Se trata del Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática. Ningún partido propone una solución integral para la minería ilegal. En inseguridad ciudadana, pocas propuestas articulan un conjunto de medidas para prevenir y perseguir el delito.
Las economías ilegales son uno de los principales desafíos económicos y de seguridad del país. En 2024, actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal. Para 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, 55% por encima del año previo e igualando en toneladas al oro legal exportado. Este avance se ha articulado con redes criminales, agravando los problemas de seguridad en diversas regiones del país.
En este contexto, la mayoría de los partidos políticos en carrera plantea respuestas centradas principalmente en medidas punitivas. De los 35 partidos analizados, 27 proponen estrategias de interdicción o fiscalización de la minería informal e ilegal. Sin embargo, son pocas las propuestas que abordan el problema desde una perspectiva preventiva o que consideran toda la cadena de valor del oro. Por ejemplo, solo 18 partidos proponen mejorar la trazabilidad del mineral, clave para evitar que el oro de origen ilegal ingrese a los circuitos formales.
Otro frente crítico es la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Aunque 15 partidos plantean mecanismos para avanzar en este proceso, solo seis —Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática— proponen eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o establecer plazos límite definidos e improrrogables, pese a su fracaso.
Adicionalmente, apenas cinco partidos contemplan medidas para fortalecer la articulación entre las entidades públicas encargadas de combatir la minería ilegal; cuatro plantean iniciativas de desarrollo alternativo para las zonas afectadas; y solo uno propone reforzar la presencia del Estado y la provisión de servicios básicos en territorios vulnerables.
Un bosque talado en una concesión forestal cerca de La Pampa. La minería ilegal avanza sobre los bosques para instalar sus actividades. Foto: Max Cabello OrcasitasUn bosque talado en una concesión forestal cerca de La Pampa. La minería ilegal avanza sobre los bosques para instalar sus actividades. Foto: Max Cabello Orcasitas
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Enfrentar este problema requiere de una estrategia integral. El IPE considera siete ejes clave: formalización efectiva, trazabilidad del oro, interdicción y fiscalización permanentes, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y mayor presencia del Estado en los territorios afectados. No obstante, ningún partido presenta propuestas en siquiera seis de estos ejes. Peor aún, siete partidos no presentan propuestas que aborden ninguno de ellos.
Impulsadas en parte por las economías ilegales, en los últimos cinco años las denuncias por extorsión se han multiplicado por diez y la inseguridad se consolidó como el problema que más preocupa a los peruanos. En esa línea, 34 planes de gobierno incluyen propuestas para enfrentarla, con diversas iniciativas: desde la construcción de más cárceles y el endurecimiento de penas, hasta la incorporación de nuevas tecnologías, como herramientas de inteligencia artificial o drones para la vigilancia.
Sin embargo, uno de los principales desafíos para combatir la criminalidad es la falta de articulación entre las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Sus carencias presupuestales, de infraestructura y equipos, además de experimentar constantes crisis institucionales, han afectado una ya retadora coordinación. Las consecuencias son evidentes: el fuerte incremento de las denuncias por extorsión desde 2022 ha hecho que estas sean cuatro veces mayores que las personas encarceladas con sentencia por este delito.
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Frente a este problema, si bien 22 partidos proponen el desarrollo de sistemas de información compartida, son menos los que articulan un conjunto de medidas para fortalecer la coordinación interinstitucional. El desafío es grande: en 2023, por ejemplo, una de cada tres comisarías no tenía acceso a la base de datos de Reniec, y solo el 17% podía entrar al registro de detenidos y sentenciados a prisión.
La expansión de las economías ilegales y la inseguridad ciudadana plantea uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. Si bien la mayoría de los planes incorpora propuestas, ninguna es integral para enfrentar la minería ilegal y pocas articulan un conjunto de medidas para prevenir y perseguir el delito. En un contexto de rápida expansión del crimen organizado, entenderlo y atenderlo con medidas adecuadas e integrales es clave para evitar que sigan erosionando el desarrollo del país.
