Los tiempos para ajustes electorales son cortos. Para abril del 2025 –un año antes de los comicios generales 2026–, las reglas electorales deben estar establecidas y no se podrá realizar ningún cambio adicional. El Congreso sesiona hasta diciembre próximo y luego se va de receso hasta marzo del 2025, con lo cual se cuenta con un promedio de dos meses para afinar las últimas modificaciones a las reglas de juego.
En ese sentido, la Comisión de Constitución cuenta con ocho puntos en agenda que buscará debatir en el pleno en el tiempo que queda. Lo difícil, según reconoció el propio presidente de este grupo, Fernando Rospigliosi, es que no se tienen claros los consensos entre bancadas, debido a sus propios cálculos electorales.
—Las prioridades—
Rospigliosi sí tiene claro las dos fórmulas urgentes para las cuales buscará el consenso del pleno. La primera está relacionada al financiamiento de los partidos en campaña.
La Comisión de Constitución acaba de aprobar un dictamen donde el punto más resaltante es que las empresas privadas puedan volver a realizar aportes a campañas políticas, así como que se eleve el tope del monto dado por una persona natural y jurídica a una organización política. “Sirve como alternativa para que las empresas privadas formales puedan financiar de manera transparente a los partidos políticos. La tala ilegal, la minería ilegal han estado aprovechándose de la prohibición para financiar a partidos, han sido estas economías ilegales las que han financiado a políticos”, explicó Alejandro Muñante, autor del proyecto.
Existen otros puntos de la fórmula que son cuestionables y deberán ser revisados en el pleno. El especialista en temas electorales José Manuel Villalobos alertó que es un retroceso que se proponga considerar una falta administrativa que los partidos no declaren los aportes que reciban o el exceso del tope.
El otro punto prioritario para Rospigliosi es la valla electoral. Indicó que se está planteando 5% de votos en diputados y senadores, y 5% de escaños en cada cámara. Además, se revierte la normativa actual y se establece que, para conformar una alianza electoral, se eleva la valla 1% indistintamente del número de partidos políticos que integren la alianza (antes era un punto por cada partido aliado).
Existen otros puntos pendientes donde los debates ya se encuentran avanzados. Entre estos se encuentran los nuevos impedimentos para postular a cargos públicos, donde se plantea ampliar los delitos que impliquen atentados contra la democracia, como rebelión y sedición. Esto se debatió en el pleno, pero no se han obtenido los consensos y se requieren 87 votos al tratarse de una reforma constitucional.
Otra propuesta que no obtuvo consenso para los 87 votos es la reforma que propone la restitución de la reelección de alcaldes y gobernadores. El pleno no alcanzó las adhesiones necesarias para la ratificación en segunda votación, y el tema ha quedado en el limbo, pues se presentó una reconsideración.
La principal barrera para esta fórmula son Acción Popular y Podemos. Julio Chávez, presidente de Acción Popular, ha reiterado en varias ocasiones que su partido considera que esto se debería aprobar a partir del 2027, y no para los comicios del 2026. En el pleno, solo la mitad de la bancada (cinco de diez) respaldó la fórmula.
En el caso de Podemos, su secretario general, José Luna, ha asegurado que también consideran que debería aprobarse para el 2026. Diversas bancadas indican que este grupo había condicionado su voto a la aprobación de otra norma que propone ampliar el plazo de afiliación para postular en los próximos comicios del 2026 (tanto en las generales como en las subnacionales).
—Cambios con riesgos—
El plazo para afiliarse a un partido y postular en el 2026 venció en julio (para elecciones generales) y en octubre (para elecciones subnacionales). A la fecha, se han presentado cuatro iniciativas (tres de estas provenientes de Podemos) que proponen ampliar el plazo hasta el próximo año.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se ha pronunciado en contra de la iniciativa, alegando que “no habría estabilidad en las normas electorales”.
Al respecto, el especialista José Manuel Villalobos alertó que esta iniciativa implica otros riesgos como darle la oportunidad a Antauro Humala para que se afilie a otro partido y así poder postular en el 2026. Esto debido a que su actual grupo –que lleva su nombre en forma de acrónimo– ha sido declarado ilegal en un reciente fallo del Poder Judicial.
Por otro lado, Villalobos indicó que la propuesta para entregar las actas electorales a las Fuerzas Armadas y guardar las cédulas no tendría mayor efecto y, por el contrario, generaría bastantes problemas. “No tiene un fin práctico, sobre todo ahora donde está de moda gritar fraude”, advirtió el abogado especialista.
De igual manera, Villalobos indicó que la propuesta aprobada para cambiar la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no afectará el proceso electoral. El especialista finalizó anotando que es mejor tener las reglas claras desde ya, debido a que el máximo ente electoral debe implementarlas.
