Perú enfrenta recurrentemente emergencias y desastres climáticos, con impactos relevantes sobre la infraestructura, la actividad productiva y el bienestar de los hogares. Recientemente, y como en repetidas ocasiones ante la amenaza de lluvias intensas, el Gobierno decretó estado de emergencia, esta vez sobre más de 170 distritos. El problema principal no es la ocurrencia de los choques climáticos, sino la brecha de preparación del Estado y las deficiencias en la gestión adecuada y oportuna del riesgo.
Perú enfrenta recurrentemente emergencias y desastres climáticos, con impactos relevantes sobre la infraestructura, la actividad productiva y el bienestar de los hogares. Recientemente, y como en repetidas ocasiones ante la amenaza de lluvias intensas, el Gobierno decretó estado de emergencia, esta vez sobre más de 170 distritos. El problema principal no es la ocurrencia de los choques climáticos, sino la brecha de preparación del Estado y las deficiencias en la gestión adecuada y oportuna del riesgo.
La frecuencia de desastres se ha incrementado en los últimos 20 años. Según Indeci, las emergencias por desastres se multiplicaron por más de cuatro entre 2003 y 2024, al pasar de 3.300 a casi 14.000 cada año. Este aumento se observa en diferentes fenómenos climatológicos como lluvias intensas, vientos fuertes y las bajas temperaturas (heladas), que en conjunto concentran más de la mitad de las emergencias registradas.
En esta tendencia destaca el avance de las lluvias intensas: se incrementaron en casi diez veces y, al 2024, representan más de la tercera parte de las emergencias. Esto eleva la probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Además, las lluvias intensas se concentran en pocas regiones: en los últimos 5 años, Ayacucho (18%), Cajamarca (12%) y Huancavelica (12%) concentran casi la mitad de los registros.
El riesgo tampoco impacta de manera homogénea. Entre 2015 y 2024, el 23,1% de los hogares rurales reportó haber sido afectado por desastres naturales, más de 6 veces que en las zonas urbanas, evidenciando una mayor exposición y vulnerabilidad. Asimismo, la respuesta frente a estos eventos recae principalmente en las personas. Según el INEI, las estrategias más frecuentes para afrontar la emergencia son el apoyo de familiares (19,2%), la reducción del consumo de alimentos u otros gastos (12,6%) y el uso de ahorros o capital (8,5%). En contraste, la asistencia pública cumple un rol limitado: solo el 4,1% de los hogares reportó haber recibido ayuda del gobierno.
Enfen prevé que, desde marzo, podrían darse condiciones cálidas débiles asociadas a un posible fenómeno de El Niño costero también débil. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui
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Impactos y respuesta estatal
En línea con el pronóstico de lluvias entre febrero y abril de 2026, el Cenepred estima que 11,2 millones de personas están expuestas a inundaciones. Asimismo, la infraestructura también enfrenta una alta vulnerabilidad: más de 35,5 mil colegios, 7,3 mil hospitales y 3,6 millones de viviendas están expuestas a riesgo de inundación. Los daños potenciales no se limitan a la infraestructura, sino que también amenazan la producción. Según Cenepred, cerca de 2 millones de hectáreas de superficie agrícola están expuestas a riesgo por inundaciones, y las regiones con mayor proporción de áreas en riesgo son Ica, Lambayeque y Tumbes.
Pese a este escenario, solo 30,5% de las entidades públicas cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres aprobado y vigente. Esta brecha limita la capacidad estatal para prevenir y mitigar impactos, al no aprovechar herramientas como catastros, planes urbanos e identificación de zonas vulnerables. Esto es clave para restringir la expansión en zonas de alto riesgo. Así, Carlos Rueda, director general de Escuela R estima que, si se priorizara el desarrollo de planes de gestión del riesgo en las 100 municipalidades más vulnerables, se cubriría al 50% de la población total.
A esta debilidad se suma una trayectoria de inversión pública que no ha acompañado el aumento del riesgo. En los últimos 10 años, la inversión pública real para la gestión del riesgo de desastres se mantuvo en torno a S/741 millones anuales. Aunque hubo mejoras en la capacidad de ejecución, la asignación presupuestal para 2026 (S/ 714 millones), un monto 31% menor a 2024, se mantuvo consistente con el monto promedio de ejecución anual.
La creciente exposición a choques climáticos exige que la prevención y reducción del riesgo ocupen un lugar central en la agenda pública. De cara al proceso electoral, sorprende, de los 35 planes de gobierno presentados, cinco (Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Patriótico, Partido Unido Perú, Perú Acción y País para Todos) no incluyan propuestas sobre gestión de desastres. Fortalecer la planificación, fomentar una cultura de aseguramiento frente a riesgos en el Estado y orientar la inversión hacia infraestructura resiliente no solo reduce las pérdidas, sino que también disminuye los costos fiscales y sociales asociados a la atención de emergencias.
