Flavio Bolsonaro, senador brasileño y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, sugirió a Estados Unidos que emprenda ataques contra barcos que carguen drogas en la en su país de forma similar a los bombardeos que ha llevado a cabo Washington en el mar Caribe.
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El parlamentario se dirigió al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalando que le provocaba una “envidia” saludable ver las acciones de la milicia estadounidense contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe y que sería una buena idea emprender operativos de este tipo en la bahía de Guanabara.
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“¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra estas organizaciones terroristas?“, escribió Bolsonaro a Hegseth en X.
Pedidos controvertidos, polémicas y discusiones
La reciente solicitud de Flavio Bolsonaro al gobierno estadounidense se enmarca en un historial llamativo de pedidos y comentarios provenientes del senador y la familia del exmandatario brasileño.
El hijo de Jair Bolsonaro ha tenido como uno de los grandes blancos de sus críticas a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Federal Supremo de Brasil y responsable de la causa judicial contra el expresidente y siete colaboradores por un presunto intento de golpe de Estado.
El jueves 23, el mismo día en el que publicó su llamado a Estados Unidos de intervenir en aguas brasileñas, Flavio Bolsonaro cargó contra De Moraes señalando que el magistrado quería “impedir que la derecha se organice para las elecciones del 2026”. Esto luego de que se le impidiera a Valdemar Costa Neto visitar al expresidente detenido.
Las acusaciones de la familia Bolsonaro contra Alexandre de Moraes tienen un historial mucho más largo. El mayor de los hijos de Jair Bolsonaro pidió a inicios agosto que De Moraes fuera destituido y calificó de “cobarde” e “inmoral” la resolución de prisión domiciliaria y prohibición de visitas no autorizadas contra su padre por violar medidas cautelares durante su proceso judicial.
Por ese entonces, Trump no solo apuntó contra De Moraes y otros funcionarios señalando que perseguían a Jair Bolsonaro en una “caza de brujas”, sino que también impuso en julio un arancel del 50% a Brasil como medida de presión, lo que fue recibido de buen grado por la familia del antiguo jefe de gobierno brasileño. El mismo Eduardo se atribuyó haber sido responsable de la medida gracias a las diversas reuniones que mantuvo con autoridades y grupos de influencia en Estados Unidos.
“Hemos mantenido un intenso diálogo con funcionarios de la administración del presidente Trump, siempre con el objetivo de documentar con precisión la realidad que vive Brasil”, dijo el hijo de Jair Bolsonaro. Poco después, Eduardo Bolsonaro advirtió en diálogo con Reuters que proseguir con el juicio a su padre supondría sanciones adicionales para Brasil y que “no había ningún escenario en el que la Corte Suprema” saliera victoriosa.
Por su parte, Flavio Bolsonaro afirmó que Brasil debía abordar la problemática de los aranceles como “negociaciones de guerra”, comparando el caso con lo que sucedió en Japón durante la Segunda Guerra Mundial e indicando que la Corte Suprema brasileña debía dar marcha atrás para evitar más sanciones. Tales declaraciones tuvieron lugar en una entrevista con CNN y generaron críticas.
“¿Qué hizo Estados Unidos con Japón? Lanzó una bomba atómica en Hiroshima para demostrar fuerza. ¿Cuál fue la reacción de Japón? Dijo: ‘Somos patriotas, esto es una interferencia, resistiremos. ¡Fuera, yankis!’ ¿Cuál fue la consecuencia? Tres días después, cayó una segunda bomba atómica en Nagasaki… Para que después se presentara una rendición formal por parte de Japón. (…) Debemos tener la responsabilidad de evitar que caigan dos bombas atómicas aquí en Brasil”, declaró Flavio.
El mayor de los hermanos Bolsonaro dio a entender que una amnistía a su padre y los otros involucrados en el juicio por golpe de Estado supondría el fin de la presión estadounidense.
Cuando Trump y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mencionaron a fines de setiembre la posibilidad de mantener una reunión bilateral, la noticia fue vista también de forma positiva entre el entorno de Jair Bolsonaro, que consideró que esto podría suponer una nueva oportunidad de presionar al actual gobierno brasileño de cara a la liberación del exmandatario.
Todo lo anterior no impidió que la fiscalía de Brasil emprendiera acciones legales contra Eduardo Bolsonaro, acusándolo de interferir en el juicio que enfrenta su padre “subordinando los intereses de Brasil a los de su agenda personal y familiar”.
Más allá del juicio a su progenitor, Flavio Bolsonaro ha estado involucrado en polémicas como el “Caso Rachadinha”. Este se remonta al 2020 y consistió en una denuncia de la fiscalía de Río de Janeiro contra el senador por liderar una presunta organización criminal con la que presuntamente desviaba parte de los sueldos de extrabajadores del Estado para su propio beneficio.
El caso implicaba a una quincena de allegados del primogénito de Bolsonaro y se estimaba que las transacciones ilícitas habrían superado los 1,2 millones de reales, un monto superior al medio millón de dólares.
El proceso involucró otra investigación paralela por lavado de activos conocida como el “Caso de la Tienda de Chocolates”, que sindicaba al primogénito de Jair Bolsonaro de usar un negocio del que era copropietario para lavar el dinero sustraído de los salarios de funcionarios.
La causa judicial finalmente fue archivada en el 2022 por el Tribunal Federal Supremo, pero en febrero de este año la fiscalía local solicitó la reapertura de esta, siendo su pedido rechazado.
Más polémicas de los
hermanos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro, concejal municipal de Río de Janeiro y segundo hijo de Jair Bolsonaro, ha sido investigado por su participación en un presunto esquema de espionaje durante el mandato de su padre y se lo acusó de liderar un equipo de desinformación y ataques a adversarios políticos.
Jair Renan Bolsonaro, concejal en Balneario Camboriú, ha sido imputado por el Ministerio Público brasileño por presentar una declaratoria de beneficios fraudulenta con su empresa de eventos. La acusación incluía cargos por delitos de lavado de activos, falsificación de documentos y falsedad ideológica. También fue investigado por tráfico de influencias en sus negocios.
