Noviembre será un mes especial en el que el foco de atención estará puesto en el foro APEC que se realizará en nuestro país. Al Congreso esta coyuntura le sienta bien, porque distrae los reflectores sobre su accionar. Sin embargo, hay un punto en la agenda parlamentaria que no debemos perder de vista porque podría tener repercusiones en las finanzas públicas del próximo año: la ley de presupuesto 2025.
El pleno tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el dictamen –con anexos incluidos– de la propuesta enviada por el Ejecutivo. Es en estas últimas semanas en las que se intensifican las negociaciones en la sede legislativa para estructurar el denominado anexo 5, una especie de bolsón en el que –ajustando las cifras globales– la Comisión de Presupuesto incluye partidas de obras de gobiernos regionales y locales.
En este Diario ya hemos demostrado el criterio político que se emplea para la inclusión de partidas presupuestales en el referido anexo 5. No es extraño que APP haya buscado la presidencia de esta comisión, teniendo en cuenta que es uno de los partidos con mayor número de autoridades subnacionales en el país. Y las demás bancadas apoyaron que APP presida este grupo a sabiendas de que saben repartir la torta para todos.
Dada la afinidad que existe entre APP y el Gobierno, este último buscará mantener bajo el tapete los negociados del Parlamento. O simplemente mirar hacia un costado. La idea es que todos queden contentos y permanezca esta supervivencia democrática. No es casualidad, entonces, que Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y representante de APP, se muestre reticente a poner a debate las facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el caso del ‘cofre’ que involucra a la presidenta Dina Boluarte.
La última vez que se intentó tener un manejo técnico en el debate presupuestal fue con el exministro de Economía y Finanzas Waldo Mendoza. En la época de Mendoza, se estableció criterios que debían incluir los proyectos de inversión para ser incorporados en el anexo 5. Esta valla permitió depurar la lista de pedidos desmedidos.
Un punto importante para tener en cuenta es que darles presupuesto a autoridades subnacionales sin capacidad de ejecución es un peligro para las finanzas públicas. Estas son las obras que terminan paralizadas. El Congreso ni siquiera es capaz de establecer un criterio de presupuesto por resultados: darles apoyo a los gobernadores que sí ejecutan por encima de los que no son capaces de ejecutar los recursos con los que cuentan.
A falta de dos meses para el cierre del año, solo el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, ha ejecutado más del 80% de su presupuesto para obras. Otros cinco gobernadores superan el 70%. Mientras, nueve gobernadores –entre ellos, César Acuña de La Libertad y de APP– están por debajo del 60%.
El criterio político siempre ha existido en la negociación de la ley presupuestal, pero nunca habíamos estado ante una representación parlamentaria tan ajena a los criterios técnicos de la normativa presupuestal. Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que estamos entrando en terreno electoral.
