“Este proyecto no puede realizarse porque el terreno aún pertenece a la Municipalidad de La Victoria. Queremos que se finalice el proceso de privatización, previsto por ley, para construir nuestro mercado, que será uno de los más modernos de Sudamérica”, señala Willy Cuadros, presidente de la Comisión Transitoria de Administración del Mercado Mayorista N° 2 de Frutas.
A finales de agosto, el Décimo Juzgado Constitucional emitió una resolución ordenando al alcalde de La Victoria continuar con la privatización del Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas, un proceso que comenzó en 1998, es decir, hace más de 20 años. Desde el año 2000, los comerciantes han obtenido tres sentencias favorables del Tribunal Constitucional.
El más moderno de Sudamérica
El ambicioso proyecto que tienen cerca de 900 comerciantes ya está plasmado en una maqueta. El renovado mercado contará con una construcción de seis pisos, 200 estacionamientos y zonas de refrigeración con cámaras de enfriamiento y maduración para evitar la pérdida diaria de toneladas de frutas. Además, se espera que genere cientos de puestos de trabajo. Actualmente, aproximadamente 4.000 personas laboran en este lugar.
“El objetivo es convertirlo en un espacio agradable, seguro, ordenado y limpio, que ofrezca una excelente atención al público. A diario, entre 15.000 y 20.000 personas visitan este mercado, que opera las 24 horas del día. Cerca de 30 camiones llegan diariamente desde diversas partes del Perú a este centro, que abastece los mercados de toda Lima Metropolitana”, afirmó Willy.
Proceso
En una entrevista con El Comercio, Willy Cuadros se refirió al proceso de privatización que permitirá a los comerciantes convertirse en propietarios del mercado. Cuadros destacó que están a la espera de que el alcalde cumpla con sus solicitudes para que este proyecto avance. “Nuestro objetivo es transformar este mercado en el mejor de Sudamérica”, afirmó, añadiendo que la modernización incluirá la creación de estacionamientos y una procesadora de alimentos, facilitando así la diversificación en el sector alimentario.
Respecto a la seguridad y eficiencia del nuevo mercado, Cuadros subrayó que las instalaciones actuales son inadecuadas y que se pierden alrededor de 40 toneladas de frutas diariamente debido a la falta de un espacio adecuado. “Uno de nuestros principales objetivos es mejorar la conservación de los alimentos”, destacó, mencionando que el plazo de construcción proyectado es de un año. Para ello, instó al alcalde de La Victoria a acelerar la privatización y a incluir a los comerciantes y la comunidad en el diseño del nuevo espacio.
En cuanto a los pasos legales necesarios para avanzar en este proceso, Cuadros indicó que están solicitando a la municipalidad que acate la ley y expresó su preocupación por la falta de respuesta del alcalde. “Estamos a la espera de que nos reciba, y si no lo hace, no descartamos emprender acciones legales”, advirtió.
Finalmente, respecto al cronograma de privatización y construcción, Cuadros mencionó que primero es necesario establecer un diálogo con el alcalde para formalizar la transferencia del mercado a los comerciantes. Sin embargo, no hay una fecha estimada para la inauguración del nuevo mercado.
Defensa
Jaime Zegarra, abogado de los comerciantes del Mercado Mayorista N° 2 de Frutas, expone los desafíos legales enfrentados en este prolongado proceso de privatización que comenzó en 1998. Según Zegarra, la municipalidad no ha cumplido con sus responsabilidades, lo que ha llevado a múltiples acciones judiciales. A pesar de haber obtenido sentencias favorables, la privatización aún no se concreta. El abogado sostiene que una vez que el mercado sea propiedad de los comerciantes, estos invertirán en su modernización. “La idea es que, al hacerse dueños, puedan mejorar y optimizar el espacio”, afirmó, subrayando que actualmente no hay inversión por parte de la municipalidad.
La principal resistencia proviene de la administración municipal, que se opone a la privatización. Una vez que los comerciantes obtengan la propiedad, formarán una junta de propietarios para gestionar el mercado. “Queremos que el mercado esté en manos de los comerciantes”, enfatizó Zegarra.
En cuanto al apoyo legal recibido, Zegarra destacó una sentencia del Décimo Juzgado que ordena a la municipalidad firmar el contrato de propiedad a favor de la Asociación de Defensa y Modernización de los Comerciantes, que representa a cerca de 700 comerciantes. “Esto es un paso importante en nuestro camino hacia la privatización”, indicó.
El equipo legal de Zegarra espera una resolución que requiera a la municipalidad cumplir con la suscripción del contrato de transferencia. Ante posibles resistencias de la municipalidad, los comerciantes están considerando realizar una protesta para exigir que el alcalde cumpla con la ley. “Estamos dispuestos a alzar la voz si es necesario”, afirmó Zegarra.
Las implicaciones de no concluir el proceso de privatización son significativas. Zegarra advierte que, si la situación actual persiste, se generarán sobrecostos en los productos alimenticios debido al mantenimiento de la estructura administrativa. “El mercado se encuentra en un estado de abandono en términos de limpieza, y la municipalidad no tiene la capacidad para gestionar adecuadamente la sanidad”, concluyó.
Descargos
En una entrevista con El Comercio, el alcalde de La Victoria Rubén Cano se refirió a los obstáculos que han impedido la finalización del proceso de privatización del Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas. Según el alcalde, la situación es “muy compleja” y ha estado judicializada durante años. Destacó que hay múltiples procesos en curso que dificultan el avance de la privatización, señalando que “para llevar a cabo este proceso, necesitamos un terreno saneado, tanto física como legalmente”. Sin embargo, enfatizó que esto no es posible mientras existan litigios en marcha.
Cano expresó su disposición para buscar soluciones, pero subrayó que aún no hay un mandato judicial claro que permita avanzar. “Mientras no tenga una sentencia definitiva que me indique con quién debo privatizar, no puedo hacer nada”, indicó, resaltando la necesidad de claridad legal para poder proceder con las transacciones.
En relación a la participación de los comerciantes y la comunidad, el alcalde reconoció que el problema lleva más de 20 años sin resolverse. “Estamos a la espera de que se resuelvan las situaciones en el juzgado”, afirmó, reiterando su respeto por las leyes y la voluntad de actuar conforme a lo que disponga el poder judicial. Cano también hizo hincapié en que el mercado actual es “obsoleto” y que hay un interés genuino en avanzar en su modernización.
Sobre las acciones inmediatas para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad alimentaria, el alcalde explicó que la administración del mercado no está a cargo de la municipalidad, sino de una comisión transitoria. “Nosotros respetamos esa estructura”, aclaró, pero reafirmó que hay una fuerte voluntad de resolver la situación lo más pronto posible.
