El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció el martes su guerra contra las pandillas al pedir al Congreso, que controla, una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”.
Bukele, que ejerce un poder casi absoluto en El Salvador, presentó su iniciativa días después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política de seguridad, que varios países de América Latina buscan emular.
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La propuesta fue entregada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, debido a lo cual se da por descontada su aprobación esta tarde.
“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene (…) Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, dijo el ministro, al mencionar también a “homicidas y violadores”.
La enmienda fue presentada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser pandilleros o cómplices de estos.
El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos por oenegés nacionales e internacionales.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el lunes que el gobierno de Bukele mantiene en “desaparición forzada” a por lo menos 11 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos hace un año junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales.
En su discurso en una sala del Congreso, Villatoro arremetió contra las oenegés de derechos humanos. “Son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad”, dijo.
“Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas” como se “vendían”, agregó el ministro.
En los últimos días, Bukele ha publicado varios mensajes en la red social X en los que acusa a las organizaciones de derechos de ser “bufetes legales internacionales del crimen”.
“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió este martes en X, tras la comparecencia de Villatoro en el Congreso.
El modelo de seguridad de Bukele acabó en El Salvador con la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 que controlaban barrios y ciudades, asesinaban y extorsionaban.
No obstante, Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones internacionales y salvadoreñas aseguran que bajo el régimen de excepción se han cometido detenciones arbitrarias, encarcelamiento de inocentes y torturas, y se ha usado para silenciar a los defensores de derechos humanos.
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“Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarle paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos lleva a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones”, señaló el ministro al justificar la iniciativa de reforma.
La pena máxima de prisión en El Salvador es de 60 años.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que los diputados debatirán de “manera inmediata” la propuesta en la plenaria que comenzó la tarde del martes.
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