La costa norte, sobre todo La Libertad, es el principal foco de la extorsión en el país, pero el fenómeno ha ido extendiéndose.
Hace cinco años, entre enero y octubre del 2019, se presentaron 2.910 denuncias por esa razón en todo el Perú. En este 2024, la cifra es de 18.246, casi el séxtuple.
En Lima, el incremento ha sido bastante notorio: el último año antes de la pandemia, en la capital hubo 862 denuncias por extorsión, mientras que este año llegan a 7.535, casi nueve veces más.
En el 2019, del total de denuncias por extorsión, robo y homicidio, el primero de los delitos mencionados representaba apenas el 6%.
Sin embargo, este 2024, las denuncias por extorsión han alcanzado un pico de 15,2%.
El crecimiento más notorio se registró en el 2022 (dio un salto de 6% a 14,3%), precisamente el año en el que mundo empezó a volver a la nueva normalidad después del COVID-19.
En cambio, los robos pasaron de 93,5% antes de la pandemia a 80,6% este año. Asimismo, los homicidios tuvieron un ligero incremento de 3,02% a 4,18% de las denuncias.
“A diferencia del robo, en el cual muchas personas ya ni siquiera denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo, la extorsión es un delito que continúa: es decir, si te extorsionan, es muy probable que no lo hagan una sola vez y que el nivel de violencia aumente si no cumples. A pesar de la desconfianza en la policía, en las personas hay desesperación y eso, en parte, explica el aumento de las denuncias”, comenta César Bazán, investigador en seguridad ciudadana.
Pero el problema es más grave de lo que reflejan las denuncias ante la policía. El más reciente boletín del INEI, efectuado entre mayo y octubre de este año, indica que solo “el 16% de la población urbana de 15 y más años de edad víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia”.
El documento también revela que el 27,5% de peruanos –uno de cada cuatro– afirma que ha sido víctima de un delito. La cifra es mayor (32,3%) entre personas entre los 15 y 29 años.
Durante y después de la pandemia, en el país se incrementaron las transacciones de dinero a través de medios electrónicos: aplicaciones instaladas en el teléfono celular, enlaces de pago, entre otras.
Los extorsionadores actúan en ese infinito espacio virtual y para las autoridades es más difícil dar con ellos.
“La policía no está capacitada para intervenir en el espacio telefónico o virtual. Además, se ha hecho muy frecuente el robo de la información personal, lo cual puede terminar en una extorsión. Medidas como los estados de emergencia no tienen ningún impacto sobre la extorsión, porque no están en el espacio físico”, destaca el exviceministro del Interior Ricardo Valdés.
Finalmente, el investigador en seguridad ciudadana Noam López, de Pulso PUCP, indica que es positivo que los ciudadanos denuncien más, debido a que así se genera más información útil para enfrentar la delincuencia y el crimen en el país.
