Lo peor que le puede pasar hoy al Perú es que las votaciones presidenciales y parlamentarias de abril y junio acumulen tal déficit de eficiencia, autoridad y garantías electorales, que terminen pareciéndose a las del 2021, cuyos resultados, producto de la vista gorda del Reniec, de la ONPE y del JNE, por poco nos llevan a una dictadura como la de Venezuela, Nicaragua o Cuba.
En efecto, la incursión del partido Perú Libre, saltándose todos los parámetros legales, procesales y constitucionales, encontró en las autoridades electorales del 2021 el camino allanado para que inclusive su plan de desestabilización del sistema democrático pasara oficialmente por el JNE como su ideario. El expresidente Pedro Castillo, en su conducta y propósitos, entre ellos el del fallido golpe de Estado, sigue siendo la expresión más fiel de un sistema electoral que no parece haber mejorado, y que de pronto, ahora, puede perder los pocos filtros de rigor que le quedan, afectar más y por sí mismo sus instancias de autoridad y finalmente facilitar el acceso al poder de personajes venales, capaces de infligir un nuevo y profundo daño político, social y económico al país.
Resulta sorprendente que justo en momentos en que se encienden nuevas alertas sobre cómo alejar al presidente de turno de los negocios con el Estado y cómo alejar al Estado de los negocios en los que quisiera entrar un presidente, el JNE le abre la puerta grande a la postulación presidencial de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, que en instancia previa el jurado electoral especial había declarado improcedente por tratarse de un sentenciado por corrupción.
No se trata de habilitar un simple derecho básico de participación política de quien pasado un largo tiempo supuestamente ha redimido las culpas por las que cumplió condena. Se trata de habilitar una candidatura de quien puede convertirse en presidente de la República, jefe del Estado, comandante supremo de las fuerzas militares y policiales y encarnación de la nación.
El argumento del JNE, de que un sentenciado por corrupción como Mario Vizcarra o cualquier otro sentenciado por violación sexual o terrorismo, puede participar en el proceso electoral, siempre que hayan transcurrido diez años de su condena e inhabilitación, desciende a un nivel jurídico de subordinación timorata al Tribunal Constitucional. Su fallo adolece de la perspectiva mayor y trascendente de considerar una valla de prevención legalmente más elevada para un cargo como la Presidencia de la República, varios de cuyos exocupantes están procesados o cumpliendo carcelería por corrupción, entre ellos Martín Vizcarra, fundador, promotor y propagandista del partido Perú Primero, el mismo del que es candidato su hermano Mario, quien ha prometido nada menos que indultarlo.
A estas alturas sabemos poco o nada de la credibilidad del padrón electoral del Reniec, de cómo se le paseó el alma a la ONPE en las elecciones primarias de Acción Popular, y de por qué el JNE, que un día sacó de carrera a ese partido histórico, acaba luego habilitando la candidatura presidencial de un sentenciado por corrupción.
