El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, anunció que continuará en la contienda electoral, pese al escándalo generado por el presunto uso irregular de fondos públicos destinados a la franja electoral por parte de su agrupación política, caso que viene siendo cuestionado públicamente.
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A través de un video difundido en redes sociales, Álvarez afirmó que su permanencia en la carrera presidencial responde al cumplimiento de los requisitos exigidos y a su decisión de impulsar una forma distinta de hacer política.
“Sigo en la carrera de forma distinta, de forma disruptiva, porque se tiene que construir una política diferente y eso empieza por casa, caiga quien caiga”, sostuvo, al tiempo que llamó a alzar la voz frente a las injusticias para recuperar la confianza ciudadana.
El postulante expresó su indignación por lo que calificó como un “derroche de dinero” en el pago de la franja electoral al canal Nativa y aseguró que no fue informado sobre el direccionamiento de dichos recursos ni tuvo injerencia alguna en esa decisión. En ese sentido, señaló que esos fondos públicos deberían destinarse a beneficiar a la población y no a financiar la exposición de partidos políticos.
Álvarez indicó que emplazó a su partido a brindar explicaciones y a separar a los responsables del manejo de los recursos. Asimismo, reveló que sostuvo reuniones con el presidente de País para Todos, Vladimir Meza, y la secretaria nacional, Delsy Romero Álvarez, a quienes exigió sanciones para los implicados y la renuncia a todo el avisaje correspondiente a la franja electoral.
“Hoy retomamos las conversaciones durante muchas horas donde el partido reconoció el error e identificó a los responsables, los cuales serán separados de sus cargos encabezados por el personero legal del partido”, precisó el candidato.
Posteriormente, la Comisión Política de País para Todos difundió un comunicado en el que rechazó las versiones que vinculan a la agrupación con un uso irregular de la franja electoral y aseguró que Carlos Álvarez no tuvo participación directa ni indirecta en la asignación o distribución de los espacios.
Según el pronunciamiento, el proceso fue de carácter administrativo y estuvo a cargo del personero legal del partido, quien contaba con los accesos y responsabilidades conforme a la normativa electoral. Tras evaluar los informes y descargos, el partido concluyó que la asignación se realizó con transparencia, sin indicios de corrupción ni direccionamiento indebido.
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La agrupación también negó tener compromisos con grupos económicos u operadores mediáticos y señaló que no tendría reparos en desistir del uso de la franja en el medio cuestionado, si ello contribuye a despejar dudas, decisión que sería comunicada formalmente a la ONPE. Finalmente, rechazó las versiones sobre supuestas comisiones, las calificó de falsas y advirtió que no permitirá campañas de desinformación en su contra.
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