Una revisión a los dos últimos procesos electorales anticipan el escenario poco transparente que se puede enfrentar en el actual proceso electoral. En 2020, el 36,78% de los candidatos congresales no presentaron sus reportes de campaña en la única entrega obligatoria; y en 2021, el 24,87% no lo hizo en la primera entrega y el 33,17% tampoco lo hizo en la segunda entrega.
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El panorama de poca transparencia también ocurre en los candidatos que sí entregan sus reportes. Solo en el proceso electoral 2021, los candidatos que declararon haber recibido cero soles para su campaña superaron el 30%, tanto en la primera y segunda entrega.
Si sumamos los que declararon haber realizado su campaña con cero soles y los que no entregaron sus reportes, tenemos que no existió transparencia real sobre el financiamiento en más del 50% de candidaturas parlamentarias.
Deudas pendientes
Existe un proceso sancionador para los candidatos que no presenten sus reportes de campaña, pero los antecedentes demuestran que la mayoría opta por no pagar las multas impuestas. Información oficial de la ONPE, obtenida por este Diario, muestra que, de los 398 candidatos sancionados de las elecciones 2020, solo 34 cancelaron la multa. Del proceso electoral 2021, solo 29 de los 266 sancionados cumplieron con pagar.
La problemática de los infractores se visualiza mejor cuando se compara los montos. Los 364 infractores del 2020 que no han pagado, acumulan una deuda superior a los S/ 14 millones; mientras que los 266 infractores del 2021 acumulan una deuda superior a los S/ 4.5 millones. En total, la ONPE aún tiene por cobrar casi S/ 19 millones.
Entre los infractores que registran deudas, la Unidad de Investigación ha detectado al menos 22 casos de candidatos que han vuelto a presentarse como candidatos en el actual proceso electoral 2026.
En la lista figuran nombres como el de Jorge Morante, actual legislador de Somos Perú que postula a la reelección como Senador por Loreto. Morante, quien accedió a una curul en 2021 con Fuerza Popular, fue sancionado por la ONPE en 2022 con una multa de más de S/ 30 mil. El legislador apeló en base utilizando como base una ley que aprobó el actual Congreso, y en 2025 logró que redujeran su multa a menos de la mitad.
Sumado a esto, el legislador Morante solicitó un fraccionamiento, el cual le fue concedido por la ONPE el pasado 14 de enero, con lo cual pagará la sanción de S/ 14 mil en 25 cuotas -de menos de S/ 600- hasta inicios de 2027. Consultado al respecto, Morante responsabilizó a su “encargado de campaña” por no haber presentado el registro, precisando que él mismo no pudo realizar el trámite por su discapacidad visual.
En la lista de infractores que buscan volver a postular también figura Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala quien postula al Senado Nacional con Juntos por el Perú. En 2022, el patriarca de los Humala recibió una multa superior a los S/ 40 mil, que le fue recalculada un año después. Pese a que logró una reducción, Humala Núñez impugnó y el caso se elevó al Jurado Nacional de Elecciones.
Los partidos izquierdistas son los que más casos acumulan en este rubro de candidatos que no han transparentado sus ingresos en campañas pasadas. Juntos por el Perú registra tres casos al igual que Venceremos, y Ahora Nación suma otros dos casos. En Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo se mostró sorprendido y aseguró que no tenía obligación de presentar reporte de financiamiento en 2021 debido a que renunció a su candidatura.
Otro rostro conocido en la lista es Juan Sheput, quien aseguró haber pagado su multa, pero responsabilizó al partido con el que postuló por no entregar su reporte en 2020. “Me parecen desproporcionadas y abusivas las multas de la ONPE”, refirió.
En Podemos, Roger Najar, exlegislador vinculado al gobierno de Pedro Castillo, postula pese a haber sido sancionado con más de S/ 15 mil por no entregar su reporte de campaña en 2021.
Riesgos
José Tello, exministro de Justicia, indicó que la ONPE no cuenta con la capacidad logística para poder fiscalizar a los candidatos al Congreso. “Si bien se trata de obtener una trazabilidad de los ingresos, otro problema real viene con los egresos de campaña que pueden ser destinados a una serie de bienes y servicios cuya trazabilidad de gasto no se detecta con facilidad”, explicó.
A modo de ejemplificar la complejidad, Tello expuso un caso: “un candidato manda a hacer 10.000 postoras y solo reporta 1.000, surgiendo la pregunta: ¿cómo se detecta en el campo esa situación?“.
Silvia Guevara, abogada especialista en materia electoral, recordó que el dinero proveniente de actividades ilegales siempre opta por la entrega física de dinero. “A esto se suma que los bancos privados han puesto límites y trabas, incluso a las organizaciones políticas, para aperturar cuentas por el temor a la Unidad de Inteligencia Financiera”, anotó. Para Guevara, la clave está en el seguimiento de los aportes en especies, pero la situación se torna compleja para la ONPE porque tenemos el triple de candidatos.
Ambos coincidieron que el mayor riesgo será el ingreso de dinero de economías ilegales o de sectores informales. “En rigor, ambas fuentes de recursos pueden entrar en una campaña electoral sin mayor problema. El gasto en campaña es muy difícil de rastrear”, dijo Tello.
OPINIÓN
UN PELIGRO REAL
Por José Manuel Villalobos, Director de la consultora #DatoElectoral Perú
En las elecciones de abril, el dinero volverá a ser un actor silencioso pero decisivo. No se trata solo de cuánto cuesta una campaña, sino de quiénes son los financistas y cuáles son sus intereses. En un país donde un amplio sector de la economía se mueve en la informalidad —y otro en la ilegalidad—, el riesgo de que esos sectores busquen representación política es un peligro real.
La ONPE tiene hoy un marco normativo más exigente y herramientas tecnológicas que hace algunos años no existían. Sin embargo, la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿alcanza su capacidad operativa para fiscalizar miles de candidaturas congresales, aportes fragmentados, servicios valorizados “al ojo” y reportes que llegan cuando la campaña ya terminó? La fiscalización ex post sirve, pero no previene el daño.
El problema no es solo de control, sino de incentivos. Campañas cada vez más personalistas, con partidos débiles, empujan a los candidatos a financiarse como puedan y cuando puedan. Allí es donde el dinero opaco encuentra espacio: pequeños montos, muchos aportantes, familiares, intermediarios, favores que no figuran en ningún reporte.
Hablar de financiamiento político no es un debate técnico ni reservado a expertos. Es una discusión democrática de fondo. Sin reglas claras, fiscalización efectiva y sanciones creíbles, el riesgo no es solo que entre dinero mal habido, sino que la política termine respondiendo a quienes financian con ese dinero. Y cuando eso ocurre, la factura siempre la paga el ciudadano.
