Cuando pensamos en el Perú que soñamos, imaginamos un país con carreteras que unan regiones, postas y hospitales que atiendan con dignidad, escuelas que formen nuestro talento y calles donde vivamos sin miedo. Ese Perú es posible. No es un ideal lejano; está al alcance de nuestras manos si somos capaces de ejecutar la cartera de proyectos mineros que hoy supera los US$64.071 millones, una oportunidad real para transformar la vida de millones de peruanos.
Pero para alcanzar este sueño necesitamos un marco institucional firme y coherente. La minería puede seguir siendo una gran palanca de desarrollo, pero no lo será plenamente si mantenemos vacíos normativos, burocracia que atrasa y excepciones indefinidas o registros que, como el Reinfo, terminan siendo usados para encubrir actividades que no tienen intención de cumplir la ley. Es indispensable que las reglas sean claras, estables, eficientes y orientadas al bien común.
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La formalización es clave, no puede seguir postergándose. La nueva Ley MAPE debe sentar las bases para una minería artesanal moderna, integrada y sostenible; una actividad que brinde empleo digno y que se distinga de manera firme e inequívoca de la minería ilegal que destroza el ambiente, las comunidades y la seguridad del país. Para ello, necesitamos fortalecer la trazabilidad de minerales e insumos, garantizando que los beneficios de la formalidad lleguen solo a quienes actúan dentro de la ley y con vocación de permanencia.
Sin embargo, formalizar no basta si no recuperamos el principio de justicia y autoridad sobre el territorio. La minería ilegal se ha convertido en la mayor amenaza para el Perú: destruye ríos y bosques, alimenta redes criminales y vulnera a poblaciones enteras. Necesitamos una estrategia integral que abarque toda la cadena ilícita, desde la desviación de insumos hasta los canales de comercialización y exportación. No podemos permitir que la violencia en zonas críticas o los ataques a operaciones formales se normalicen. Si queremos que la minería formal siga aportando al progreso, es indispensable exigir el cumplimiento del Estado de derecho.
Construir este futuro requiere también unir al ecosistema minero. Sector público, privado, academia, proveedores, emprendedores, innovadores y sociedad civil debemos apostar por relaciones técnicas, transparentes y constructivas. Necesitamos más espacios de conversación, conferencias y foros donde compartir experiencias y tendencias globales, e imaginar juntos un sector más competitivo, ágil y preparado para los desafíos que vienen.
El reto hacia el 2026 es grande; pero como todo reto, también es una oportunidad. Si ponemos orden donde hoy hay incertidumbre, fortalecemos la institucionalidad y enfrentamos la ilegalidad con firmeza, podremos construir la minería segura, responsable y sostenible que el Perú merece. Y así, firmes y felices por la unión -como lo señala el lema del Perú-, podremos acercarnos al país que todos soñamos: un país con dignidad y oportunidades para todos.
