El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una norma vigente desde hace más de una década, que ha dado sustento a un ‘limbo legal’ con los resultados nefastos que todos vemos a diario.
A pesar de ello, se viene eludiendo la discusión, y se pretendería extender la vigencia del Reinfo más allá del 31 de diciembre del 2024.
Seamos claros en decirlo: el proceso de formalización tiene que mostrar resultados respecto de los objetivos que se plantearon, y estos deben estar claramente definidos. La actividad minera debe ejercerse en alguna de las cuatro siguientes categorías: gran minería, mediana minería, pequeña minería o minería artesanal; y todas, sin excepción, deben realizarse en cumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y tributarias.
No dudamos de que existen un número de titulares de Reinfo que tienen la intención genuina de formalizarse; sin embargo, la mayoría de ellos vienen empleando este documento ‘legal’ para fomentar la minería ilegal.
A través del Reinfo, se obtiene de manera simplificada explosivos, que algunos emplean para derribar torres de energía y para la excavación de socavones en concesiones mineras de terceros. El ingreso a los socavones les permite extraer mineral (léase robo de mineral) y, empleando nuevamente el Reinfo, lo transportan hacia plantas de beneficio -sin mina y, por ende, sin el esfuerzo y el riesgo de la exploración- ubicadas en Piura, Trujillo, Barranca, La Joya y Yauca. Todas estas plantas han obtenido su autorización como “pequeños productores mineros” a través de los gobiernos regionales. Finalmente, son estas plantas las que producen los lingotes de oro que exportan y, así, cierran el círculo de impunidad.
A julio del 2024, se tenían 84.622 titulares de Reinfo inscritos, pero solo 22.500 vigentes. Es decir, se tienen 62.122 en calidad de suspendidos, que no deberían seguir realizando actividad minera. Claramente, en términos coloquiales, el titular del Reinfo es el intermediario (‘middle men’) que compra explosivos, recluta los miles de trabajadores, facilita el tránsito del mineral robado y, finalmente, entrega a los propietarios de las plantas de beneficio – sin mina- quienes, sin haber invertido, obtienen los mayores márgenes económicos.
Por ello, cuando de manera tendenciosa se invoca a extender el Reinfo amparándose en el “derecho al trabajo” de cientos de miles de trabajadores mineros, se omite mencionar que dichos trabajadores (no los titulares del Reinfo o los propietarios de las plantas de beneficio sin mina) son los que ejercen esta actividad de alto riesgo, en condiciones inhumanas que nadie fiscaliza y en un ambiente exprofesamente promiscuo y plagado de una violencia que ha escalado a nivel nacional.
Reitero mi invocación a nuestras autoridades electas para que se aboquen a lo que expresó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en el Perumin 35: “Se requiere un cambio de paradigma que coloque al centro del debate el cuidado y la dignidad de la persona humana”.
Es decir, que se enfoque en atender a la gran mayoría de peruanos, quienes son los que merecen una solución integral y justa; y no a aquellos que seguirán lucrando de manera no ética y en muchos casos ilegal, si se sigue extendiendo la vigencia del Reinfo.
