La situación es crítica: la sobrepoblación carcelaria asciende a 147%, 11 puntos porcentuales más que el año pasado y más del doble que la registrada en el 2010. Además, 50 de las 69 prisiones habilitadas en el país están hacinadas.
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En el período 2010–2025, la población penitenciara se redujo solo en dos ocasiones: el 2020 y el 2021, los años en los que el COVID–19 paralizó al país y al mundo entero.
El experto en temas penitenciarios Luis Francia Sánchez explica que durante la pandemia se dictaron normas excepcionales que permitieron la disminución de los reos.
“Se establecieron normas que permitieron que, por ejemplo, las prisiones preventivas solo se aplicasen en casos extremos, se flexibilizaron los beneficios penitenciarios y se aplicaron de forma más correcta. […]. Eso demostró que sí se puede utilizar la cárcel de una manera más racional, a través de normas adecuadas y criterios más precisos”, indica.
Precisamente en el 2020 se emitieron dos decretos –uno legislativo y otro de urgencia– que permitían que los reos por omisión de asistencia familiar salgan de prisión “con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión”.
Pero las leyes no son suficientes para resolver un problema tan complejo y profundo: desde el 2022, la población carcelaria volvió a aumentar y la tendencia se ha mantenido.
Por ejemplo, por dos años consecutivos –el 2024 y lo que va del 2025–, el incumplimiento de la pensión alimentaria fue el delito por el que más personas ingresaron a las prisiones peruanas: 6.042 ciudadanos fueron encarcelados por ese motivo.
En el libro “Las cárceles en el Perú” (2024), Germán Small Arana, doctor en Derecho y exviceministro de Justicia, relata que “a pesar de estos esfuerzos por mitigar el exceso poblacional en la etapa de la pandemia, la actividad delictiva siguió operando fundamentalmente en la comisión de delitos graves. Sumado a ello, los delitos violentos incidieron de nuevo en el crecimiento de la población penitenciaria, que a la fecha nos ubica como uno de los países con mayor exceso poblacional”.
Small Arana también sostiene que el hacinamiento “dificulta un real y efectivo control” de los reos y genera dos graves problemas: inseguridad y corrupción al interior de los penales.
“Debido al exiguo número de personal de seguridad, en muchos casos se permite la participación de internos en el control de la seguridad del centro carcelario a través de las delegaturas de pabellones, las mismas que no se conciben como una buena medida cuando son prolongadas”, detalla Small Arana.
De ese modo –añade el especialista–, se permite el ingreso de drogas que no solo “afectan y deterioran la salud del interno”, sino que también los vuelve “pasibles de cometer actos violentos contra sus compañeros de reclusión y se atente contra la seguridad misma del establecimiento”.
“Como se ha visto en profundidad en el caso de Venezuela, la sobrepoblación, de por sí, es uno de los factores que facilita la pérdida de control por parte de la autoridad. Para ello, es imprescindible el apoyo político y económico del Gobierno central”.
«El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina» (2025), de José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Nuñovero Cisneros y Guillermo Coronado Sialer
Por otro lado, la sobrepoblación penitenciaria impide que los reos internos sean clasificados de forma idónea, lo cual dificulta el proceso de resocialización y puede convertir a los centros penitenciarios en los que se potencia la actividad criminal.
“Uno de los principios del tratamiento penitenciario es que deben diferenciarse los grupos de interno, porque hay situaciones distintas. Los reos primarios [aquellos que ingresan a prisión por primera vez] y los no violentos, los cuales tienen mayor posibilidad de resocialización, no deberían compartir pabellón con los más violentos”, destaca Francia Sánchez.
Actualmente, un tercio de la población carcelaria del país está conformada por internos que cometieron robo agravado (21,34%) y violación sexual de un menor de edad (11,78%).
El penal de Cochamarca, en la región Pasco, es la última cárcel construida en el Perú. El recinto tardó dos años y ocho meses en culminarse: la obra empezó en noviembre del 2013 y fue inaugurada en julio del 2016.
Cochamarca costó S/135 millones y tiene actualmente capacidad para 1,224 internos.
Aunque el hacinamiento es un problema complejo y no existen soluciones inmediatas, es evidente que es necesaria la habilitación de nuevas cárceles para enfrentar el problema.
“Se tiene que planificar seriamente la construcción de, por lo menos, 20 nuevos establecimientos penitenciarios con capacidad para 2,000 internos, la ampliación y mantenimiento adecuado de los penales existentes”, proponen los criminólogos José Luis Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero en el informe “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado” (2025).
En febrero pasado, el INPE anunció el inicio de la construcción del nuevo penal de Abancay, en Apurímac, el cual albergará a 785 internos y estaría listo en noviembre del 2026. Para el proyecto se ha proyectado una inversión de S/129 millones.
También están pendientes las ampliaciones de las cárceles de Iquitos (Loreto), Pucallpa (Ucayali) y Arequipa (Arequipa), las cuales incrementarían en 3.084 reos la capacidad de albergue penitenciario del país.
