Tres años después, un escenario de emergencia similar vuelve a ser una posibilidad. El último comunicado del ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y estima una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano de 2027, además, se esperan lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra noroccidental.
El riesgo ya ha sido dimensionado. Las estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ubican a 209 distritos del país en un nivel de riesgo muy alto por inundaciones, donde viven más de 7,9 millones de personas.
El escenario de 2023 fue desolador. Consultorios inundados, equipos afectados y personal de salud que debía continuar atendiendo mientras la propia infraestructura sanitaria sufría los efectos de las lluvias. Según un reporte del Ministerio de Salud (Minsa), durante la temporada 2022-2023, 1.229 establecimientos resultaron afectados, aunque lograron mantenerse operativos, mientras que otros 20 quedaron inoperativos.
La emergencia también dejó consecuencias entre la población: se reportaron 345 personas lesionadas -339 pobladores y seis trabajadores de salud-, 177 fallecidos y 18 desaparecidos. La afectación de establecimientos se extendió por distintas regiones. Piura registró 225 establecimientos del Minsa afectados pero operativos; Lima Metropolitana, 197; Áncash, 160; La Libertad, 145; y Lambayeque, 102.
La mayor parte de los daños alcanzó, además, a la primera línea de atención. De los 1.229 establecimientos afectados, el 93,5% correspondía al primer nivel, precisamente aquel al que la población acude inicialmente para recibir atención.
En el sector Salud, el escenario de riesgo vuelve a concentrarse principalmente en esa primera línea. El plan elaborado por el Minsa para el periodo 2026-2027 identifica 4.393 establecimientos de salud en riesgo inminente, distribuidos en 796 distritos declarados en emergencia. De ellos, 4.294 pertenecen al primer nivel y solo 99 al segundo y tercer nivel.
Atenciones en piscinas, bibliotecas y losas deportivas
De las 20 IPRESS del Minsa que quedaron inoperativas a nivel nacional, 15 se concentraron en Lambayeque, Áncash, Lima Provincias e Ica. Mantener la atención obligó a trasladar los servicios hacia otros establecimientos o habilitar temporalmente espacios fuera de la infraestructura sanitaria.
En Lambayeque, el centro de salud San Antonio, en Chiclayo, trasladó sus atenciones a la piscina municipal José Leonardo Ortiz. En Túcume, donde la inundación estuvo acompañada por el ingreso de aguas servidas tras el colapso del alcantarillado, los servicios pasaron a una biblioteca municipal. En Maravillas se atendió en la vivienda de un promotor de salud, mientras que en Moyán se utilizó la cochera del nuevo local del establecimiento.
La situación se repitió en otras regiones. En Áncash, San Miguel atendió en un local comunal; Cochabamba, en ambientes de la municipalidad; y Chingalpo, en los camerinos de una losa deportiva. En Lima Provincias, Sayán trasladó sus atenciones a una parroquia, mientras que El Valle utilizó inicialmente ambientes de otro establecimiento y posteriormente una losa deportiva. En Ica, El Ingenio trasladó la atención al puesto de salud de Tulín.
Para exministro de Salud Víctor Zamora, estos espacios pueden ser necesarios como una primera respuesta, pero no deberían convertirse en una solución permanente. “Una piscina, una biblioteca o una losa deportiva pueden ser indispensables cuando una inundación o un huaico deja fuera de servicio a un establecimiento. El problema aparece cuando una solución pensada para algunos días se prolonga durante meses o años”, dijo.
Augusto Tarazona Fernández, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa y exdirectivo del Colegio Médico del Perú (CMP), considera que el problema empieza antes de que ocurra la emergencia. “Podemos afirmar categóricamente que no existe una planificación del riesgo”, señaló a El Comercio. Según explicó, una planificación previa debería permitir definir áreas de expansión, lugares hacia donde trasladar las atenciones y contar con infraestructura con mayor capacidad para resistir este tipo de eventos.
El reto de mantener la atención en una emergencia
Frente a este escenario, el Minsa aprobó en septiembre el Plan de Acciones frente a los efectos del Fenómeno El Niño y peligros asociados 2026-2027, que busca garantizar la continuidad de la atención. Entre sus medidas contempla el monitoreo de daños, la movilización de equipos, medicamentos e infraestructura móvil, así como el despliegue de puestos médicos y hospitales de campaña cuando la infraestructura local resulte afectada.
Una de estas herramientas son los Puestos Médicos de Avanzada (PMA). Willington Abraham Mendoza Valladolid, coordinador responsable del Equipo del Hospital de Campaña de la Unidad de Movilización en Salud (UMS) de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), explicó a El Comercio que actualmente el sector cuenta con más de 50 y se encuentra en proceso de adquirir alrededor de 70 adicionales. Estos espacios temporales permiten brindar una primera atención, estabilizar pacientes y derivarlos hacia establecimientos de mayor capacidad. “Antes de que empiece el fenómeno ya tenemos que tener los puestos médicos ubicados estratégicamente”, señaló.
El plan también contempla acciones para reducir la interrupción de los servicios antes y durante una emergencia. Entre ellas figuran trabajos de mantenimiento correctivo de emergencia, asistencia técnica a los equipos regionales para evaluar daños en establecimientos y preparar intervenciones de mantenimiento, además del seguimiento de servicios de telemedicina y de la Línea 113 Salud. En caso de afectación de la infraestructura, el documento prevé además la movilización de brigadas, medicamentos e infraestructura móvil para sostener la atención.
Si varios establecimientos resultan afectados simultáneamente, Mendoza indicó que la respuesta contempla reforzar los establecimientos I-4 y articular con el SAMU el traslado de pacientes hacia hospitales que permanezcan operativos. Para Víctor Zamora, exministro de Salud, la experiencia de la pandemia dejó una lección que debería aplicarse frente a El Niño: la respuesta debe organizarse previamente como una sola red territorial. Recordó que durante la emergencia sanitaria fue necesario crear el Comando COVID para articular a un sistema fragmentado y conocer la capacidad realmente disponible entre los distintos prestadores. “El fenómeno de El Niño exige una conducción semejante: información actualizada, mando operativo y reglas acordadas para movilizar recursos”, sostuvo.
Augusto Tarazona Fernández, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, advirtió que la planificación también debe considerar el aumento de la demanda por enfermedades diarreicas, dengue, leptospirosis y otras afecciones, además de la posibilidad de que el propio personal sanitario resulte afectado. Por ello, señaló que la respuesta requiere prever personal adicional, medicamentos, pruebas diagnósticas y capacidad para trasladar pacientes.
A ello se suma la antigüedad de parte de la infraestructura sanitaria. Mendoza reconoció que existen establecimientos del primer nivel con varias décadas de funcionamiento y que requieren ser reemplazados. “Sí, hay un retraso, como te habrás dado cuenta, de 50 años en el tema de salud”, afirmó.
El plan contempla S/1.450.106 para las actividades programadas entre 2026 y 2027 por el Minsa y el Instituto Nacional de Salud. Zamora advirtió que esta cifra no representa el costo de proteger o recuperar los 4.393 establecimientos identificados en riesgo ni incluye los recursos de gobiernos regionales y otros prestadores. Para el exministro, las medidas de contingencia permiten sostener temporalmente los servicios, pero no sustituyen una respuesta de fondo. “La contingencia sirve para ganar tiempo. No reemplaza la inversión, el mantenimiento ni la reubicación de los establecimientos expuestos”, concluyó.
