“¿Ya decidiste por quién vas a votar?” es la pregunta que más hemos escuchado durante la última semana. Inferimos que a nuestro interlocutor le interesa saber, evidentemente, nuestro voto presidencial. Es normal. La campaña para jefe del Estado consume casi todo el oxígeno político y la capacidad de atención de la población. En un ciclo electoral al que, además, a juzgar por las encuestas, mucha gente no le prestó demasiada atención hasta los últimos días, era mucho pedir que se mirara más allá.
Pero ese error puede ser mayúsculo. Como sabemos, hoy elegimos no solo a los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, sino a todas las cámaras de diputados y de senadores. Y si la historia política de la última década fuera una amable guía, probablemente nos susurraría que tomemos con mayor seriedad el voto por el Congreso bicameral que el voto presidencial.
Habría, sí, algunos motivos para matizar su consejo. Uno de ellos es que –a partir de la reinstauración del Senado– la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” tiene un doble filtro. Debe ser aprobada por mayorías calificadas de al menos dos tercios en ambas cámaras. Esos son 87 diputados y ahora, además, 40 senadores. Es decir, todavía es posible vacar al presidente usando pura fuerza política en el Congreso –como se ha hecho antes–, pero ya no será tan simple. Apenas 21 senadores podrían bloquear cualquier intento de remoción presidencial, caprichoso o no. La protección adicional le da más peso al presidente.
Aun así, el consejo de la historia política reciente no debería ser desoído. ¿Cuánto tiempo se ha invertido escuchando debates presidenciales? ¿Entrevistas en medios de comunicación a candidatos a jefe del Estado? ¿Análisis de hojas de vida de aspirantes a la banda? ¿Discusiones de café o en el taxi? Casi todo ha girado alrededor de eso, y sobre un resultado único que guarda muchísima incertidumbre. En otras palabras, solo una persona de las 35 en contienda será presidente y nadie por ahora sabe quién será.
Al mismo tiempo, sin embargo, parece ya casi inevitable que algunas personas –los primeros de las listas parlamentarias de los partidos con mayor intención de voto– se instalen en tres meses y medio en sus curules. A esos sí los podríamos haber conocido más. Ellos ya van preparando su juramentación de finales de julio y armando su equipo de despacho legislativo. Por eso la atención, más bien, debería estar ahí.
El voto de cada senador, en especial, podría tener un peso enorme sobre las decisiones claves del país. Son, insistimos, solo 60 personas. Además de la mencionada vacancia por incapacidad moral, a ese grupo se les ha concedido, por ejemplo, la responsabilidad de cambiar todo lo que consideren apropiado de las propuestas legislativas que envíe la Cámara de Diputados. Los proyectos de ley modificados por el Senado no regresan a los diputados, como sucede en otros países, sino que pueden enviarse directamente al presidente de la República para su promulgación. El Senado también designa, a propuesta del Ejecutivo, al contralor general, al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de la SBS. Elige directamente al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Algunas decisiones demandan mayoría simple; otras, mayoría absoluta; y una minoría requiere dos tercios de aprobación, pero no es tan exagerado decir que una buena parte del país se puede manejar con 31 personas; el resto se maneja con 41.
En lo que respecta a casi todas las decisiones mayores, es cierto, el nuevo ordenamiento requiere al menos dos tercios de los votos de ambas cámaras. Es el caso, por ejemplo, de la reforma constitucional. La Constitución no contempla directamente la posibilidad de una asamblea constituyente, pero podría bastar ese número de votos para ensayar algo similar, o una ruta como la que equivocadamente intentó Chile en el 2019. De acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, una ley de reforma constitucional no podría ser observada por el Ejecutivo. Este es el riesgo mayor, y no lo puede impulsar ni frenar el Ejecutivo, al que tanta atención le hemos prestado; viene solo del Congreso.
Si se quiere destruir rápidamente las chances del Perú de seguir creciendo sostenidamente durante los próximos años, no hay mejor alternativa que lograr los dos tercios de parlamentarios dispuestos a dar el salto al vacío de una asamblea constituyente. Aun peor: la reforma constitucional también se puede conseguir con la mayoría absoluta de los votos en diputados y senadores más un referéndum. Lamentablemente, algunos de los partidos que tienen buenas posibilidades de superar la valla electoral, como Juntos por el Perú de Roberto Sánchez y el Partido Cívico Obras de Ricardo Belmont, han hablado abiertamente de reemplazar la actual Carta Magna. No es impensable que hoy se queden cerca de conseguir los votos que necesitan, y no hay nada más peligroso que eso, ni siquiera un presidente nefasto.
Las intricadas sumas, márgenes de error, probabilidades y escenarios de segunda vuelta que muchos estamos haciendo para decidir el voto presidencial hoy son, pues, importantes, pero también un asunto de segundo orden comparado con lo que se está jugando aquí. La pregunta que hay que hacerse es qué partidos con posibilidades de pasar la valla electoral en el Congreso defenderán el orden institucional vigente y la Constitución. No nos engañemos: si el presidente Pedro Castillo y sus secuaces no lograron el asalto total al poder fue, precisamente, porque no consiguieron en las elecciones de abril del 2021 una mayoría parlamentaria suficiente que cobije sus delirios. Ese fue el único freno real. No permitamos que esta vez sí lo logren. La amable guía de la historia política ahora nos lo grita: el juego es el Congreso.
