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Concebido en la década de 1950 como un ambicioso centro comercial que simbolizaba la modernidad y la bonanza petrolera de Venezuela, El Helicoide terminó convirtiéndose en una cárcel señalada por denuncias de torturas y tratos crueles contra presos políticos durante el chavismo. Ahora, casi dos décadas después del caso emblemático del estudiante Jorge Rojas Riera que llegó al sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó el cierre definitivo de la prisión, en una sentencia histórica que vuelve a poner bajo escrutinio el legado de uno de los mayores símbolos de la represión venezolana.
El Helicoide está ubicado en Caracas y se caracteriza por sus rampas en espiral para el tránsito de vehículos. El proyecto de centro comercial nunca llegó a completarse debido a la inestabilidad política y económica que siguió a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958.
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Tras años de abandono y usos parciales, el edificio pasó a manos de los organismos de seguridad del Estado y, desde 1984, comenzó a albergar dependencias de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), antecesora del actual y temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Un familiar de presos políticos participa en una manifestación para exigir su libertad durante un traslado de prisioneros a las afueras de la cárcel El Helicoide en Caracas, el 3 de junio de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
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Desde entonces, existieron áreas de detención dentro de El Helicoide. Los espacios concebidos para ser locales comerciales y áreas de servicio empezaron a utilizarse como celdas y centros de interrogatorio.
Sin embargo, fue durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y, especialmente, de Nicolás Maduro (2013-2026) cuando se convirtió en el principal símbolo de la represión política en Venezuela y en una de las cárceles más conocidas para presos políticos del país, como opositores, activistas de derechos humanos, militares disidentes y manifestantes.
Organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, aislamiento, hacinamiento, torturas físicas y psicológicas, así como tratos crueles e inhumanos en El Helicoide.
Un preso venezolano grita desde un autobús durante un traslado a las afueras de la prisión El Helicoide en Caracas, el 3 de junio de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
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Hasta la semana pasada, en El Helicoide había más de 70 prisioneros, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Pero este centro de tortura quedó prácticamente vacío el jueves, luego de que los presos fueran trasladados a diferentes prisiones de Venezuela, sin que sus familiares fueran informados.
Dos días antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había dicho ante el Senado de su país que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada». Tras esa declaración recién empezó el traslado.
El emblemático caso del estudiante Jorge Rojas Riera
Una mujer muestra pancartas exigiendo la libertad de los presos políticos mientras la policía custodia el traslado de prisioneros a las afueras de la cárcel El Helicoide, el 3 de junio de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
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Finalmente, el 10 de junio de 2026, la Corte IDH ordenó al Estado Venezolano cerrar el centro de detención. La medida fue adoptada más de 20 años después de la detención del estudiante Jorge Rojas Riera, cuyo caso dio origen a la sentencia histórica.
En setiembre del 2003, Jorge Rojas Riera, entonces de 30 años, fue detenido durante una protesta en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, y trasladado a El Helicoide.
Rojas denunció que en El Helicoide fue interrogado sobre otras personas que participaban de la protesta, y sufrió diversas agresiones, tales como: golpes de puño, patadas, culatazos, le colocaron una soga entre sus manos y lo levantaron, y le colocaron bolsas plásticas para asfixiarlo.
Luego se le inició una investigación por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad.
El 9 de agosto del 2004 fue sentenciado por dichos delitos. El Juzgado condenó a Rojas a una pena de cuatro años, seis meses y quince días de prisión. Tanto su defensa como la Fiscalía apelaron. Ambos recursos fueron declarados sin lugar por la Corte de Apelaciones.
El 12 de junio del 2009, el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su libertad plena.
Sin embargo, las denuncias que hizo Rojas por tortura no avanzaron y terminaron archivadas.
Sin obtener justicia en Venezuela, en el 2007 Rojas llevó sucaso al sistema interamericano, que finalmente 19 años después tomó una decisión.
“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide’”, indicó la Corte IDH.
También dispuso “que el traslado de las personas allí detenidas se efectúe conforme a los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de integridad personal, libertad personal y debido proceso”.
En su sentencia, la Corte IDH dijo que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por restringir la participación del estudiante Jorge Rojas en una protesta pacífica, así como por violar su libertad de pensamiento y expresión y su participación política.
El tribunal también sostuvo que agentes estatales, que no fueron investigados, perpetraron actos de tortura contra Rojas cuando se encontraba bajo la custodia en El Helicoide.
«La sola amenaza de El Helicoide ablandaba a la gente»
Esta imagen muestra El Helicoide en Caracas, el 8 de enero de 2026. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
/ RONALDO SCHEMIDT
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Para el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, la decisión de la Corte IDH tiene una enorme carga simbólica debido al papel que desempeñó este centro de detención durante años en Venezuela.
“El Helicoide ha sido un centro de tortura, un mecanismo, un instrumento del terrorismo de Estado”, afirmó a El Comercio. Según explicó, el recinto se convirtió en un lugar de referencia para la represión política, al punto de que su sola mención era utilizada como una amenaza contra opositores y detenidos.
“Decirle a un preso político que iba a ser llevado a El Helicoide era como mandarlo a la peor cárcel de Venezuela. La sola amenaza de El Helicoide ablandaba a la gente”, sostuvo.
Carrasquero señaló que la gravedad de los abusos denunciados ayuda a explicar la decisión adoptada por la Corte IDH. Según indicó, durante años se acumularon testimonios sobre torturas físicas, psicológicas y sexuales dentro del recinto.
“Había tortura a mujeres y hombres por igual, tortura sexual, violaciones e introducción de objetos en las partes íntimas”, aseguró.
Remarcó que El Helicoide terminó convirtiéndose en un símbolo nacional del miedo y la persecución política. “Traían gente de toda Venezuela. Era el instrumento para decir: si no haces esto, te vamos a llevar a El Helicoide”, comentó.
