La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros nueve funcionarios y exservidores de esa entidad por las fallas logísticas de la primera vuelta de las elecciones 2026.
La Contraloría General de la República identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otros nueve funcionarios y exservidores de esa entidad por las fallas logísticas de la primera vuelta de las elecciones 2026.
En un informe de control específico, la Contraloría concluyó que las deficiencias en la distribución del material electoral afectaron el derecho al voto de 55.261 ciudadanos.
Según el documento difundido este lunes 25 de mayo en el buscador de informes de la Contraloría, entre las irregularidades se encuentran el presunto favorecimiento a la empresa Galaga y la aprobación de pagos sin sustento técnico.
De acuerdo con la Contraloría, Corvetto tendría presunta responsabilidad penal y administrativa por no ejecutar acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Plan Operativo Electoral.
El informe sostiene que hubo inacción frente a la distribución inoportuna del material electoral y de equipos informáticos, situación que provocó que 187 mesas de sufragio no pudieran instalarse en Lima durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.
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La Contraloría precisa que la demora en la distribución afectó a 3.605 mesas de votación. Añade que 55.261 ciudadanos vieron afectado su derecho al voto.
El caso también alcanza a José Edilberto Samamé Blas y Juan Antonio Phang Sánchez, quienes tendrían presuntas responsabilidades penales.
Según el informe, ambos funcionarios elaboraron términos de referencia sin cuantificar adecuadamente la necesidad real de vehículos para el transporte de material electoral, favoreciendo presuntamente a la empresa Galaga.
La Contraloría advierte que la compañía terminó ejecutando el servicio con 437 vehículos de terceros, pese a que inicialmente se exigía una flota propia mínima para garantizar la operatividad.
La Contraloría también identificó presuntas responsabilidades en Lilia Flores Bancho, Juan Pestana Uribe, William García Velásquez, Edward Alarcón González, Roberto Montenegro Vega, Yuvitza Aguilar y Jesús Félix Atuncar.
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El informe recomienda el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios dentro de la ONPE contra los funcionarios involucrados.
Además, solicita que la Procuraduría Anticorrupción inicie las acciones legales correspondientes y que la Junta Nacional de Justicia tome conocimiento de los hallazgos respecto a la actuación del entonces jefe del organismo electoral.
El abogado Julio Arbizu, defensor legal de Corvetto, dijo a El Comercio que no se pronunciarán.
En tanto, hasta la publicación de esta nota, quedamos a la espera de una respuesta de la ONPE.
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De acuerdo con los anexos del informe, este ya fue remitido al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera; y al procurador público especializado en delitos de corrupción; Mario Luna Ramos.
