En esta coyuntura, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de cerrar definitivamente el Reinfo. ¿De qué manera? Lo explica Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en esta entrevista.
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–El debate sobre la ampliación del Reinfo se ha diferido en el Congreso. ¿Saben por qué se detuvo el debate?
Lo que sabemos es que el cuarto intermedio fue solicitado [por la congresista Diana Gonzáles] para dar tiempo a revisar el pre dictamen que presentó la Comisión de Energía y Minas y, de paso, para perfeccionarlo, mejorarlo y debatirlo, que es lo que buscamos: que se debata el tema.
–¿Qué dice, en esencia, este pre dictamen?
El pre dictamen acumula cuatro proyectos de ley que buscan prorrogar el Reinfo hasta que se apruebe la Ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería. Y esto genera preocupación porque no ofrece ninguna certeza sobre cuándo se va a cerrar este registro, teniendo en cuenta, además, que el proceso de formalización minera empezó hace 22 años y que el Reinfo cumple casi 10.
–¿Qué aducen los congresistas para ampliar el Reinfo?
Uno de los argumentos sobre los cuales se sustenta la prórroga es que todavía no existe la Ley MAPE, porque el Ejecutivo todavía no ha enviado este documento al Congreso para que sea debatido. Los congresistas mencionaron eso: que hay un compromiso del Ejecutivo de enviarlo, pero que todavía no lo ha hecho. Entonces, hay un fastidio en el Congreso sobre este punto.
–¿El Ministerio de Energía y Minas todavía no ha enviado la Ley MAPE al Congreso?
Exacto. El Ministerio publicó el proyecto el pasado 27 de julio, y lo que ha hecho hasta ahora ha sido recibir comentarios por escrito y realizado reuniones para recibir aportes de los gremios y la sociedad civil. Pero, claro, se comprometió a presentarlo en el Congreso para que sea explicado y debatido.
–¿Por qué el Gobierno no lo presenta aún?
Sabemos que la semana pasada estuvo en el Congreso el Viceministro de Minería (Henry Luna) junto con la Directora General de Formalización Minera (Mayra Figueroa), explicando la Ley MAPE.
–Pero aún no lo presenta. ¿Por qué se demora tanto?
Entiendo que lo que han buscado, primero, es socializarlo con todos los actores, y luego cumplir con los procedimientos internos dentro del Gobierno. Pero se requiere más celeridad de parte del Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de enviar ese proyecto a la brevedad. Sobre todo, considerando que el Reinfo vence el 31 de diciembre, y que tiene que haber un espacio de debate en el Congreso de la República.
–En ausencia de este proyecto de ley, el Congreso está tomando la iniciativa. ¿Es así?
Sí. Pero lo que busca el Congreso es prorrogar el Reinfo sin ningún análisis. A pesar de los cuestionamientos sobre este registro, no han hecho ningún análisis al respecto. Lo único que buscan es prorrogarlo por un tiempo adicional, que en algunos casos llega hasta el 2026.
–O más tiempo, si la Ley MAPE demora mucho en aprobarse.
Exacto. No hay ninguna certeza o proyección de tiempo, ni para el debate de la Ley MAPE ni para finalizar el eterno proceso de formalización que ya lleva más de 22 años. Por el contrario, esta figura genera un incentivo perverso para mantener el status quo y la impunidad asociada al Reinfo.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
–Entiendo que el Tribunal Constitucional (TC) verá el tema del Reinfo la próxima semana. ¿Es así?
El martes 5 de noviembre se realizará la vista de la causa sobre la demanda de constitucionalidad que el Colegio de Abogados de Loreto ha interpuesto contra la prórroga del Reinfo.
–¿De qué trata esa demanda?
Básicamente, lo que solicita es que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 31388 (del 17 de diciembre de 2021), que prorroga el Reinfo hasta el 31 de diciembre de este año. Pero también exhorta al Congreso de la República a no continuar prorrogando la inscripción del Reinfo ni la vigencia del proceso de formalización.
–¿Cuáles son los argumentos del Colegio de Abogados de Loreto?
Lo que argumenta el Colegio es que la Ley 31388 ha vulnerado el derecho constitucional, la sostenibilidad de la Amazonía, y el derecho a la salud y la justicia ambiental. Ese día (5 de noviembre) se verán todos estos argumentos y entiendo que se sumará a la causa el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, el señor Marcos Arellano, quien se ha presentado como amicus curiae (amigo del tribunal).
–¿Este especialista hablará en contra de la prórroga del Reinfo?
Él se ha incorporado para reforzar los argumentos de la demanda. Por lo que sabemos, sustentará la ineficacia del Reinfo, porque ha generado un elevado número de inscritos [84.588 inscripciones], pero con muy bajas cifras de formalización [2.081]. Además, resaltará que el Reinfo se ha convertido en un instrumento que vulnera los derechos humanos, porque la minería ilegal afecta a las comunidades más vulnerables en la Amazonía.
–¿Y el veredicto se daría el mismo 5 de noviembre?
Todavía tiene 30 días, pero debería pronunciarse antes del 31 de diciembre. El TC tiene la oportunidad de concluir con el Reinfo este año.
— Tiempo suficiente, además, para que el Ministerio de Energía y Minas presente la Ley MAPE al Congreso.
Sí, porque eso es lo que algunos sustentan en el Legislativo: que la prórroga ocurre porque no se ha presentado todavía la Ley MAPE. En ese sentido, hay una responsabilidad enorme del Ejecutivo de presentar a la brevedad ese proyecto de ley.
–¿Han hablado con el Ejecutivo al respecto?
La semana pasada estuvimos reunidos con el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y nos dijo que iba a enviar de todas maneras el proyecto de ley en el transcurso de este mes (octubre), pero vemos que todavía no lo ha hecho.
–¿Qué medidas tomarán en la SNMPE si el Congreso prorroga el Reinfo?
Estamos concientizando a la ciudadanía sobre las implicancias de prorrogar el Reinfo. Una forma es a través del colectivo PAS, que agrupa a 34 instituciones de todo el país, y que busca concientizar sobre la problemática de la minería ilegal, la cual es la principal amenaza para la seguridad del país. Pero también enviaremos una carta abierta al Congreso de la República solicitando la no prórroga del Reinfo.
–¿La minería ilegal es la principal amenaza para la seguridad del país?
Efectivamente. Diversos estudios nos muestran que la principal amenaza para la seguridad del país son la minería ilegal y las redes criminales que están involucradas.
–Y que habrían ocasionado, además, la desaparición de 280 personas en Pataz desde el 2015, según el diario Correo. ¿Ustedes manejan también esta cifra?
Bueno, en Pataz hemos visto en reiteradas oportunidades los atentados que han ocurrido contra la mina y las torres eléctricas que suministran energía, y ahora acabamos de ver el descubrimiento de una fosa común con un grupo de cadáveres. Y pueden haber más. Al final, no sabemos si esa cifra [de los 280 desaparecidos] puede ser cierta porque, incluso, puede ser mayor.
–¿Qué porcentaje de la producción aurífera del Perú corresponde a la minería ilegal?
Lo que se estima es que por lo menos el 40% proviene de la minería artesanal e ilegal.
