El último escándalo político, que derivó en la salida de Ángelo Alfaro del Ministerio de Energía y Minas, ha servido para poner en el centro del debate público una problemática que a diario afecta a, por lo menos, 34 menores de edad en nuestro país, el 92% de ellas niñas, según datos de Unicef y la Defensoría del Pueblo respectivamente.
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Alfaro, quien el domingo presentó su renuncia pocos días después de que una mujer lo denunciara por haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47, ensayó un intento de defensa durante entrevistas con Omar Mariluz, de Cuarto Poder; y Milagros Leyva, en Siempre a las 8 de El Comercio; que se sustenta principalmente en argumentos como haber estado enamorado o que la relación fue consentida.
Este caso contiene una variedad de problemáticas que diariamente afectan a miles de menores de edad en nuestro país. En el 2023, el equipo de EC Data de El Comercio realizó una serie de investigaciones que graficaban perfectamente esta trágica realidad como parte de la campaña “Basta de abuso infantil: Crecer sin miedo es un derecho”.
Como parte de la cobertura especial, este Diario alertó por ejemplo que cada año en promedio 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en el Perú, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea.
También permitió conocer que el delito de violación sexual a menores era el segundo con más prevalencia entre los presos del país, solo por debajo del robo agravado, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Esto, advertía la campaña, llegaba acompañado de una ineficiencia estatal retratada en la inversión de menos del 0,01% del presupuesto en educación para programas contra el bullying y la violencia sexual en colegios, según reveló EC Data.
En dos años el escenario sigue igual de preocupante. Muestra de ello es la escabrosa estadística que reportaron en el 2025 los Centros de Emergencia Mujer, año que cerró con 18.087 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
– Matrimonios infantiles –
En muchos casos, además, el abuso no termina con la agresión sexual en sí, sino que podía derivar en un matrimonio o una unión temprana, otra forma de referirse a una convivencia informal entre el niño o adolescente y un adulto.
Lo más preocupante de ello es que hasta el 2023 existió una brecha legal que permitía que adolescentes desde los 14 años pudieran contraer matrimonio siempre que contaran con el consentimiento de sus padres. Solo entre el 2013 y el 2022, el Reniec había registrado 4.357 matrimonios infantiles, el 98,4% de esos casos se daba entre niñas o adolescentes con hombres adultos.
“Desde un enfoque de derechos, particularmente de los derechos humanos de las mujeres, una relación que se conforma a partir de una asimetría de poder o de una falta de madurez emocional de un lado, y que está además desarrollándose en un escenario de vinculación con la violencia sexual, con la coerción, con la intimidación no es un consentimiento válido. Para que sea válido, un consentimiento tiene que ser libre de coerción, amenaza, escenario de violencia, entre otros. Ahora la ley es clara en eso”, explica a El Comercio la experta en responsable del área de Género y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú (UNFPA) en Perú, Melissa Bustamante.
En noviembre del 2023, con la promulgación de la Ley N° 31945, que establece que las personas menores de 18 años no pueden contraer matrimonio y elimina la excepción para menores que cuenten con la aprobación de sus padres, Reniec implementó una restricción automática que impide generar actas matrimoniales si uno de los contrayentes no cumplía con la barrera etaria.
Sin embargo, en noviembre del 2024 UNFPA en Perú advertía que cada año más de 56 mil niñas y adolescentes se veían forzadas a iniciar uniones tempranas. En la entrevista con Cuarto Poder, Alfaro reconoció haber convivido con su denunciante cuando aún tenía 16 años y que los padres de la menor tenían conocimiento de ello. Cabe resaltar que durante ese periodo ambos tuvieron un hijo que hoy tiene 25 años.
“A lo que debemos apuntar ahora es a que la ley sea una realidad, se operacionalice”, señala Bustamante en referencia a las uniones tempranas. Según la vocera de UNFPA en Perú, para atacar a la raíz de este problema hace falta un trabajo integral, “es decir, a nivel individual, comunitario, familiar pero también desde la respuesta estatal con políticas y servicios”.
“La ruta que nosotros planteamos es invertir en la transformación de las normas sociales de género que legitiman la violencia contra las niñas y las prácticas nocivas como los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. También buscamos que se invierta en el empoderamiento de ellas, en mejorar sus capacidades, sus habilidades para la vida, el ejercicio y conocimiento de su autonomía corporal, de sus derechos, que tengan acceso a la educación integral para la sexualidad acorde a sus necesidades y desarrollo etario. Y también que permanezcan en la escuela”, detalla la experta.
Este desafío se torna especialmente complicado en sectores de las regiones amazónica y andina. Según datos de UNFPA y la Defensoría del Pueblo, Loreto, Amazonas, Ucayali, seguidos de las zonas rurales andinas, son donde más casos de este tipo se registran. No es coincidencia que todas ellas, al mismo tiempo, presenten altas tasas de deserción escolar del país.
Las declaraciones tanto de Alfaro como las del ahora presidente José María Balcázar en el 2023, por otro lado, han estado intencionadas a relacionar esta problemática con “aspectos culturales” propios de dichas regiones.
Sobre este argumento, Bustamante explica que “desde el enfoque de derecho no se puede argumentar la existencia de una práctica cultural si esta afecta los derechos de las niñas o adolescentes. Lo que mas bien debemos buscar es la protección de estas menores y las uniones tempranas nunca serán una vía para ello sino que mas bien las colocará en una situación de riesgo hacia diversas formas de violencia, embarazo adolescente o deserción escolar”.
