Los gremios empresariales y productivos del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su “preocupación y enérgico rechazo” por las irregularidades durante las Elecciones Generales, solicitando medidas urgentes para garantizar la transparencia del proceso entre ellas una auditoría internacional.
Los gremios empresariales y productivos del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su “preocupación y enérgico rechazo” por las irregularidades durante las Elecciones Generales, solicitando medidas urgentes para garantizar la transparencia del proceso entre ellas una auditoría internacional.
El comunicado, suscrito por entidades como la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación Automotriz del Perú y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, cuestiona tanto el desempeño de la ONPE como las decisiones posteriores adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Estas irregularidades vulneran el derecho constitucional al voto libre, máxima expresión de la democracia, y colocan al Perú en una situación de grave crisis institucional”, señala el documento.
Entre los principales pedidos, los gremios demandan “la contratación inmediata de una firma auditora de reconocido prestigio internacional”.
Comunicado de los gremios empresariales.
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Asimismo, solicitan la implementación de un sistema de auditoría y monitoreo en línea de procesos, bases de datos y sistemas informáticos “a fin de identificar cualquier uso indebido”.
El pronunciamiento también exige el procesamiento y sanción de quienes, “por acción u omisión”, hayan contribuido a que el proceso derive “en una elección irregular”.
Además, plantean establecer un control concurrente integral del sistema electoral antes, durante y después de la elección, con el objetivo de asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular.
Este pronunciamiento se suma al emitido por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) que pidió a las autoridades electorales y a instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la realización de una “auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales”.
