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La educación en el Perú enfrenta serios retos estructurales asociados con la infraestructura y equipamiento, el desempeño docente y el acceso a educación superior de calidad, entre otros. Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) reconocen la urgencia de reformas en el sector. Sin embargo, sus propuestas omiten restricciones presupuestarias y carecen de estrategias concretas de ejecución, en un contexto en el que la alta rotación ministerial del sector ha debilitado la continuidad de las políticas educativas.
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Aumentos remunerativos sin freno
Los aumentos remunerativos a docentes explican la mitad del incremento del gasto en educación entre 2021 y 2025. En particular, sus remuneraciones crecieron 5,1% anual en promedio en ese periodo, más que las de cualquier otro funcionario público, presionando el ya debilitado equilibrio fiscal. Sin embargo, estos incrementos no han estado ligados a ninguna mejora en el aprendizaje: de acuerdo con las evaluaciones muestrales del Minedu, en 2024, apenas tres de cada diez alumnos de cuarto de primaria alcanzaron un rendimiento satisfactorio en matemáticas o lectura, sin avances significativos frente a años previos.
Pese a ello, FP, RP y JPP no pondrían ningún freno al creciente gasto en remuneraciones y pensiones. El más grave es JPP que plantea nombrar al 90% de profesores y que ninguno gane menos de 1 UIT (S/ 5.500). Si bien FP y RP no han prometido expresamente incrementar remuneraciones, recientemente, junto con JPP, votaron a favor de aprobar por insistencia elevar las pensiones de maestros jubilados y cesantes, lo que tendría un costo permanente de por lo menos S/ 8 mil millones anuales, según el Consejo Fiscal.
Equipamiento inadecuado
El equipamiento en colegios públicos es la principal preocupación para las familias. Según el INEI, el 22% de peruanos opina estos son malos o muy malos, más que la infraestructura (18%), la dotación de materiales (12%) o la calidad de la enseñanza (8%). Ante ello, FP propone la adquisición de 6 millones de laptops o tablets. Sin embargo, sin un adecuado plan de mantenimiento, muchas quedarán inoperativas: según el Censo Escolar 2025, una de cada cinco computadoras o laptops en colegios públicos no funciona. JPP y RP no han incluido ninguna propuesta para mejorar el equipamiento en las escuelas en sus planes de gobierno.
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Educación superior en riesgo
En 2024, tres de cada 10 peruanos había completado la educación superior (universitaria, técnica o posgrado), un avance frente a inicios de los 2000, cuando apenas superaba el 21%, según el INEI. A pesar de ello, en las últimas dos décadas, la proporción de egresados universitarios que se desempeñan en ocupaciones que no requieren educación superior ha aumentado, sobre todo entre los jóvenes: en el grupo de 25 a 35 años, se elevó de 46% en 2004 a 57% en 2024, mientras que en el de 35 a 45 años, de 42% a 51%. Estos resultados se producen en un contexto de debilitamiento institucional de la Sunedu tras la aprobación de la Ley N° 31520 en 2022, respaldada por FP, RP y el bloque magisterial, lo que ha impulsado la creación de universidades públicas. Pese a los cuestionamientos, las tres agrupaciones políticas analizadas votaron, recientemente, a favor de la creación de dos universidades públicas (en Loreto y Puno).
En este contexto, es crucial fortalecer la calidad de las universidades existentes. Al respecto, FP y JPP proponen la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior que monitoreé y evalué a las instituciones educativas. En tanto, RP no incluye ninguna propuesta sobre el tema. Asimismo, solo FP y JPP proponen la creación de una entidad que alinee la oferta educativa con las necesidades del mercado laboral. Actualmente existen herramientas como Ponte en Carrera (2015) y Mi Carrera (2025), por lo que el reto reside en fortalecer el trabajo articulado entre el MTPE y el Minedu para integrar y mantener actualizada la información, entre otras tareas pendientes incluidas en el Marco Nacional de Cualificaciones.
Becas y apoyo estudiantil
La formación superior ofrece retornos significativamente mayores en términos de ingresos laborales, especialmente cuando se logra culminar los estudios. Mientras que completar la secundaria incrementa los ingresos laborales en alrededor de 13%, terminar una carrera universitaria los eleva en cerca de 50%. En este contexto, las becas han sido un instrumento clave para ampliar el acceso a este nivel educativo. En 2025, Pronabec duplicó el número de beneficiarios de Beca 18 respecto a 2024 (de 10 mil a 20 mil), lo que elevó el total de becas otorgadas a alrededor de 30 mil, 1,6 veces más que en 2024 y 2,5 veces por encima del nivel prepandemia.
Al respecto, los tres partidos plantean expandir Beca 18 o crear nuevos esquemas de apoyo estudiantil. FP propone duplicar el acceso a becas y créditos, sobre todo para grupos vulnerables. JPP plantea alcanzar 120 mil beneficiarios de Beca 18 hacia 2031, asignando recursos adicionales a universidades e institutos según el número de becarios que reciben, y crear la Beca Segunda Oportunidad, dirigida a jóvenes de 22 a 29 años, para promover su inserción laboral. RP, por su parte, propuso en el debate crear el programa Crédito 23 para maestrías en el extranjero y ampliar Beca 18 a 50 mil beneficiarios utilizando ahorros del Estado como fuente de financiamiento. El otorgamiento de becas y apoyo estudiantil a centros educativos de calidad fortalece la formación de capital humano. Su dación planificada y ejecutada adecuadamente debe preservarse frente a otras medidas de alto costo fiscal y cuestionado impacto.
Así, los principales desafíos radican en cerrar brechas de infraestructura y equipos, mejorar la calidad del servicio, fortalecer el desempeño docente y asegurar una adecuada articulación entre la educación superior y el mercado laboral. Sin un liderazgo sólido en el sector, los altos retornos de la educación seguirán siendo una promesa incompleta para millones de estudiantes.
Además…
No más años esquivos para la educación
Columna – Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE _
La crisis política ha deteriorado la institucionalidad del sector educación. En los últimos cinco años tuvo 11 ministros y 19 si consideramos la última década. Ese conteo vertiginoso comienza con la salida de Jaime Saavedra promovida desde el Congreso en 2016. Luego, a mediados de 2017, Pedro Castillo, quien lideraba la marcha docente, fue recibido por ese mismo Congreso, que dio cabida a sus demandas en lugar de defender la institucionalidad del sector. Esa marcha costaría la cabeza de una ministra y el resto es historia.
Años después, Castillo volvería fortalecido como candidato y, siendo maestro, se hubiera esperado logros al menos en ese ámbito durante su presidencia. Lamentablemente, no hubo mejoras en los resultados académicos o en las evaluaciones a docentes y su nombramiento en base a mérito. Tampoco en infraestructura y equipamiento escolar, que más bien se siguió deteriorando. Así, parece que la “palabra de maestro” se concentró solo en el incremento remunerativo de los docentes.
El próximo gobierno tiene la importante tarea de asegurar avances en estos aspectos postergados para asegurar una educación de calidad. Elijamos a un candidato con un perfil y con propuestas más alineadas a esa gran tarea.