Pérez Guadalupe y Nuñovero añaden que, pese a todas sus carencias, “el Perú tiene uno de los sistemas penitenciarios de la región con menores niveles de violencia y crimen organizado de las últimas décadas”, puesto que solo alrededor del 27% de internos están en regímenes de máxima seguridad o cerrados especiales.
A setiembre último, solo el 1,36% de los internos (1.408 personas) estaba en prisión por extorsión y el 3,28% (1.605) por asesinato.
Por esa razón –concluyen los expertos–, “las propuestas de megacárceles para millares de presos de máxima seguridad no responden a las necesidades reales del sistema penitenciario peruano”.
Sobre las ofertas políticas de edificar complejos penitenciarios en la Amazonía o en zonas aisladas de la sierra, Noam López, investigador de Pulso PUCP, opinó: “La logística, seguridad y mantenimiento de islas carcelarias es complicada en todo sentido. Además, lo ideal es que no exista un desarraigo completo del reo de su familia”.
“Frente al crimen organizado y delincuentes peligrosos sí debe haber un modelo estricto y fuerte. Pero el camino va por construir cárceles, ampliar las ya existentes y trabajar en reducir al máximo los casos de internos procesados sin sentencia. Y en casos como el que mencionas, de internos por pensión alimentaria, podría optarse más por la conciliación”, argumentó.
¿Qué proponen los precandidatos a la presidencia?
El Comercio recopiló las propuestas en materia penitenciaria que los precandidatos a la presidencia han presentado en apariciones públicas, entrevistas con medios de comunicación y recientemente en la franja electoral.
Precandidato: Phillip Butters
Partido: Avanza País
Propuesta:
“Lo primero es un censo penitenciario para establecer la edad, la peligrosidad y los delitos de los reos. Para Lima, con la alta concentración penitenciaria, proponemos 30 cárceles para 250 personas: 10 para menores de edad, 10 para reos primeros y otras 10 para los que incurren en su primera reincidencia. La ubicación será la zona periférica de la ciudad. Ese modelo lo vamos a replicar en las ciudades más pobladas. Para el control de los reos, no se debe permitir el ingreso de mercadería ni comida. Las familias de los internos deberán pagar un ticket de ingreso para que se financie la comida y la ropa de sus parientes”.
Precandidato: Rafael López Aliaga
Partido: Renovación Popular
Propuesta:
“Tenemos un montón de selva. Hay un montón de áreas en selva y tengo hasta el diseño de cómo hacer una especie de colonia en la selva, donde la gente trabaje aislada, no hay celular, no hay Internet. Son comunidades con estos top del Tren de Aragua y demás terroristas urbanos. […] En la parte de norte, cerca a la frontera con Colombia, hay un área muy grande no contactada, no se llega más que por helicóptero”.
Precandidato: Rafael Belaunde Llosa
Partido: Libertad Popular
Propuesta:
“Parte fundamental de la lucha contra la extorsión y el sicariato es la construcción del penal de la Viuda, sobre los 4650 m.s.n.m. […] Tendrá un protocolo para extorsionadores y sicarios. Es indispensable que los líderes de esas organizaciones extorsivas rompan todo vínculo con el mundo exterior para que no sigan delinquiendo desde prisión”.
Precandidato: Carlos Álvarez
Partido: País para todos
Propuesta:
“Las cárceles deben dejar de ser hoteles, construir megapenales sin visitas, con penas duras, con solo dos comidas al día. Sin beneficios penitenciarios, que trabajen para que se mantengan. No es posible que los presos tengan las pailas llenas [con] comidas todos los días y las ollas comunes y los niños de Wasi Mikuna no tengan que comer. Mientras esto no cambie de raíz, nada cambiara”.
Precandidato: Alfonso López-Chau
Partido: Ahora Nación
Propuesta:
“Construir un megapenal para 20.000 internos en cinco años, implementar tres penales productivos vía APP en cuatro años, ampliar en 40 % la capacidad penitenciaria nacional en el periodo de gobierno y reducir en 60 % las comunicaciones criminales desde penales en dos años”.
Precandidata: Fiorella Molinelli
Partido: Fuerza y Libertad
Propuesta:
“Construcción de dos megacomplejos penitenciarios de alta y máxima seguridad, ubicados en terrenos saneados del Estado, lejos de zonas urbanas, con capacidad escalable hasta 20 000 plazas. Intervención integral de los 10 centros penitenciarios más críticos del país: modernización de infraestructura, cerramientos y módulos de alta seguridad. Instalación obligatoria de bloqueadores electrónicos en todos los pabellones de alta peligrosidad”.
Precandidato: Alfredo Barnechea
Partido: Acción Popular
Propuesta:
“Tú tienes el penal de Challapalca, que está a 4,528 m.s.n.m., donde solamente hay 187 reclusos. Si yo soy presidente, voy a hacer una cárcel tipo Bukele de 10,000 [internos]. Vamos a ampliarla [la cárcel de Challapalca] para que sea, igual que Bukele, una cárcel para que vayan todos los grandes sicarios, los extorsionadores, sin comunicaciones”.
