En los 90, Sendero Luminoso convocaba a paros armados para instaurar el terror en Lima. Aquel taxista que se atrevía a salir a trabajar y desafiaba a los delincuentes era sancionado. Han quedado grabadas en nuestra memoria las imágenes de taxistas asesinados y posteriormente quemados.
Ahora las empresas de transporte urbano ya no se enfrentan a los terroristas maoístas, sino a criminales que les exigen el pago de cupos y, si incumplen, los matan a sangre fría, les disparan a mansalva sin importar que una bala perdida impacte a un pasajero. No podemos ni debemos acostumbrarnos a esa realidad.
Los transportistas han dicho: ¡basta ya!, y la paralización de actividades perjudica a miles de trabajadores, que son precisamente aquellos que deben recorrer largas distancias para llegar a sus centros de labores.
La respuesta del Gobierno ha sido, además de la creación de un equipo especial de investigación de la extorsión y el pedido de la creación de una fiscalía especializada en extorsión, declarar el estado de emergencia en 11 distritos de Lima por 60 días.
Los distritos en emergencia son Ate, Villa El Salvador, Puente Piedra, Ancón, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Lurigancho (Chosica), además de Ventanilla en el Callao. Esta medida permite que las Fuerzas Armadas brinden el apoyo necesario a la Policía Nacional del Perú. También se planteó la ampliación del penal de Challapalca I ubicado en la sierra de Tacna.
Otro de los acuerdos comunicados en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros ha sido que se tipifique como terrorismo urbano a los delitos de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Este quizá sea uno de los anuncios más importantes y vale recordar que en el Congreso de la República ya existen proyectos de ley sobre la tipificación del delito de terrorismo urbano.
Se debe tener claro que, más allá del tipo de delito y el incremento de penas que podrían llegar incluso a la cadena perpetua, es importantísimo que se priorice este asunto en el Parlamento, porque actualmente no hay nada más importante que garantizar seguridad a los ciudadanos a merced del crimen organizado.
Es momento de deponer enfrentamientos entre poderes del Estado. El permanente desencuentro entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, por ejemplo, solo afecta a los ciudadanos y a su seguridad. El Legislativo también tiene que estar a la altura de la gravedad de los hechos.
El Perú ya venció al terrorismo en los 90. Podemos hacerlo de nuevo, pero para ello no basta con anuncios, sino que es fundamental un liderazgo claro con objetivos tangibles; de lo contrario, seguiremos lamentando la muerte de peruanos cuyo único delito fue salir a trabajar en el transporte público.
