a la OLLC. Mientras no estuvo ahí, José Rubio Preciado, abogado de la Universidad Nacional de Trujillo, asumió la OLLC (solo estuvo dos meses).

En la Comisión de Fiscalización, a Torres le consultaron por unos chats de WhatsApp con Rubio (los chats, a los que El Comercio accedió, corresponden a abril de este año, cuando Torres no era jefe de la OLLC). En el diálogo, Torres le pedía apoyo a Rubio para justificar la ausencia de la ‘China’, como se conocía a Andrea Vidal.

Torres contestó: “Nunca he tratado de justificar alguna falta de algún trabajador […]. Voy a solicitar el Ministerio Público que verifique la veracidad de esos chats”.

En abril, mientras Rubio era jefe de la OLLC, Alexandra Gil Ramírez, quien niega que existiera una red de prostitución en el Congreso, fue contratada en el Área de Defensa de las Leyes por unos S/4.500.

Respecto a la contratación de Gil, Torres dijo: “Es una persona bachiller en Derecho y el cargo que ocupó fue de técnico. […] ¿A quién sacó o quién salió? No salió nadie. Simplemente, por requerimientos en su momento se le contrató a ella. Es una persona que tiene tres idiomas, que tiene experiencia”.

En mayo, con Torres de regresó a la OLLC, el incremento de personal continuó. Pasó a tener 33 trabajadores en total, lo que implicaba un gasto mensual de más de S/351.000. Ese mes, solo la Oficina Legal y Constitucional pasó a tener 12 empleados. Desde el 2022, esa área había tenido entre cuatro o cinco trabajadores como máximo. Los otros 21 trabajadores eran de Asesoría Jurídica y Defensa de las Leyes.

“¿Cuánto personal tengo en mi oficina? Desde que yo estuve un promedio de 28 a 30 personas, entre nombrados y contratados. ¿Cuántos son mujeres? Han sido promedio de 14, 15″, dijo Torres en Fiscalización.

El 13 de diciembre, en medio del escándalo sobre la presunta red de prostitución, Torres fue retirado de su cargo.

—”Era su chacra”—

En la sesión de la Comisión de Fiscalización se presentó el oficial mayor Giovanni Forno, quien respondió por qué Torres volvió a la OLLC en mayo.

“El director general de Administración, el señor Carlos Pais Vera, me indicó que, si bien es cierto el señor [José] Rubio era un profesional competente, no respondía con la agilidad y la rapidez que se requería para los procedimientos administrativos que están a su cargo y me sugirió que podría hacerse un cambio y retornar el anterior jefe [Jorge Torres]”, dijo.

Desde abril, Pais es director general de Administración del Congreso. Él ha sido vinculado a APP porque fue apoderado de una empresa de Richard Acuña, hijo del líder del partido, César Acuña.

Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, consideró que APP tiene responsabilidad en la situación de la OLLC: “Esas jefaturas no caen del techo. […] Son cargos de confianza […]. Te propone la Mesa Directiva, pero está claro que esa área era un nicho, una chacra de APP. Por eso ese señor [Jorge Torres] entraba y salía como si fuera su chacra”.

Consultado por El Comercio sobre el incremento del gasto por remuneraciones, señaló que evidenciaría “el poder que [Torres] tenía en la Mesa Directiva, que permitió el aumento de más de un millón de soles […]. Una jefatura que no tiene respaldo de la Mesa Directiva para inflar de esa manera injustificada su presupuesto no lo hubiese podido hacer. Esto demuestra la complicidad con la Mesa Directiva”.

“APP preside la Mesa Directiva actualmente y en la gestión anterior. Es el que propuso estos cargos de confianza […]. Así que el responsable de colocar en ese alto cargo a una persona no idónea es APP”, concluyó.

Este Diario buscó el descargo de Torres a través de su abogado Benji Espinoza, pero no contestó los mensajes que le mandamos.

Figueroa, la jefa de Recursos Humanos del Congreso ligada a APP

Otra alta funcionaria del Congreso que se presentó en la Comisión de Fiscalización fue Haidy Figueroa Valdez, jefa de Recursos Humanos del Parlamento desde abril de este año.

Figueroa está vinculada a Alianza para el Progreso, a la Universidad César Vallejo y al Gobierno Regional de La Libertad.

En el partido político milita desde el 2014 y en el centro de estudios fue directora de Extensión y Proyección Universitaria entre el 2009 y 2019.

En el 2015, Figueroa coincidió con Jorge Torres Saravia en el GORE de La Libertad. Ese año fue subgerenta de Inclusión Social, cuando César Acuña era gobernador. Era un cargo de confianza, por el que recibía unos S/3.500 de sueldo. En el 2016, el ahora secretario general de APP, Luis Valdez, asumió como gobernador ante la renuncia de Acuña. En noviembre de ese año, Figueroa se convirtió en la subgerente de Recursos Humanos, con un salario de S/7.000.

Figueroa dio el salto al Congreso como jefa de Recursos Humanos cuando Alejandro Soto era titular de la Mesa Directiva. Su sueldo es de más de S/19.000.

En la Comisión de Fiscalización, Figueroa contestó sobre las cuestionadas contrataciones de la Oficina Legal y Constitucional. Dijo que “cada jefe determina cuáles son los términos de referencia según sus necesidades. Estos términos de referencia llegan hasta la Oficialía Mayor y regresan, a través de la Dirección General de Administración, al departamento de Recursos Humanos, autorizando o no autorizando esos términos de referencia”. Lo dijo luego de que Jorge Torres buscara responsabilizar a su área por las contrataciones de la OLLC.

Para el ex consejero regional de La Libertad Greco Quiroz, es evidente el nexo entre los personajes ligados al caso de la presunta red de prostitución y APP.

“Alejandro Soto, así como designó a Jorge Torres Saravia, también designó como jefa de Recursos Humanos nada menos que a Haidy Figueroa Valdez, de APP, subgerente de la gestión [de Luis Valdez] en La Libertad […] Es clarísima la vinculación entre quién nombra, contrata, quién pide las contrataciones y la encargada de Recursos Humanos”.

En diálogo con El Comercio, Luis Valdez indicó: “Como partido no he tenido ningún tipo de intervención en la designación de Haidy Figueroa Valdez. No somos familia. No tengo mayor vinculación con ella. No tengo tampoco relación personal, social, familiar”.

“Ella me parece que ha ingresado en la gestión del presidente Alejandro Soto, él ha hecho una evaluación, supongo, de los currículum que le llegan […] y habrá tomado una decisión”, refirió.