El Gobierno nos pide, una vez más, que no usemos palabras feas. Que no hablemos de rescate o salvataje estatal. Que entendamos que esta vez es distinto: no se trata de plata del Tesoro, sino de un sofisticado mecanismo financiero con banca internacional, fideicomisos, ProInversión y compromisos contingentes. En suma, nos piden admirar la ingeniería del tubo mientras evitan discutir el agua que corre por dentro.
Pero la realidad es bastante menos elegante. El DU 003-2026 autoriza un nuevo esquema de respaldo de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú, con garantías y compromisos estatales para sostener su operatividad y evitar problemas de abastecimiento. El propio Ejecutivo ha defendido la medida como “distinta” y “responsable”, insistiendo en que no implica usar directamente recursos de los contribuyentes. El problema, por supuesto, es que cuando el Estado pone la “espalda” para que otros presten, el riesgo sigue siendo público, aunque el Powerpoint diga otra cosa.
Después de años de apoyo explícito e implícito, cambios de directorio, capitalizaciones, garantías y promesas de recuperación, Petro-Perú sigue necesitando ayuda extraordinaria para financiar su operación básica. Según cálculos del IPE, los recursos comprometidos sumarían más de S/32 mil millones. Así, la salida no es seguir cambiándole de nombre al rescate, sino blindar la gestión de la injerencia política, reordenar los activos en bloques, incorporar operación privada y aplicar austeridad real. Una empresa que ha tenido 14 presidentes de directorio en poco más de cinco años —con una permanencia promedio de apenas cuatro meses— tambalea bajo el desgobierno.
Algunos dirán que Petro-Perú volvió a números azules en el primer trimestre de 2026, con una utilidad neta de US$133 millones, revirtiendo la pérdida del mismo periodo del año anterior. Pero también redujo sus ingresos en 21%, hasta US$770 millones, y mantiene un capital de trabajo hundido. Es decir, el paciente recuperó algo de color después de la transfusión, y ahora nos quieren convencer de que, en lugar de tratamiento, toca darle aplausos. Una empresa “estratégica” que solo sobrevive con rescates sucesivos deja de ser un activo del Estado y se convierte en una obligación crónica para los contribuyentes, que somos todos los peruanos.
Y ahí está el verdadero costo del rescate: no solo compromete recursos o garantías públicas, sino que normaliza la idea de que la inviabilidad también puede financiarse indefinidamente, siempre que se le cambie de nombre. Peor aún, a menos de un mes para la segunda vuelta, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú rechazan la reestructuración de Petro-Perú y promueven que el Estado tenga más empresas públicas. Es decir, a partir de julio, corremos el riesgo de multiplicar la enfermedad en lugar de empezar a erradicarla.
Petro-Perú no necesita otro nombre para el rescate. Necesita dejar de necesitarlo. Mientras eso no ocurra, seguiremos atrapados en la misma comedia fiscal: pérdidas privadas dentro de la empresa, riesgo público fuera de ella, y un Gobierno pidiéndonos que, por favor, no llamemos a las cosas por su nombre.
