Una disposición interna del Congreso acaba de encender las alertas sobre el manejo de su presidente, José Jerí, respecto de los dictámenes que entrarán al debate en el pleno. Si bien el mismo titular del Legislativo intentó aclarar su nueva facultad –en una entrevista con Milagros Leiva para este Diario–, el tema abre las puertas a un debate mayor sobre lo que será el manejo de la agenda en este último año de la era unicameral.
Más allá de la prerrogativa que Jerí pueda tener en la disposición de los dictámenes, el principal problema para la agenda es la infiltración que proviene de las comisiones ordinarias. Hasta el momento, Jerí ha realizado una división sectorizada para intentar contentar a todos: por un lado, una sesión “regional” en la que priman las normas declarativas; por otro lado, una sesión de los temas de fondo.
El primer problema con esta división plenaria es la distracción que genera. Me explico: destinar tantas horas de trabajo a que los equipos se dediquen a revisar y tramitar proyectos declarativos implica que exista menor atención reflexiva para estudiar las iniciativas de fondo.
Al no existir enfoque especializado y detenido sobre los temas de fondo, los equipos cuentan con menor tiempo para dilucidar los contrabandos que hay en los enredados artículos que los parlamentarios presentan. Es en este escenario que se propicia una mayor infiltración de agendas ajenas al desarrollo del país. Entiéndanse: los intereses de las economías ilegales, sobre todo las que han ganado varias batallas en el actual quinquenio.
No solo hablamos de temas como la minería ilegal, sobre el que otra vez se ha puesto en debate una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a través de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el izquierdista Víctor Cutipa. También hablamos de la infiltración de intereses ilegales en otros sectores, como la pesca. Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, alertó –en una columna en “Correo”– sobre el “Reinfo pesquero”, en alusión a la agenda legislativa a favor del sector que se resiste a la formalización con embarcaciones que no tienen ningún control.
También está el sector transportes, en el que varios congresistas acumulan iniciativas a favor de la informalidad. Todas estas agendas tendrán un mayor impulso por la cercanía a las elecciones generales del 2026, en las que los parlamentarios actúan bajo dos visiones: la creencia de que conseguirán bolsones electorales y la necesidad de captar financiamiento para sus campañas.
Bajo ese escenario, lo importante es reordenar el flujo de trabajo en las comisiones legislativas, en el que se refuerce el trabajo técnico y riguroso sobre las fórmulas que lleguen al debate en el pleno. La presidencia del Congreso tiene la oportunidad de reforzar el Área de Técnica Legislativa, empoderándola con mayor número de personal técnico que tenga la potestad de configurarse como un filtro para los dictámenes que lleguen desde las comisiones ordinarias. De no tomarse medidas en este sentido, la agenda legislativa en la era Jerí será una coladera de los intereses de ciertos sectores que convertirán a este período en el quinquenio de la ilegalidad.
