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Un subsidio estatal de hasta un año para la contratación formal de jóvenes de 18 a 25 años en el sector privado fue una de las propuestas presentadas por Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, durante el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El incentivo cubriría el 40% de una remuneración equivalente al costo de la canasta básica familiar, estimada en aproximadamente en S/1.800, y llegaría al 50% para jóvenes con responsabilidades familiares.
Un subsidio estatal de hasta un año para la contratación formal de jóvenes de 18 a 25 años en el sector privado fue una de las propuestas presentadas por Mayen Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, durante el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El incentivo cubriría el 40% de una remuneración equivalente al costo de la canasta básica familiar, estimada en aproximadamente en S/1.800, y llegaría al 50% para jóvenes con responsabilidades familiares.
En su presentación, se indicó que el 76% de los jóvenes que trabajaban se desenvuelven en el sector informal y que, entre el 2019 y el 2025, se perdieron 276 mil empleos juveniles. Ugarte destacó la importancia de facilitar el ingreso al mercado formal. “Hay varias estadísticas que muestran que cuando el joven comienza en el mundo formal, es mucho más probable que se quede en él”, sostuvo.
Según la propuesta, el subsidio no recortaría los derechos laborales del joven contratado. Ugarte explicó que el objetivo es facilitar su inserción laboral y darle tiempo para adquirir habilidades dentro de la empresa.
El incentivo se complementaría con un esquema de formación dual para jóvenes de 18 a 25 años, que combinaría enseñanza teórica en una institución educativa licenciada con formación práctica en una empresa.
En ese esquema, el Estado otorgaría un bono de capacitación de hasta S/800 por aprendiz para financiar la formación técnica. Durante el convenio, que duraría al menos tres meses, el joven recibiría una asignación no menor al 50% de la remuneración mínima vital y contaría con seguro de salud.
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Ugarte planteó que las empresas participaran en la definición de las habilidades que enseñarían las instituciones educativas, de acuerdo con los puestos que necesitan cubrir. Además, sugirió la creación de créditos educativos respaldados por un fondo de garantías compartido entre el Estado y las instituciones educativas, así como un mecanismo de becas financiadas por empresas y administradas por Pronabec.
Otra medida presentada fue reforzar el portal Mi Carrera con información actualizada anualmente sobre empleabilidad, ingresos y trayectorias educativas. La intención del portal es que los jóvenes pudieran comparar opciones antes de elegir qué y dónde estudiar.
Durante un panel de discusión posterior a la presentación de Ugarte, Gustavo Yamada, vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico, consideró que la capacitación debía responder a las necesidades de contratación de las empresas. “Lo importante es que no sea la oferta la que guía en qué capacitar, sino que sea la demanda, que sean las empresas las que guíen las competencias que se necesitan”, afirmó.
Diego Macera, director del IPE y del Banco Central de Reserva (BCR), por su parte, señaló que el Estado debía articular la formación con las necesidades de las empresas. Además, advirtió que la información sobre ingresos de los egresados debía interpretarse considerando que el portal recogía datos, únicamente, del sector formal.
Entre las medidas que buscan elevar la productividad figuraron reglas más claras para deducir los gastos de capacitación de las empresas y bonos no remunerativos vinculados a metas verificables, con límites y condiciones para evitar que los bonos sustituyeran el salario.
También se planteó modificar la distribución de utilidades: el 75% se asignaría según remuneración y productividad, y el 25% según los días efectivamente trabajados.
En fiscalización, Ugarte planteó que Sunafil concentrara más inspecciones en sectores y zonas con alta informalidad, e incorporara la promoción de la formalización entre sus funciones expresas. Ugarte cuestionó que la fiscalización se enfoque principalmente en empresas que ya son formales. “La multa debe ser la última razón, la primera debe ser cómo te ayudo a cumplir”, señaló.
Las medidas incluyeron una mayor coordinación entre Sunafil, Sunat, EsSalud y otras entidades para compartir información y evitar duplicidades. Asimismo, se planteó prohibir incentivos vinculados al monto de las multas y crear un sello voluntario para reconocer a las empresas que mantuvieran el cumplimiento de la normativa laboral, y de seguridad y salud en el trabajo.
(Foto: Difusión)
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Ugarte también presentó una propuesta para modificar el artículo 27 de la Constitución y la legislación laboral, a fin de establecer la indemnización como reparación general ante los despidos arbitrarios, incausados o fraudulentos. La reposición quedaría reservada para los despidos nulos. La propuesta también contempló elevar los montos indemnizatorios.
Yamada consideró que esta era la medida más potente de las presentadas y planteó ampliar los acuerdos para impulsarla. “Deberíamos ampliar el consenso a más estamentos de la sociedad peruana para sacar adelante esta reforma de la Constitución”, sostuvo.
Macera planteó evaluar si una nueva interpretación del Tribunal Constitucional permitiría abordar el cambio. Ugarte respondió que, por el tiempo que llevaba aplicándose el criterio vigente y las controversias que podría generar su modificación, consideraba necesaria una reforma constitucional.
Ugarte sostuvo que, mientras se debatía esa reforma, las medidas dirigidas a los jóvenes podían avanzar primero. “Creo que el tema de los jóvenes es lo más importante que podemos hacer ahora”, dijo.
El Instituto Peruano de Economía organizó el evento “Agenda de Reformas Prioritarias para el Perú: Mercado Laboral, Seguridad y Descentralización”, que se realizó en el Hotel Sonesta. Así, distintos especialistas en las materias mencionadas intercambiaron ideas sobre las acciones que se podrían implementar para generar un impacto positivo en el bienestar de los peruanos. Participaron también Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología; Daniel Heroza, director del Centro de Estudios de la Mype; Carla Campos, presidenta de AGREMUB; Paola Bustamante, directora de Hágase Instituto y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Carlos Casas, director del Centro de Estudios en Energía Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico; y Yamila Osorio, exgobnerandora regional de Arequipa y coordinadora nacional de Cultura Democrática.
