El silencio del Minem alrededor de lo que sucede en Petro-Perú puede generar percepciones ambiguas. Por un lado, el ministerio –que en el pasado no ha sido dócil– ha dejado toda la reestructuración en manos del MEF. Y, aparentemente, no genera obstáculos ni pone trabas en esta tarea titánica de tratar de enrumbar el camino de la petrolera estatal que ejecuta la ministra Miralles.
Sin embargo, aunque las tensiones no se presenten aparentemente en la Junta General de Accionistas, las autoridades nuevas, que tienen como objetivo implementar la letra chica del Decreto de Urgencia que busca reestructurar Petro-Perú, no lo han tenido fácil. Y es que, por dentro, la organización de la petrolera está tomada por personas que no piensan en el bien público, sino en sus propios bolsillos. Es evidente que los más de US$400 millones destinados a bonificaciones de trabajadores en la última década han abonado a la comodidad de un grupo importante de personas dentro de la petrolera.
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Que la gerente general designada por el MEF, Rita López, haya puesto su carta de renuncia sobre la mesa se explica por las verdaderas tensiones internas generadas por esas personas, que se oponen a la restructuración. Es entendible, en ese contexto, que los ciudadanos confundan la privatización con la entrada de capitales privados. Sin embargo, debe prevalecer –en este caso tan costoso para el Estado peruano– que se mitiguen las pérdidas, que se deje de negar la gravedad de la situación y que se haga lo necesario para acabar con el círculo vicioso de la estatal.
Hacer las cosas bien a veces cuesta, y más aún si el enemigo está dentro de casa. Para eso, el MEF deberá articular, gestionar e impulsar, junto a ProInversión, el plan de restructuración de manera estratégica, entendiendo que las negociaciones son parte del diálogo. Apostar por el ‘caballazo’ sería una demostración de cómo dispararse a los pies.
Si el Minem ha decidido que el silencio lo acompañe en el proceso de reestructuración, entonces que tampoco estorbe cuando las papas quemen. Suficiente hace ya nombrando funcionarios que lejos de ser probos, generan grandes cuestionamientos y dudas sobre la verdadera intención del Gobierno de luchar contra la minería ilegal en época electoral.
