En su último informe del 10 de enero, la ONG Foro Penal contabilizó un total de 1.697 personas detenidas desde la represión que se desató luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, cuando miles de venezolanos salieron a las calles a manifestarse y denunciar fraude. Ello tras los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Maduro sobre el gran favorito, el opositor Edmundo González Urrutia.
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Han pasado más de seis meses y el CNE todavía no publica las actas electorales para probar la victoria de Maduro. En cambio, la oposición llegó a conseguir el 85% de las actas oficiales, donde se demuestra que en realidad González ganó con más de 30 puntos de diferencia sobre el chavista.
De los 1.697 detenidos, 221 son políticos, 23 periodistas y 6 activistas defensores de los derechos humanos, informó el medio venezolano El Pitazo.
“Dichas personas fueron sacadas de sus hogares, interceptadas en las calles, locales y en carreteras por las autoridades venezolanas, en su mayoría sin órdenes de captura ni motivos explícitos”, refirió El Pitazo.
El partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, es el que registra más arrestos de políticos, con 67, el 30% del total. Lo siguen otros opositores como Primero Justicia con 35 (16,1%), Encuentro Ciudadano con 20 (9,2%), Voluntad Popular con 20 (9,2%), Acción Democrática con 13 (5,9%), Un Nuevo Tiempo con 6 (2,7%), La Causa R y Convergencia con cuatro (1,8% cada uno).
Uno de los casos más sonados en el 2024 fue el arresto del líder de Voluntad Popular, Freddy Superlano, ocurrido el 30 de julio. Ni su familia ni abogados han podido verlo desde su detención.
Este año, uno de los políticos de más alto perfil que fue detenido es el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez. Fue arrestado el 7 de enero en Caracas.
Al día siguiente, el régimen confirmó el arresto a través del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien dijo que Márquez, según un documento presuntamente encontrado en su computadora, había propuesto celebrar un acto de juramentación de Edmundo González en una embajada venezolana en el exterior.
Su partido, el Frente Democrático Popular de Venezuela, denunció que lo dicho por Cabello forma parte de una “campaña de difamación” contra Márquez con el objetivo de “criminalizarlo”.
Otro arresto sonado, aunque no se trata de un político, es el de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González. Él fue llevado por agentes del régimen el 7 de enero. Se desconoce su paradero y los cargos que se le imputan.
Cartas de intercambio
Luis Nunes, politólogo venezolano afincado en el Perú, le dijo a El Comercio que estas detenciones de políticos, periodistas y activistas de derechos humanos “forman parte de la típica política represiva que el régimen cree que le está dando resultados”.
“Están poniendo como símbolo al yerno del presidente electo, que es la carta de intercambio que tienen ellos, para tratar que González no visite más países y no hable en favor de la libertad de Venezuela”, dijo Nunes.
Agregó que tener estas cartas de intercambio le permite al régimen mantener la tensión en el país.
“Todas las noticias que recibo señalan que el gobierno está muy nervioso con la toma de mando el próximo lunes del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y por las primeras medidas que este anunciará para Venezuela”, indicó.
“Ellos creen que teniendo gente presa, consiguen herramientas de intercambio para poder negociar cualquier medida enérgica que tome Trump al asumir el mando”, explicó Nunes.
“Normalmente lo llaman la política del carrusel. Te suelto dos presos por una puerta, pero también te meto 10 por la otra”, enfatizó.
En cuanto al caso de Carlos Correa, cuya detención no se ha confirmado de manera oficial, Nunes sostuvo que el régimen de Maduro aplica la política del silencio que se utiliza mucho en Cuba, “para psicológicamente maltratar no solo al preso, sino también a su familia. Y emite una lección de miedo a la población en general, como diciendo ‘si te metes con nosotros te desaparecemos sin juicio, sin sentencia, sin excusa, para que veas que no te debes meter con el régimen’. Es una política muy acostumbrada de las dictaduras”, remarcó.
¿Y ante qué entidad se puede apelar ante una detención arbitraria si los órganos de justicia están controlados por el régimen? Nunes explicó que normalmente las personas tendrían que recurrir a la Defensoría del Pueblo, “pero como todos sabemos, esta institución también está en manos del régimen. Entonces, solo queda el trabajo de las ONG particulares que registran estos casos”.
“No hay ninguna institución del Estado que defienda al ciudadano ante una detención arbitraria”, agregó.
Medidas cautelares de la CIDH
De los 221 políticos detenidos, al menos 12 se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido como El Helicoide, en Caracas; 38 fueron enviados al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón; 20 a Tocuyito, y otros estarían repartidos en sedes del Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y comisarías, informó El Pitazo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas de protección en favor de al menos siete de ellos: el coordinador del partido Prociudadanos, Leocenis García; al ex diputado Américo de Grazia; a la abogada y activista política de Alianza Bravo Pueblo, Carmen Leonor García; al diputado del Consejo Legislativo del Zulia, Eduardo Labrador; al político Biaggio Pilieri y a su hijo Jesús Pilieri, y al exdiputado Williams Dávila.
En cuanto a los periodistas detenidos, los últimos arrestados la semana pasada fueron el reportero de LUZ Radio, Leandro Palmar; y el camarógrafo Belises Salvador Cubillán, ambos cuando cubrían una protesta opositora en Maracaibo.
“Pretenden imputarles delitos de terrorismo, asociación para delinquir e instigación al odio”, denunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
