Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Solo 9 de las 36 planchas presidenciales inscritas para las elecciones generales 2026 han cumplido con presentar su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad del organismo electoral.
Solo 9 de las 36 planchas presidenciales inscritas para las elecciones generales 2026 han cumplido con presentar su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad del organismo electoral.
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De acuerdo con el reporte actualizado al 20 de marzo, el nivel de cumplimiento alcanza apenas el 23.08%, mientras que 27 agrupaciones políticas aún no han presentado la información requerida dentro del plazo inicial establecido.
Menos del 25% de planchas cumple con reportar gastos de campaña.
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Ante este escenario, la ONPE decidió ampliar de manera excepcional el plazo de entrega hasta el 27 de marzo, con el objetivo de que las organizaciones políticas cumplan con esta obligación de transparencia.
El informe financiero debe detallar los aportes, ingresos y gastos realizados durante la campaña, desde el 26 de marzo de 2025 —fecha de convocatoria a elecciones— hasta el 13 de marzo de 2026.
Solo 9 agrupaciones políticas entregan información a la ONPE.
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Esta información será revisada por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, instancia encargada de fiscalizar el financiamiento político y verificar el cumplimiento de las normas vigentes.
Según lo establecido, la presentación corresponde a las planchas presidenciales y debe ser realizada por el tesorero de cada organización política. No obstante, la obligación también alcanza a los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, quienes deben reportar sus propios ingresos y gastos de campaña.
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El bajo nivel de cumplimiento registrado hasta el momento pone en evidencia los desafíos en materia de transparencia electoral, en un contexto en el que la rendición de cuentas es clave para garantizar la legalidad del financiamiento político.
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